Reclusos en Estados Unidos: la población más indefensa e ignorada

Por: Zuria Alejandra Romero Ramírez

Cuando se juntan las palabras “derechos humanos” y “Estados Unidos”, hay algo que simplemente no cuadra. Se jactan de ser un país ejemplar, utilizando la democracia y los derechos humanos como estandarte, pero no hace falta ser especialistas en la materia para darse cuenta de que su discurso termina siendo irónico por todas las acciones que emprende y que son totalmente contrarias a sus principios. O bien, los utiliza como justificación para intervenir en situaciones de otros países, que, evidentemente no le corresponden.

¿Por qué nos afecta el respeto a los derechos humanos en Estados Unidos como mexicanos? Este país ha tenido una influencia importante en más aspectos de los que se perciben a simple vista. En cuanto al derecho, por ejemplo, en el juicio de amparo las figuras del habeas corpus y la revisión judicial, fueron extraídas del derecho anglosajón. Estos instrumentos otorgan una importante protección a los derechos humanos, pues determinan la legalidad de una detención y se analizan las resoluciones emitidas. Además, la estrecha relación que tiene México con Estados Unidos y como resultado, la gran cantidad de mexicanos que reside allá, que para el 2018 equivalía a casi 37 millones, esto representa el 11.3% de la población estadounidense.

A fin de comprender el marco actual de los derechos humanos en Estados Unidos, es preciso revisar un resumen histórico de éstos. En un principio, era un defensor activo, entusiasta y precursor de los derechos humanos. Fue uno de los líderes en la creación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero tiempo después fue desarrollando cierta indiferencia y hasta cierto punto, aversión a los derechos humanos. En la década de los cincuenta, dejó de participar activamente y hasta se oponía a este nuevo sistema de DDHH. Una de las razones de su retirada, fue la guerra fría, ya que, temía ser criticado por su oponente ideológico. Igualmente, tenía sus razones domésticas para resistirse al sistema, pues en esos años había una fuerte discriminación hacia minorías raciales, hasta por medio de sus leyes de segregación racial. El gobierno no quería verse forzado a cambiar la legislación y políticas discriminatorias como resultado de la ratificación de tratados internacionales. Hasta los años sesenta y setenta, firmó mas no ratificó algunos tratados, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Durante la administración de Carter, el respeto a los DDHH tuvo un papel importante en la política exterior, pero fue hasta los noventa cuando ratificó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Así mismo, Estados Unidos se volvió más activo en intervenciones humanitarias para perseguir crímenes de lesa humanidad.

Actualmente, y a diferencia de muchos otros países, sigue sin ratificar la mayoría de los principales tratados de derechos humanos. Su política exterior no siempre respeta los derechos humanos, en realidad es raro cuando los respeta, y el gobierno tampoco protege los derechos humanos clave a nivel nacional, sobre todo los derechos económicos y sociales. De igual modo, se opone a algunas formas de cooperación internacional en derechos humanos, como la Corte Penal Internacional. Aunque ha habido algunas acciones en por de los DDHH, como la incorporación de Estados Unidos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cooperó en la creación y firmó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Ahora bien, para algunas personas, el tema de derechos humanos de los reclusos puede parecer polémico, pero aun después de haber infringido la ley por la comisión de uno o varios delitos, siguen conservando su calidad de personas, por lo tanto, tienen derecho a una vida digna, a pesar de que los reclusorios se encuentren en condiciones tan deplorables.

No obstante, gran parte de la población mundial que, sin estar privada de su libertad, sufre de la vulneración de sus derechos humanos, sin embargo, existen mecanismos para la protección de éstos, como los tratados que se han estado mencionando. Claro, resulta ser más importante lo que suceda en realidad y no lo que quede únicamente en papel, pero precisamente por eso existen los organismos internacionales, los cuales pueden ejercer presión hacia los países para que lleven a cabo las acciones correspondientes para garantizar los derechos a los ciudadanos.

Para entrar en contexto, Estados Unidos es el primer lugar con la mayor tasa de personas en prisión en el mundo, con 2.3 millones de reclusos. El segundo lugar es El Salvador. De acuerdo con el Covid Prison Data, un grupo de académicos expertos en derecho penal y análisis de datos, indica que, en total han resultado positivo en coronavirus 26,049 reclusos y 7,106 empleados de las correccionales.

Una prisión en Marion, Ohio, se ha convertido en la institución más afectada en todo el país, con más del 80% de sus casi 2,500 reclusos y 175 empleados, dando positivo en las pruebas de coronavirus. En todos los centros penitenciarios, las muertes por coronavirus están aumentando, y los administrativos cuentan con pocas opciones, no pueden implementar el distanciamiento adecuado en las celdas y encima, tienen que soportar la escasez de personal médico y equipo de protección personal. Añadiendo que, normalmente operan a niveles muy bajos de higiene y una gran cantidad de reclusos tienen condiciones preexistentes.

En las prisiones de Washington y Kansas, se ha causado una serie de disturbios por la protección inadecuada y lenta respuesta de las autoridades penitenciaras. Mientras que el manejo de las instituciones se ha visto todavía más entorpecido por los contagios de varios oficiales. Incluso, algunos han renunciado debido al poco personal y al riesgo con el que se enfrentan.

Las cárceles ocupan ocho espacios en la compilación de The New York Times de las diez principales instituciones afectadas. Se ha hecho poco a nivel estatal y federal para liberar a quienes no han presentado conductas violentas o cuyas condenas están a punto de ser cumplidas, esto podría disminuir su riesgo de infección.

Los casos sobre los derechos humanos de las personas en prisión han llegado a la Suprema Corte de Estados Unidos. La administración de Trump presentó una solicitud para bloquear el fallo de un juez que ordenó que se tomaran las medidas para proteger a más de 800 reclusos mayores o con mayor riesgo frente al COVID, en la Correccional Federal de Elkton Ohio. El juez requirió que retiraran a los reclusos más vulnerables de la prisión mediante el confinamiento en el hogar, la libertad condicional o el traslado a otra instalación. Así mismo, mencionó que los demandantes: “no están pidiendo al tribunal que arroje a los reclusos a las calles”, que su transferencia a otros medios de confinamiento, “podría lograr el objetivo de proteger a la población vulnerable de Elkton y al mismo tiempo proteger la seguridad pública.”

En este artículo se tomó como referencia Estados Unidos, pero es cierto que hay problemáticas similares o todavía más graves en torno al respeto y garantía de los derechos humanos en las prisiones de otros lugares, desgraciadamente, varios países de Latinoamérica son ejemplos de esto.

A pesar de ser personas privadas de su libertad, siguen teniendo derechos humanos. Sí, han cometido delitos, pero esto no significa que hayan perdido su carácter de persona, por tanto, no se les puede negar su derecho a la salud. Se debe de considerar el estado de emergencia y las situaciones de los centros penitenciarios, que, de hecho, aún sin pandemia, viven en condiciones precarias e insalubres. Existe un fuerte debate y hasta rechazo a la disminución de la población en centros penitenciarios. La aversión que la población en general siente hacia los reclusos lleva a que se dé una deshumanización excesiva. De igual manera, hay que considerar la situación de la sociedad y las razones por las que hay un número tan elevado de personas privadas de la libertad. La gran cantidad de delitos cometidos se debe a las enormes y crecientes desigualdades, la deficiente reinserción social, la falta de oportunidades, entre otras. Es obvio que estos factores no son justificación de los delitos, pero sí son una de las explicaciones, y para resolver un problema, primero hay que entender la raíz éste.

Hay que tener en cuenta que la pandemia, aunque afecta a toda la sociedad, hay grupos más vulnerables que otros, dentro de los cuales, están los reclusos, pues se encuentran con más obstáculos para hacer valer sus derechos.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *