Recursos sin rumbo

-La «danza» del dinero en Michoacán. 

Por: Esteban Patricio M.

La administración del dinero en el gobierno michoacano ha generado una seria problemática con la deuda pública. Pero, a pesar de ello, el cuidado de los recursos parece ser una práctica casi nula y llena de errores, que se hacen evidentes en varias formas.

LA DEUDA GENERADA

Pagos a maestros que se dejaron de hacer, obras infladas, rentas de helicópteros, sueldos de policías que no se pagaban, recursos para la Universidad Michoacana que no llegaban a su destino, son algunas de las varias prácticas que durante los últimos años generaron altos gastos que no pudieron ser solventados por el gobierno michoacano.

Esto le llevó a varios gobernadores a adquirir deuda para poder sostener el funcionamiento del gobierno estatal, pero a costa de acumular una cantidad cada vez mayor, que llegó hasta los 20 mil millones de pesos, que se reportó en octubre de 2020.

La mayor parte están con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), según detalló en esos días el gobernador Alfredo Ramirez Bedolla, quien también explicó que había un quebranto en seguridad pública por casi 12 mil millones de pesos por concepto del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) y otros prestadores de servicios en dicha área.

De toda esta deuda, en los últimos meses se han pagado  2 mil 411 millones de pesos, así lo presumió el pasado 16 de mayo el propio gobierno estatal a través de un comunicado, pero el adeudo aun asciende a más de 17 mil millones de pesos.


APROBANDO OBRAS PARA ‘APANTALLAR’, NO TIENEN DINERO PARA HACERLAS

El pasado 29 de mayo el Congreso del estado aprobó la Ley contra las Adicciones en el Estado de Michoacán, en ella se contemplaron varias novedades para este tema, pero destacó la construcción de 10 centros de atención primaria en adicciones.

El planteamiento luce destacable, pues se trata de unidades públicas que brindarán servicios gratuitos, dirigidos a prevenir y atender el uso y abuso de sustancias adictivas.

La nueva Ley entrará en vigor una vez que sea publicada en el Periódico Oficial del Estado, sin embargo, los legisladores dieron un plazo de seis meses naturales a partir de que se publique la ley, para que se encuentre en funcionamiento.

No obstante, la diputada Daniela de los Santos admitió que no se ha pensado en los recursos para poner en marcha los 10 centros de este tipo, que tienen planeados. Pero, la misma legisladora dijo que confía en que el gobierno estatal pueda resolver la obtención de los recursos para que operen dichos centros.

SECUESTRAN A FUNCIONARIOS POR RECURSOS

Por otra parte, el desorden en la administración del dinero estatal ha generado una tensa situación en la meseta purépecha.

El pasado 30 de mayo se reportó que habitantes de la comunidad de Uruapicho, en el municipio de Paracho, retuvieron a unos cinco funcionarios que se encontraban en la alcaldía, lo hicieron para exigir que se liberen los recursos que les corresponden, a través de la entrega del presupuesto directo. 

A través de un comunicado, el ayuntamiento de Paracho externó lo siguiente: “Con forcejeos, violencia e insultos, comuneros de Urapicho toman instalaciones de la Presidencia Municipal de Paracho y Casa de la Cultura, privando de su libertad a funcionarios públicos locales, esto con la finalidad de exigir más presupuesto del que les corresponde”.

Además la Secretaría de Gobierno del estado expuso que el Ayuntamiento de Paracho, “firmó desde el 13 de enero del 2019 la entrega del presupuesto directo con el Ayuntamiento, en cumplimiento a lo determinado por los comuneros en asamblea” y los recursos que se le asignan a la localidad corresponden a 6.1 millones de pesos de manera anual, los cuales se han asignado en tiempo y forma.

Fue hasta el 1 de junio cuando los comuneros finalmente liberaron a los funcionarios bajo el acuerdo de que el gobierno local ejecutará obras para mejorar la red de agua, así como otras acciones con presupuesto extraordinario por una suma no determinada.

LOS ALBERGUES, SIN RECURSO POR UNA TOMA

El pasado miércoles 1 de junio se difundió que la toma de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), por parte de una fracción sindical docente, está afectando a casi dos mil 800 menores.

Esto debido a que el edificio central de la dependencia se encuentra bloqueado y no permiten el paso a dicha área, lo cual afecta trámites y procesos,.como es el último pago a los directores de los 51 albergues y casas escuela que hay en la entidad.

“No han podido ser entregados (los recursos), ya que documentos y equipo necesario se encuentran en las oficinas tomadas por los sindicalizados”, refirió la Secretaría en un comunicado.

PRESUNTOS DELINCUENTES RECIBEN MÁS RECURSOS QUE VÍCTIMAS

En el 2022 no se rompió una tendencia en la asignación de los recursos: dar más dinero a la atención y defensa de presuntos delincuentes que para atender a las víctimas de delitos.

El presupuesto que aprobó el Congreso del Estado para el Instituto de Defensoría Pública del Estado, fue de 102.1 millones de pesos para el 2022, mientras que a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas se le designó un monto de 49.9 millones de pesos.

Al comparar con lo que se les había asignado en 2021, a la Comisión de Víctimas se le dio la misma cantidad en 2022, mientras que la Defensoría sí registró incremento del año pasado a este por más de cinco millones de pesos.

​El manejo de dinero en los gobiernos michoacanos dejan dudas sobre si algún día se eliminarán los adeudos que ya tienen el gobierno estatal y el futuro financiero queda en incertidumbre.

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