Respeto y justicia para mujeres todavía es reto para los gobiernos en Michoacán

A pesar de los esfuerzos y recursos, que presumen se aplican por parte de los tres niveles de gobierno en Michoacán, el respeto y justicia a las mujeres todavía se postula como un reto para ayuntamientos, gobierno estatal y gobierno federal.

Hechos recientes delatan esta situación en diferentes formas y ha obligado que se voltee a ver a Michoacán por sus deficiencias en los temas.

LA IMPUNIDAD POLICÍACA

Primero en redes sociales y después en los titulares de los más importantes medios de comunicación a nivel nacional, el pasado 21 de agosto, el nombre de Morelia recorrió la red mundial, debido a que una periodista michoacana, de nombre Mitzi Torres Quintero, denunció mediante un video que fue golpeado y detenido por elementos de la Policía Municipal de Morelia, después de que llamó a números de emergencia para pedir ayuda, por un intento de violación.

En el video, que circuló por redes, la periodista con visibles golpes en el rostro narró que fue víctima de un intento de violación y al solicitar ayuda a la policía local arribaron sus elementos y lejos de auxiliarla la detuvieron, la subieron a una patrulla y cuando mencionó que era periodista, la empezaron a agredir.

«Se inició maltrato físico y psicológico en mi contra cuestionando mi vestimenta, diciéndome que me sentía muy influyente, pero que mi profesión no me iba a servir, propinándome diversos golpes en la cara».

Luego de eso, los policías la llevaron a la cárcel preventiva, donde fue víctima de burlas por su vestimenta y su profesión, además de su forma de ser. «Se me trató con muchos daños, no tuve derecho a una audiencia inmediata, el médico no quiso legitimar que tenía lesiones visibles. Se me trató de loca». Incluso, una vez que tuvo la audiencia con una Juez Cívico, esta negó que hubiera golpes.

Sobre el tema, el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, negó rotundamente que se hubiera cometido el acto de violencia contra la periodista. Afirmó tener videos para comprobarlo, que serían mostrados al público, aun cuando el acto podría constituir una violación al debido proceso.

El caso generó manifestaciones en las calles para exigir justicia para la periodista. Pero, para el 18 de septiembre, la Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que formuló imputaciones en contra de tres servidores públicos municipales, por su posible relación en el delito de abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público y lesiones.

«Durante los actos de investigación que se llevaron a cabo bajo los protocolos de atención con perspectiva de género, se obtuvieron datos que permiten establecer que se cometió un hecho que la ley señala como delito, el ejercicio ilícito del servicio público. Además de que existe la posibilidad de que los servidores públicos participaron en su comisión», expuso la dependencia estatal.

Pero, finalmente, el pasado 24 de septiembre una Jueza de Control decidió no vincular a proceso a los 3 oficiales de Policía de Morelia inmiscuidos, pues estimó que el Ministerio Público no aportó las pruebas suficientes para establecer la vinculación a proceso de alguno de los tres imputados; por lo que, a su criterio, los señalamientos jurídicos no se pudieron sostener, a no existir indicios razonables.

No obstante, el caso sigue abierto y seguramente habrá novedades, pero hasta el momento la polémica continúa por esta situación con los policías locales morelianos y las instancias de procuración de justicia estatales.

SABEN DEL PENDIENTE EN EL ESTADO

A nivel estatal, recientemente integrantes del Congreso del Estado le mencionaron al gobernador, en su cuarto informe de gobierno, la tarea pendiente en seguridad y justicia para mujeres en Michoacán.

A nombre de la representación parlamentaria, Miriam Tinoco Soto manifestó en tribuna que, «no podemos dejar de señalar que necesitamos un gobierno consciente del peligro que viven sus habitantes día a día, de ser víctimas, en especial de las mujeres a ser asesinadas o violadas, del peligro que implica transitar en carreteras, o hasta al interior de su hogar, que sienta, piense, presupueste y ejecute en consecuencia. Nos parece un debate inútil el que implica saber si es materia federal, estatal o municipal. Nos interesa que en los informes y en su ejercicio existan soluciones comunes a los problemas de todos”.

FEDERACIÓN SE QUEDÓ CORTA EN DINERO Y LE PIDEN «MANO DURA»

También, el pasado 24 de septiembre, la titular de la Secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo Para las Mujeres (Seimujer), Nuria Gabriela Hernández, señaló que son insuficientes los 15 millones de pesos que, desde el nivel federal, se asignaron para la alerta de violencia de género contra las mujeres en Michoacán, ya que se requiere llevar a cabo diferentes actividades de prevención en los 14 municipios donde prevalece dicha alerta, además de las capacitaciones a policías municipales, jueces, transportistas, trabajadores de ministerios públicos y funcionarios estatales.

Admitió que, a pesar de que Michoacán es de las entidades qué más recursos recibirá, por parte de la federación, para los 14 municipios con alerta de género, consideró insuficiente el subsidio.

Pero, además de esta situación, las críticas están sobre el gobierno federal, específicamente por el caso de José Manuel Mireles Valverde.

Desde inicios de agosto, de este año, el ex autodefensa fue nombrado como subdelegado médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). La polémica llegó al michoacano cuando, el 4 de septiembre, en un evento oficial, Mireles Valverde se refirió a las concubinas de derechohabientes del instituto llamándoles «pirujas».

La referencia desató fuertes críticas en contra del ex autodefensa y la exigencia de sanciones por parte de grupos defensores de derechos de las mujeres; sin embargo, no ha pasado de una llamada de atención hacia el funcionario. A pesar de ello el congreso del estado ha insistido en una investigación e incluso destitución de su cargo.

En esta forma, tanto gobierno municipal, como Estatal y federal, mantienen un pendiente con las mujeres michoacanas, en materia de justicia y derechos.

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