Revés al virreinato

En 2014, dos meses después de que Alfredo Castillo Cervantes fuera nombrado Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, se inició el despido de elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Ministerial; al finalizar junio, habían sido aproximadamente 380 los elementos que fueron dados de baja, con el argumento de que no habían aprobado los exámenes de control y confianza.

A los primeros cien despedidos se les ofertó una indemnización de 12 mil pesos, cantidad que en muchos casos no significaba ni la mitad de lo que por ley le correspondía a varios de los elementos.

El resultado fue una oleada de acusaciones, manifestaciones, señalamientos, declaraciones encontradas, que permanecieron durante toda la estancia de Alfredo Castillo como Comisionado, además de que se volvieron un tema incómodo para Fausto Vallejo Figueroa y quien sería su sucesor: Salvador Jara Guerrero.

Pese a que numerosos elementos mostraron documentación que les acreditaba haber aprobado los exámenes, la disposición de las autoridades estatales continuó y se llegó a declarar, por parte del entonces Secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellano Becerra, que los despedidos «no podrán realizar labores de seguridad pública ni privada”.

Varios plantones a las afueras de palacio de gobierno y el Congreso del Estado (en Morelia), fueron protagonizados por los ex policías, algunos con duración mayor a los 50 días. Actos de intimidación y persecución se intentaron por parte de las autoridades hacia estos ex policías.

No suficiente con la indiferencia de autoridades e incluso persecución, posteriormente los ex policías descubrieron que en el periodo de abril a septiembre de 2014 se habían cobrado cheques de pago de un 90 por ciento de los elementos que habían sido supuestamente despedidos, lo que se traduce en cerca de 6 a 8.4 millones de pesos que fueron pagados, “quien sabe a quién”, muy probablemente con el uso de firmas apócrifas, detallaron policías.

“Ellos se imaginaban que nunca nos íbamos a organizar y que podrían llamar a cada persona y amenazarla (…) a muchos compañeros que no estaban en el movimiento les aplicaron esa, los llevaban al sótano de la Secretaría y los amenazaban con meterlos al bote o sembrarles algo si no firmaban la baja”, narró Marco Antonio Barrera Carbajal, uno de los ex policías.

Tras descubrir el hecho, hicieron del conocimiento de estas situaciones al Tribunal Administrativo del estado de Michoacán; incluso hubo movilizaciones en el lugar, para que el organismo requiriera la inspección ocular de las nóminas a la Secretaría de Finanzas, sin que hubiera inmediata respuesta.

                                                                           La contraparte

Mientras los ex policías pugnaban por sus empleos o siquiera las indemnizaciones justas, el panorama para el Comisionado Alfredo Castillo Cervantes fue mucho muy diferente.

El ahora titular de la Comisión Nacional del Deporte ostentó el cargo, sin precedentes en Michoacán, que le hizo acreedor al apodo de “el virrey”,  entre el 16 de enero de 2014 y el 31 de enero de 2015.

Mientras los ex uniformados, proveedores, ejecutores de obras, terceros no institucionales y hasta presidentes municipales, ejercían manifestaciones constantes para intentar el cobro de adeudos en la Secretaría de Finanzas y Administración, el Comisionado recibía montos alejados de lo modesto.

Del 16 de enero de 2014 al 31 de diciembre del mismo año, Castillo Cervantes recibió 272 mil 172.57 por concepto de salario base y un millón 966 mil 973.34 pesos como compensación garantizada.

Su sueldo base era de  23 mil 667.18 pesos y además percibía una compensación garantizada por 171 mil 041.16 pesos.

De esta manera se concluye que Alfredo Castillo Cervantes cobró dos millones 433 mil 854.25 pesos por concepto de sueldo base y compensación garantizada, según información de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Gobernación federal.

                                                                   El inesperado giro

Casi dos años después de que se iniciaran las bajas de los elementos policiacos, el caso dio un giro inesperado, pues el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán falló en favor de los ex policías.

A inicios del presente mes, la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Ángeles Nazares,  dio a conocer que los 400  policías que fueron retirados de sus cargos en 2014 serán indemnizados.

Los recursos que esta dependencia contemplaba para la  adquisición de tecnología,  equipamiento y uniformes tenían que redirigirse y ser destinados a este pago, aunque inicialmente no se habían publicado los montos a pagar a los elementos policiacos, posteriormente se detalló que el total a pagar es de 20 millones de pesos.

Fue el titular del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, Arturo Bucio Ibarra, quien detalló el monto, además especificó que las acciones legales de los ex policías se fundamentaron en que se les despidió de manera verbal o no se respetó la garantía de audiencia para conocer los motivos de la suspensión, indicó el Magistrado.

El juzgador reveló que cerca de 600 casos de policías despedidos habían sido atendidos por el organismo a su cargo y estos habían creado una sobrecarga de trabajo que había impedido resoluciones inmediatas.

También detalló que el 80 por ciento de los quejosos habían obtenido resoluciones a su favor por sobre argumentos de las autoridades, debido a las irregularidades en el proceso de despido, sin embargo, aún no se han cubierto los adeudos generados.

Esta omisión, en el pago de las indemnizaciones, podría llevar ahora a las bajas de personal, tanto de la Secretaría de Seguridad Pública como de la Procuraduría General de Justicia, así lo señaló el propio Bucio Ibarra ante medios el pasado 10 de mayo.

Detalló que se han aplicado multas a quienes han omitido las resoluciones del Tribunal para que se indemnice a los ex colaboradores de las dos dependencias, pero de continuar la misma tónica se podría dictaminar su separación del cargo.

                                                                            Ni unos ni otros

El gobierno estatal no logra tener buena relación, establecer un fin de relación, ni con sus ex policías, como ya se expuso, pero además sus elementos que reemplazaron a los despedidos, púes estos resultaron reprobados.

Como se expuso en El Despertar, el pasado 19 de enero, la Asociación Civil “Causa en Común” dio a conocer los resultados de su Semáforo del Desarrollo Policial 2015. Un informe en el que se evalúa la calidad de las 32 policías estatales del país y la michoacana resultó entre las peor evaluadas de 2015 a nivel nacional.

Además se debe resaltar que algunos municipios quedaron seriamente mermados en sus fuerzas policiales por aquellos despidos, tal es el caso de Morelia, una ciudad que no tiene ni la mitad de los policías que se requieren y que apenas ha iniciado el reclutamiento y capacitación de sus nuevos elementos.

 

Las acciones emprendidas por Castillo Cervantes con la policía michoacana, encuadran perfectamente en aquel viejo proverbio popular que reza: “Salió peor el remedio que la enfermedad”. Mientras tanto el ex Comisionado continúa tranquilamente en sus labores en la Comisión Nacional del Deporte y mientras el gobierno estatal lidia con la “papa caliente” que dejó.

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