SE EMPRENDEN ACCIONES CONTRA QUIENES SAQUEARON AL ESTADO

Las irregularidades del gobierno de Salvador Jara Guerrero, que parecía que iban a quedarse en el olvido, dentro de un simple archivero, han generado ya secuelas para los ex funcionarios de aquellos años y mientras tanto, la federación le “lee la cartilla” al gobierno estatal actual con hallazgos de irregularidades.

“Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”, reza el viejo dicho que refiere que, cuando las malas consecuencias de los actos de otros llegaron, es momento de tomar medidas ante hechos similares que se cometen, y parece que eso tendrá que hacer la administración estatal actual.

LAS “REGADITAS” QUE LLEVAN A LA CÁRCEL

Varias veces se abordó en este espacio, de El Despertar, las observaciones que los órganos auditores del estado y la federación hicieron a las finanzas de Salvador Jara Guerrero, como gobernador del Estado, que eran maquiladas por Miguel López Miranda.

Pero, además de esas inconsistencias en las cuentas públicas, otras acciones también llevaron a López Miranda a ser revisado, y se trata de la cesión onerosa de derechos del Fideicomiso de Patrimonio del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán.

Pues en su carácter de Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y fideicomitente del mencionado organismo administrador, sin tener autorización de la Junta de Gobierno del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán y sin que se elaborara un expediente técnico, ni mediara avalúo actualizado, el cual determinara el valor real de lo cedido, permitió, autorizó y firmó la cesión de derechos del referido Fideicomiso.

Tras esa acción, López Miranda recibió a cambio la cantidad de setenta millones setenta mil pesos ($70,070,000.00 M.N.) por parte del Corporativo Tres Marías, S.A.P.I.B. de C.V. provocando así un detrimento económico al patrimonio del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán, por un total de mil ciento cuarenta y cuatro millones, treinta mil pesos.

Esto se había dado a conocer por la resolución administrativa del 17 de enero de 2017, dictada por la Titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán, pero López Miranda intentó defenderse mediante un amparo federal.

En marzo del 2019 la justicia federal negó el amparo directo a Miguel López Miranda, por lo que se confirmó la sanción impuesta de ocho años de inhabilitación y sanción económica por 572 millones 15 mil pesos.

Ahora el ex Secretario tiene un pie en la cárcel si no paga con bienes o recursos propios la multa de 572 millones 15 mil pesos, impuesta por la Secretaría de Contraloría de Michoacán (Secoem).

El Contralor de Michoacán, Francisco Huergo Maurín, explicó que López Miranda tendrá que poner los bienes y los recursos de lo que se le está exigiendo y en caso de que no se cubra, la Contraloría tiene la posibilidad de actuar de forma penal.

El ex Secretario pidió un recurso de revisión de aquel amparo negado en marzo de 2019 y sólo se espera una resolución que probablemente sea negativa, para ejecutar el cobro a López Miranda.

El ex funcionario sólo ha explicado que: “Yo siempre he planteado que hicimos el procedimiento adecuado. Existe inclusive, porque sí lo solicitó el Instituto de la Vivienda del Estado de Michoacán, un libro blanco de esa operación en su momento. Porque sabíamos que podría tener alguna repercusión y en ese libro blanco del autor independiente, planteamos la circunstancia de cómo llegamos a esos valores que ahí se manejaron, nosotros quedamos satisfechos con esa operación”.

HASTA EN EDUCACIÓN

Otro que ha recibido las secuelas de sus actos pasados, fue Israel Barrios Hernández, quien fuera delegado administrativo de la Secretaría de Educación del Estado en 2014, en el periodo de Salvador Jara Guerrero como gobernador, y fue requerido por la Auditoría Superior de la Federación, para que aclare múltiples irregularidades durante su gestión.

El pasado 11 de julio, en el Diario Oficial de la Federación, fue publicado un edicto en el que se cita personalmente a Barrios Hernández, el 31 de julio, a las audiencias, por casos detectados que se vinculan principalmente a pagos irregulares, dentro del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 2014.

Son seis los procedimientos que la Auditoría Superior de la Federación persigue contra Barrios Hernández, para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias. Esto debido a la falta de solventación o aclaración de los pliegos de observaciones por parte del exfuncionario.

LOS PECADITOS ESTATALES YA ATRASADOS

La Fiscalización del Gasto Federalizado Programable en la Cuenta Pública, correspondiente al año 2017, revisa los recursos que la federación otorgó a los estados de la república y este revela que en ese año el gobierno de la república transfirió 67 millones 208 mil 700 a Michoacán, que lo convirtió en el octavo estado que recibió más recursos del gobierno federal.

Pero, también cuando fue revisado, el fin que tuvieron dichos recursos se encontraron que, a nivel nacional, siete entidades federativas concentraron el 59.4% del monto total observado; es decir, con probables malos manejos de dinero.

Entre esos estados se menciona al Estado de México, que tiene el 19.0% de las irregularidades; Michoacán el 14.3%; Coahuila el 7.2%; Tamaulipas el 4.9%; Oaxaca el 4.8% y Veracruz y Puebla el 4.6%, en cada caso.

Pero, además de esto, en el informe “Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018”, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el gobierno de Michoacán recibió mil 16 millones 623 mil pesos, correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018.

El FAM tiene como principal objetivo contribuir al financiamiento de los programas de asistencia social en materia alimentaria para personas en situación de desamparo y vulnerabilidad social. Pero el gobierno de Michoacán al gastar ese dinero generó un probable daño a la hacienda pública federal, por 176 millones 254 mil 453.21 pesos en recursos.

Estas irregularidades se deben a que se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el gobierno del estado no reportó con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información remitida del cuarto trimestre del formato de avance financiero.

                Así es como las ejecuciones de llamados y hasta probables encarcelamientos de exfuncionarios dan advertencia de lo que podría pasar a los actuales responsables de las arcas estatales en caso de que los “pecaditos” sigan su curso, ¿o no?.

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