Seguridad ¿‘de Guatemala a Guatepeor’?

Nuevamente un material audiovisual genera toda una vorágine en Michoacán, a un grado tal que hubo nuevos cambios al interior de la Secretaría de Seguridad Pública del estado. La dependencia que de por si tiene una amplia deuda con los michoacanos, y el futuro no es claro, pues mientras al anterior titular lo llevó a renunciar una acusación de tortura, al nuevo encargado de la dependencia, además de sus antecedentes como uno de los aliados de Alfredo “el virrey” Castillo, también tiene acusaciones de tortura en su contra.

Terremoto audiovisual

Desde el pasado 7 de junio, se publicó en YouTube un video que muestra a uno de los detenidos por el caso Ayotzinapa, siendo interrogado maniatado, sentado y con los ojos vendados, a quien le colocan una bolsa en la cabeza para exigir una respuesta.

El video, titulado La Verdad Histórica Ayotzinapa de Carlos Gómez Arrieta (quien era jefe de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República en aquel lejano 2014), lo cual podría demostrar que la investigación del caso Ayotzinapa estuvo afectada por torturas.

Ese video se subió en la cuenta «Verda siempre», es el único video de la cuenta.

¿A dónde crees qué se los llevaron, los que según dices tú ministeriales? Cuestiona el uniformado, que fue identificado como Carlos Gómez Arrieta, entonces encargado de la Policía Federal. -Ahí a Mezcala-, respondió el detenido.

Un total de 129 personas fueron imputadas en relación a la desaparición de los estudiantes, de las cuales, ONU DH analizó la información de 63 detenidos, entre expedientes judiciales y fichas médicas que revelaron numerosas lesiones.

El informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, concluyó que al menos 34 de esas personas habrían sufrido torturas, entre ellos, Carlos Canto, como lo evidencia el video.

Salida obligada

Tras difundirse en medios la existencia de este material, Carlos Gómez Arrieta, quien llevaba tres años como subsecretario de Seguridad en Michoacán, renunció a su cargo después de ser señalado de haber torturado a un detenido por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, informó este sábado la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

«Ante los hechos públicos denunciados en medios de comunicación, Carlos Gómez Arrieta decidió separarse del cargo de Subsecretario de esta dependencia, a fin de facilitar y atender las investigaciones que se deriven», publicó la dependencia en su cuenta de Twitter.

La periodista Denise Maerker presentó el audiovisual que muestra a Carlos Canto siendo interrogado y torturado por presuntos elementos de la Policía Federal Ministerial de la entonces Procuraduría General de la República.

El sábado 22 de abril, el diario El País informó que la comisión presidencial que investiga el caso de Ayotzinapa realizó un peritaje de la voz que aparece en el video. El análisis concluyó que esa pertenece a Gómez Arrieta. No había otra opción para el funcionario estatal.

Silencio

El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Martín Godoy Castro, evitó formular algún comentario respecto a todo el caso y se limitó calificar de “valiente” la decisión de Arrieta.

“Es una decisión que tomó el maestro Arrieta, de separarse del cargo para dar frente a este caso. No hay mayor comentario, porque al final del día son hechos que no ocurrieron aquí en el estado, ni en este periodo de la administración”.

El oscuro paso

Después de casi cuatro años de Carlos Gómez Arrieta como subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, quedarán los cuestionamientos que hubo sobre él por diversos incidentes, donde se acusa que la Policía Michoacán actuó con excesivo uso de la fuerza pública.

Entre esos hechos destaca enfrentamiento entre Policía Michoacán y comuneros indígenas de Arantepacua, ocurrido el 4 de abril de 2017, mismo que arrojó cuatro civiles fallecidos.

De estas muertes, la comunidad de Arantepacua culpó al gobierno de Michoacán, pero principalmente al subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Gómez, pues aseguraban que la irrupción policial en la comunidad y el atentado contra los habitantes habían sido ordenados por él.

También resalta el fallecimiento de dos asaltantes detenidos luego de participar en un robo a una reconocida joyería de Morelia, en marzo de 2017.

Los dos hombres capturados por su responsabilidad en el robo, fallecieron durante su traslado al Ministerio Público.

Sobre ese caso, la SSP informó que, durante el trayecto a bordo de una patrulla, a la altura de Casa de Gobierno, uno de los detenidos se lanzó de la camioneta y fue atropellado por otro vehículo particular que circulaba detrás del convoy policial.

Pero, además, en el percance, dijo la SSP, la unidad policial frenó y el segundo detenido sufrió un golpe en la cabeza, que también fue mortal.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos consideró que la muerte de los dos ladrones se trató de ejecuciones extrajudiciales; sin embargo, la otrora Procuraduría General de Justicia del Estado no indagó el extraño fallecimiento de los detenidos.

Sucesor con mismo historial.

A la salida de Gómez Arrieta se dio a conocer que sería               Ricardo Delgado Castellanos el nuevo encargado de la dependencia.

Pero resulta que este personaje es parte del llamado grupo de “chilangos”, personajes de las áreas de Seguridad Pública y Procuración de Justicia que llegaron a Michoacán durante la época del comisionado Alfredo Castillo.

El funcionario es un viejo conocido del secretario de seguridad, José Martín Godoy Castro, quien fue su jefe cuando era procurador y Ricardo era titular de la Agencia de Investigación y Análisis de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Además de que participó en actos de tortura en contra de integrantes del ayuntamiento de Múgica, en el año de 2014, según consta en la recomendación 004/2019 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).}

En ese documento se narra como el ahora sub secretario Ricardo Delgado Castellanos, junto con los elementos de la entonces Procuraduría General de Michoacán, Marco Antonio Villanueva López, Félix Hernández Hernández, Arturo Ramírez Flores y Ernesto Emicente Francisco, golpearon, encañonaron, privaron de su libertad y torturaron a por lo menos cinco personas de una misma familia.

Del documento resultó una recomendación de la CEDH, pero horas después de que se difundió, la Secretaría de Seguridad Pública desmintió esta versión, al indicar que sólo se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de un secuestrador.

Incluso, Martin Godoy Castro indicó en una entrevista que, “el que te recomienden, no significa que esté acreditado el hecho”.

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