¿Será la hora del revés de Mireles?

A poco más de cuatro años de aquel sábado 27 de junio, cuando fue detenido el fundador de las autodefensas de Tepalcatepec, José Manuel Mireles Valverde, las autoridades judiciales pusieron punto final a su caso. Ahora podría venir su revés contra los que siempre señaló como sus perseguidores, pero finalmente con este caso se da una fotografía de la realidad del sistema de justicia mexicano.
EL INICIO Y OCASO DE UNA LUCHA
“Estamos aquí, en una de las posiciones desde las cuales estamos vigilando la tranquilidad de nuestro municipio y de que los miembros de la delincuencia organizada, de cualquier cartel que se trate, no vuelvan a invadir nuestra vida, nuestra propiedad, ni nuestra familia”, exclamaba ante cámaras un sujeto de rostro delgado, con los pómulos marcados, pelo platinado y bigote, que se presentaba como José Manuel Mireles Valverde.
Las palabras las emitió en una de sus primeras entrevistas, en la cual detalló el origen del movimiento que encabezaría. Ahí explicó que llevaban 12 años de disputa entre carteles por la Tierra Caliente del estado.
El territorio trató de ser apoderado primero por los zetas, después la familia michoacana y luego los caballeros templarios, estos últimos ofertaron proteger a la población civil y solo tratar con los narcos y ejercer sus acciones violentas sobre ellos, lo cual habían cumplido en un principio.
“El problema empezó cuando a raíz de tantas ejecuciones de los narcos, los que no murieron mejor decidieron abandonar el país y como ya no había narcotraficantes a quien pudieran explotar y de quien mantenerse, empezaron a explotar a la comunidad”, y ante esto, “ninguna autoridad pudo desempeñar su función (…) porque eran parte de esos carteles”.
Los señalamientos fueron para las autoridades policiacas estatales, federales y municipales, así como a las ministeriales y otras más, como inmiscuidas con las organizaciones criminales. Mireles Valverde acusó hasta a los mandos militares, “hasta allá está el crimen organizado, hasta la Secretaría de la Defensa Nacional” y es que a los cuerpos castrenses, después de cuatro meses de surgir el movimiento, “los mandaron a desarmar al pueblo que se había defendido”.
En los meses posteriores, la expansión de las autodefensas fue constante, pues desde aquella zona limítrofe con el estado de Jalisco se llegó hasta Pátzcuaro, y se tenía por objetivo llegar hasta Morelia, para también expulsar al crimen organizado de la capital michoacana.
Pero en ese camino, las diferencias entre algunos de los líderes del movimiento, y la infiltración de elementos por parte del crimen organizado, fueron mermando el orden y fuerza de esta causa.
También los señalamientos de las autoridades estatales, en cabezadas en ese entonces por Fausto vallejo Figueroa y Jesús Reyna García, sobre la ilegalidad de los grupos, se mantuvieron con el apoyo del gobierno federal, mediante la figura del Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral del estado, Alfredo Castillo Cervantes.
Finalmente, para mayo de 2014, se había logrado quitar las armas a los grupos de autodefensa y se convirtieron en la “Fuerza Rural”.
LA DETENCIÓN
En los inicios de mayo de 2014, se destituyó a Mireles como vocero del Consejo General de Autodefensas, bajo el argumento de que sus acciones eran de riesgo para el movimiento. “El doctor” (como también se le conoce), negó la destitución, pues ya hasta había desconocido la figura del Comisionado Castillo y llamó a la conformación de un Movimiento Nacional de Autodefensas.
Poco después de eso se concretó el desarme delas autodefensas, y “casualmente” ese día se daba a conocer que a Mireles Valverde (quien se oponía al desarme), se le investigaba por la muerte de cinco personas, que había ocurrido dos semanas atrás. El doctor obtendría un amparo para evitar ser llamado a comparecer, pues no se tenía claro el panorama de las supuestas investigaciones anunciadas.
El 22 de mayo de 2014, intentó añadirse a la Fuerza Rural Estatal, pero la posibilidad se le negó bajo el argumento de su anterior expulsión del consejo General de Autodefensas, aunque otras versiones apuntaban a que había decidido no registrarse, porque “para mí todo esto es un teatro”.
Un mes después, el 27 de junio, a solo siete días de que Fausto Vallejo “renunciara” a la gubernatura y bajo un ambiente de zozobra, en la tenencia de La Mira, en el Municipio de Lázaro Cárdenas, elementos de la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a Mireles Valverde bajo la acusación de delitos de Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos agravada, así como el delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de sustancias prohibidas. La detención se dio luego de que el médico anunciara que esta tarde conformarían el Consejo Ciudadano de Autodefensas en esa Tenencia de La Mira, donde intentaron levantar al pueblo en armas.
CASI TRES AÑOS
La constante, durante los casi tres años que Mireles pasó en la cárcel, fueron las irregularidades en el proceso jurídico. Basta recordar que en su detención el argumento eran violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos al doctor y a sus escoltas en la tenencia de La Mira, sin que hubiera una orden de aprehensión y detención. «Esto se puede dar cuando hay flagrancia, nada más que aquí no había flagrancia”, señaló en su momento Talía Vázquez, quien inicialmente fungiera como defensora de Mireles.
De aquel 27 de junio de 2014 y hasta el 12 de mayo de 2017, cuando finalmente fue liberado, el líder autodefensa estuvo la mayoría del tiempo en un penal de máxima seguridad en Sonora, y ni su delicado estado de salud por padecer diabetes, ni la lejanía con respecto al lugar donde se lleva a cabo su proceso, o con relación a su lugar de residencia, fueron, ni son motivos suficientes para que se traslade de regreso a Mireles Valverde a Michoacán.
Recursos, apelaciones, y demás intentos por buscar la libertad de Mireles pasaron de un juez a otro, demostrando las desesperantes telarañas de la burocracia dentro del sistema de justicia mexicano, pues fue necesaria una denuncia penal contra el Juez Quinto de Distrito de Uruapan, para que finalmente concediera el beneficio de la libertad.
¿HABRÁ REVANCHA?
A poco más de un año de haber salido libre, el caso de Mireles vuelve a acaparar los reflectores, luego de que el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación, José María Alvarado Navarro, otorgó la libertad absoluta al ex vocero de las autodefensas en Michoacán, por el delito de portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del ejército.
El Magistrado revocó el resolutivo, mediante el que se le dictó auto de formal prisión a Mireles Valverde dentro de la causa penal 137/2014, tras ser detenido el 27 de junio del 2014, en la tenencia de La Mira, del municipio de Lázaro Cárdenas.
De esta forma quedó libre de toda causa penal en su contra por el mismo hecho y delito, por lo que también le fueron devueltos sus derechos políticos.
Pero poco después, parece abrirse un nuevo episodio en toda esta historia, pues el propio Mireles, junto a su defensor Ignacio Mendoza, anunciaron que solicitará una indemnización como reparación del daño.
La indemnización que buscarán correspondería, en el caso del ex autodefensa, a más de un millón de pesos, aproximadamente, según lo establecido por la ley, dijeron.
Pero también adelantaron que presentarán demandas por la vía civil en contra de personajes políticos que públicamente hicieron señalamientos denostativos sobre Mireles y serán emplazados por daño moral.
Otro punto que dieron a conocer, es que presentarán denuncias por conductas de funcionarios desapegadas a la ley. Un ejemplo de estas, es que no existe un marco legal para registrar y dotar de armas a civiles, como hace cuatro años lo hizo el “el virrey” Castillo Cervantes y el actual procurador de Justicia José Martín Godoy Castro.
“Manuel Mireles no está buscando una venganza personal, pero todos ustedes saben que sí hay responsables y que vamos a someter las denuncias y las demandas tanto en la corte penal internacional de La Haya, como en las cortes estatales y federales mexicanas, porque las personas causantes, a las que consideramos culpables de todo lo que pasó entre nosotros, todavía están en funciones en el estado mexicano, todavía están en funciones en el estado de Michoacán”, aseveró el autodefensa.

¿Habrá un revés después de casi cuatro años de injusticia? ¿O simplemente el cúmulo de polvo sobre esos expedientes permanecerá sin dar cabida a la exigencia de justicia por tres años en la cárcel sin argumentos sólidos? Las respuestas quizá tarden meses en saberse, pero un hecho que se constata con todo el caso de Mireles, es que la justicia en México no es pronta ni expedita.

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