Sigue la mata dando

Ya ha pasado más de un año desde la retirada de Alfredo castillo de Michoacán y cinco meses desde que Salvador Jara Guerrero dejó su cargo como gobernador; sin embargo, sus nombres no dejan de rondar en los titulares en noticias, ni en instancias gubernamentales o la opinión pública y no precisamente por los buenos resultados y recuerdos, sino por las secuelas de malas administraciones y acciones que continúan siendo objeto no solo de simples señalamientos, sino de investigaciones y revisiones por parte de autoridades.

Jara y la licuadora descompuesta

Además de los señalamientos de la Auditoria Superior de la Federación, de los que ya se expuso en este mismo medio y que refieren a que se detectó un probable daño al erario público durante el año 2014, por 6 mil 436 millones 445 mil pesos, por el gobierno del estado de Michoacán y por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), durante la revisión a la cuenta pública del 2014, ahora la Auditoria Superior de Michoacán tiene en la mira al gobierno estatal de esos días por malversación de recursos federales.

La revisión por parte del órgano fiscalizador estatal se tenía prevista darse a conocer desde el pasado mes de febrero, el informe se dio a conocer ante el Congreso del Estado. Desde un mes atrás José Luis López Salgado, titular de la Auditoría Superior de Michoacán, advertía de la persistencia de una práctica financiera llamada “licuadora”.

Este término refiere a que “llega el recurso de un fondo federal destinado a un fin específico y no sabemos cuántas vueltas da en el número de cuentas bancarias que tiene el gobierno”, explicó López Salgado. Este tipo de movimiento financiero tiene como objetivo que todo llegue a una misma bolsa y de ahí se saque el recurso para todo, sin respetar las designaciones de los montos, ni los tiempos para su aplicación.

Se trata de una estrategia donde se sacan los recursos de la cuenta de origen en que fueron destinados de manera específica para un objetivo, “y se mandan a otra,  de ahí a una más, después a otra, y así sucesivamente, al final del día no se sabe dónde quedó el dinero”, explicó el titular de la ASM.

El planteamiento de entrada luce ilegal, tal característica la ha confirmado López Salgado, quien señaló que la práctica es irregular y deriva en montos excesivos que son observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en sus revisiones; la cual, incluso no logra detectar el hilo conductor que siguen esos recursos con tanto movimiento.

“El problema es que de manera específica hemos tratado de seguirle el curso a estos recursos y cuando llegamos a la cuenta final, sucede que ya no están, porque se destinaron para cubrir los déficit y compromisos en materia educativa que tiene el estado”, indicó López Salgado. El déficit señalado por el funcionario ronda los 5.6 mil millones de pesos.

No está por demás mencionar que irónicamente, entre los diputados que se reunieron con López Salgado el pasado 10 de marzo, estaba como integrante de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, el también conocido como “diputado moches”, Ernesto Núñez Aguilar, aquel inmiscuido en un escándalo de desvío de recursos cuando era diputado federal.

Pero la proporción de esta clase de manejos supera incluso niveles imaginados, pues en 2014 se detectaron movimientos contables por el orden de un billón 990 mil millones de pesos por parte del gobierno del estado en ese año, pese a contar sólo con un presupuesto de 60 mil millones de pesos. Es decir, que los movimientos bancarios y contables que se registraron por el gobierno local fueron por montos que suman casi 200 veces más dinero que lo que se tenía como presupuesto originalmente.

El problema era sabido desde ese año, pues en noviembre de 2014, el entonces Secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera, informó a medios de comunicación que a pesar de “los grandes esfuerzos” que realizaba la administración encabezada por Salvador Jara Guerrero para aclarar el destino de miles de millones de pesos de recursos etiquetados por el gobierno federal, aún no le era posible conocer con exactitud a dónde fueron a parar. “Hay una parte que pudieran estar ahí, y otra parte que tenemos que ver de dónde la sacamos”, dijo en ese entonces el ahora Notario Público.

Pero más allá de un escándalo, señalamiento o exhibición pública de una deficiente administración, las consecuencias para Jara Guerrero y su equipo, o en su caso hasta los colaboradores de su predecesor en ese año, Fausto Vallejo Figueroa, podrían ir hasta los litigios ante instancias penales, pues se debe recordar que en noviembre de 2015 se dio a conocer que la Auditoría Superior de la Federación había iniciado seis denuncias penales contra la administración del exgobernador Leonel Godoy Rangel, pues en su periodo de gobierno esta práctica también había sido detectada en 2011.

Ahora, según el curso de las investigaciones sobre el destino de los movimientos contables por un billón 990 mil millones, el escenario podría repetirse para la administración faustista – jarista.

Segunda llamada al ex virrey

Después de darse a conocer el documento que revirtió aquella versión de Castillo Cervantes, en la que desconoció la existencia de grupos de autodefensa y el establecimiento de algún acuerdo con los mismos, la defensa de José Manuel Mireles Valverde presentó un oficio para que se desahogue la prueba testimonial a manera de interrogatorio, tanto por parte del ex comisionado como del ex gobernador Fausto Vallejo Figueroa.

Ambos tendrán que responder un interrogatorio que se deriva de la presentación ante el juez del documento firmado por los ex funcionarios y líderes de los grupos de autodefensas, en el que se habría dado la autorización para que civiles pudieran andar armados.

A aquel documento se agrega otra prueba recién revelada esta semana que está por terminar y que se trata de un testimonio que señala que hubo convenio de otorgar permisos de facto para que los integrantes de las autodefensas pudieran portar las armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano y en el que habrían participado el ex comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán y el ex gobernador del PRI, así como los comandantes de los grupos de autodefensa, Hipólito Mora y Estanislao Beltrán, Papa Pitufo.

Ni Castillo ni Fausto Vallejo han dado hasta ahora un posicionamiento sobre los acuerdos revelados en las últimas dos semanas y se esperaría que fuera ante las instancias judiciales federales donde finalmente rindieran su versión de estos documentos y hechos, pero se debe recordar que en aquel primer llamado, con pretextos como cargas de trabajo o enfermedad, ambos funcionarios evadieron su presencia en los juzgados, por tanto la pregunta será ¿acudirán en esta ocasión o nuevamente armarán argumentos evasivos?.