SSP y PGJE, campeonas del abuso a derechos humanos

Existen logros en las estadísticas, que se  presumen por todas las formas posibles por los diferentes órganos gubernamentales para resaltar un “buen trabajo”, pero otros más quisieran ser hasta escondidos para no evidenciar alguna deficiencia. Tal es el caso de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán (PGJE), que se han mantenido como “campeonas” de la violación de derechos humanos.

Apenas el pasado jueves el ombudsman Michoacano, Víctor Manuel Serrato, hizo entrega de su informe de actividades 2017, documento en el que resaltó que la SSP y PGJE se han mantenido como los entes de la estructura gubernamental del estado con más quejas en su contra por violaciones a los derechos humanos.

Entre estas dos dependencias, se llevan el 32.3 por ciento de las quejas que se presentan ante el organismo autónomo, lo que significa que del 1 de septiembre del 2016 al 31 de agosto del 2017, se presentaron 493 contra la SSP  y 458 contra la PGJE.

Respecto al total de las quejas, Serrato señaló que hubo “una muy ligera disminución en comparación con el periodo anterior, con cien quejas menos, lo que se disparó fueron casi 500 contra la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)”.

El ombudsman se refiere a que en 2016 la secretaría, encabezada por Juan Bernardo Corona Martinez, había sido señalada en 454 ocasiones, y para el siguiente periodo de un año, fueron 493 quejas, un incremento de casi 40 procesos más en su contra.

En el caso de la PGJE, incluso, debe reconocerse que la dependencia encabezada por José Martín Godoy Castro logró finalmente una disminución de casi 32.4 por ciento, ya que en 2016, el mismo informe de la CEDH indicó que se habían presentado 677 quejas en su contra, y en este año se redujo a 458.

Otro caso de incremento en quejas, está en la Secretaría de Salud Pública, pues en la dependencia en 2016 registraba 78 quejas en su contra y en este año sumó 96. En este caso no se debe dejar de mencionar que, extrañamente, el ombudsman había asegurado que esta dependencia había mejorado sustancialmente, pues el ombudsman indicó que tenía casi el doble de quejas.

(A este dependencia se le suma el pendiente una denuncia, que se hizo el pasado miércoles, de supuesto desvío de recursos por 18 millones de pesos que hizo el presidente municipal de Villamar, Joel López Padilla, pues se debía iniciar una campaña de vacunación antirrábica para la que nunca llegó el medicamento).

Las quejas se presentan principalmente por uso excesivo de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, irregular integración de averiguaciones previas o carpetas de investigación, violación del derecho a la educación, actos administrativos infundados y no motivados; tratos crueles, infundados y no motivados, negativa de atención y negligencia médica, cobro indebido de impuestos o multas, castigos ilegales a personas privadas de su libertad.

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, ENTRE LOS CASOS MÁS GRAVES

No se puede omitir que particularmente existen casos que requieren especial atención, se trata de  cuatro investigaciones por presuntas ejecuciones extrajudiciales en Michoacán, las cuales hace poco más de un mes reconoció el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Juan Bernardo Corona Martínez. Tan solo por la ejecución extrajudicial ocurrida hace poco más de seis meses en Morelia y cuyo video difundió ayer un medio nacional, hay seis elementos bajo investigación.

Este episodio se dio el priemro de febrero de este año, cuando elementos de la unidad 3319 de la Policía Michoacán accionaron sus armas contra Francisco Robles, un albañil de 37 años, a quien presuntamente acribillaron por la espalda, según se desprendió de la autopsia. El occiso habría robado previamente un minisúper con arma blanca e intentaba darse a la fuga.

El otro caso es el de  los policías municipales que sacaron a un regidor del Cabildo de Maravatío, los uniformados eran elementos acreditados y adelantó sanciones para quienes no acaten los protocolos de la SSP.

Y está también el de los decesos de los supuestos ladrones que eran trasladados por efectivos al Ministerio Público y que fallecieron de forma inverosímil, en el recorrido por la avenida Camelinas de Morelia.

Este caso se dio en marzo pasado y la secretaría explicó que uno de los detenidos saltó de la patrulla a la altura de Casa de Gobierno, cayó al suelo y fue atropellado por un vehículo particular; en la misma acción, el otro detenido se golpeó la cabeza cuando frenó repentinamente la unidad en la que era trasladado.

El otro caso es el de las ejecuciones extrajudiciales en Arantepacua, el pasado mes de abril, donde se acusa a los uniformados de haber atacado con armas de fuego a los comuneros, sin que estos hubieran usado armas similares previamente.

Ante este panorama, en agosto pasado el propio ombudsman señaló que, “este año fue el que más nos llamó la atención que se empezaron a presentar ese tipo de quejas, y también se incrementó mucho el concepto de uso excesivo de la fuerza, yo creo que va ligado y hay que reflexionar la con la Policía Michoacán y revisar sus protocolos de actuación”.

ZITACUARO TAMBIÉN TIENE SU CASO

En Zitácuaro, el pasado 23 de agosto, se dio un caso de  abuso que sufrieron cuatro jóvenes que fueron detenidos y golpeados por elementos de la Policía Michoacán, entre ellos el comandante David Alejandro, cuando salían de una tienda de auto servicio.

Abuso de autoridad, exceso de la fuerza pública y por violación al derecho a la seguridad y legalidad jurídica fueron los conceptos bajo los cuales un par de días después se admitiría la queja en contra de los uniformados.

PERO PIDEN RESPETO PARA ELLOS

Aun con estas situaciones, los policías hasta han pedido respeto para sus derechos humanos, cabe recordar que en abril pasado un grupo de supuestos policías marcharon en exigencia de sus derechos.

La movilización se dio a partir de los enfrentamientos en Arantepacua, y es que los policías que participaron en ella, pedían: “Queremos que todo se haga bien, que no intervengan ningún grupo social hasta que ustedes no hagan su investigación y recomendaciones”.

Después, en agosto, el Comité Ejecutivo Estatal del Movimiento Nacional por la Seguridad y en Pro de la Justicia aseveró que después de los estados de Guerrero y Tamaulipas, Michoacán es la tercera entidad donde se violentan los Derechos Humanos de los policías.

“Somos ciudadanos que también sufrimos la delincuencia y el abuso de las autoridades y queremos dar fin a esa situación”, refirió el presidente nacional del MNSPJ, Ramón Bernal García, en esa ocasión.

LOS AYUNTAMIENTOS CON MÁS QUEJAS

Por su naturaleza de capital del estado, además de ser la ciudad con más población de Michoacán, Morelia destacó en el informe de este año de la CEDH por ser el municipio con más quejas interpuestas, sumando de septiembre de 2016 a agosto de 2017, un total de 790 señalamientos por diversas violaciones a los derechos humanos.

Seguido de la capital michoacana se ubican Lázaro Cárdenas con 215; Uruapan, con 194; Zitácuaro, con 164; Apatzingán, con 153; Zamora, con 116; Jungapeo, con 72; Tlalpujahua, con 33; La Piedad, con 31; Hidalgo, con 30 e Irimbo, con 18 quejas.

El reparto de quejas, de acuerdo con el reporte oficial, se levantó de septiembre de 2016 a agosto de 2017; de manera que a los señalamientos podrían incrementarse conforme avancen los últimos cuatro meses del presente año.

 

La protección de derechos humanos se configura entonces en un entramado complicado, pero con casos graves en Michoacán, la ciudadanía se queja de sus policías y estos a su vez también piden respeto a sus derechos, la discusión se puede activar si se pregunta ¿Cuáles derechos humanos deben cuidarse primero para que en consecuencia los otros también se respeten, los de los ciudadanos o los de los policías? Mientras tanto, los uniformados siguen siendo campeones en la violación de las garantías individuales de los michoacanos.