Transas en el sistema para ayudar a vulnerables en Michoacán

Por: Esteban Patricio M.

El organismo de gobierno que se creó para apoyar a familias y personas en condiciones difíciles, tiene otra oscura faceta en la que se utiliza para desviar recursos, pues las recientes revisiones a sus cuentas lo han evidenciado así.


Se trata del  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Michoacán), que ha sido revisado incluso por auditorías federales y han detectado irregularidades en el uso de sus recursos, además de que tiene fallos graves en sus antecedentes.


¿QUÉ ES EL DIF?

En el año de 1977 se creó el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, organismo que dio vida y fundamento al ahora llamado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana.

Esta dependencia estatal tiene planteado que debe promover el desarrollo integral de la familia, fortaleciendo la operación y difusión de los planes, programas y acciones que tienen como objetivo principal la protección física, mental y social de personas que se encuentran en estado vulnerable y desventaja socioeconómica, tendientes a lograr su incorporación a una vida plena y productiva.


LA “DESPEDIDA” DE SILVANO

Recién se dio a conocer que la Auditoría Superior de la Federación detectó un probable quebranto a la hacienda pública por 66.4 millones de pesos en una adquisición de alimentos por el DIF Michoacán en febrero de 2021, en los últimos meses de la administración de Silvano Aureoles Conejo.


En ese entonces se inició el proceso de la la licitación CADPE-EM-LPE-011/2021 solicitada por el DIF Michoacán y que resultó en un contrato por 513 millones 51 mil 268.02 pesos, celebrado con la empresa Abastos y Distribuciones Institucionales S.A. de C.V.

Estos alimentos tenían como destino los programas de Desayunos Escolares, de Asistencia Alimentaria en los primeros 1000 días de vida, para mujeres embarazadas y menores lactantes de seis a 24 meses, así como de Atención Alimentaria a Personas con Discapacidad y Adultos Mayores.

Conforme a lo detectado por la Auditoría, en el contrato se pagaron con los recursos del fondo seis productos distintos por un importe de 66 millones 425 mil pesos, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Adquisiciones.


NO ERA LA PRIMERA VEZ


Pero además de esas irregularidades detectadas en lo ejercido durante 2021, ya había antecedentes de malos manejos en los recursos del DIF de Michoacán.

En octubre de 2021 se expusieron resultados de la revisión a los recursos que se ejercieron en 2020 por el gobierno del estado de Michoacán y en ese entonces se registró un probable daño patrimonial por 43.9 millones de pesos por irregularidades en contratos firmados por el Sistema DIF Michoacán.

Según lo revisado por la Auditoría Superior de la Federación, con la revisión de un expediente de adquisiciones realizado por el Sistema DIF Michoacán con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples del año 2020, se firmaron tres contratos y a los cinco días estos fueron modificados, pero esos cambios no estuvieron debidamente fundamentados ni justificados.

En los convenios modificatorios, en los que se pactaron los cambios, se establecieron incrementos en los precios de los bienes y se adicionaron productos no contratados originalmente, lo que ocasionó un presunto desfalco por 43 millones 998 mil 706.64 pesos.

Este pliego de observaciones se suma a otros cuatro, con lo que los presuntos daños patrimoniales a la Hacienda pública federal en esta entidad, durante 2020, ascienden a 47.6 millones de pesos, pues además de los 43.9 millones del caso del Sistema DIF se suman otras irregularidades en el ejercicio de los recursos del Fondo Metropolitano y de las Participaciones Federales. 

LOS OTROS “PECADILLOS” DEL DIF MICHOACÁN

En julio de 2014 dio la vuelta al mundo el caso de la Casa Hogar La Gran Familia, que era dirigido por “Mamá Rosa” en Zamora, Michoacán, pues se detectaron condiciones de maltrato para sus más de 500 habitantes, que en su mayoría eran menores de edad.

Autoridades estatales y federales intervinieron en el caso y en el rescate de los habitantes del lugar y, aunque la atención se fue inmediatamente sobre “Mamá Rosa”, la acusada de las condiciones de maltrato a los menores, después la Comisión Nacional de Derechos Humanos inició un proceso en contra de las autoridades que intervinieron en todo este asunto, pues había quejas sobre su proceder.

Entre esas autoridades estaba el sistema DIF de Michoacán y en la recomendación 14VG/2018 se determinó que esta institución permitió que se enviara a personas menores de edad a las instalaciones de la Casa Hogar de “Mamá Rosa” y con ello violentaron su derecho a la seguridad jurídica.

Esto, debido a que se determinó que hubo falta de compromiso en la verificación de las condiciones de algunos casos de menores que estaban en la casa hogar, “pues de haberse realizado verificaciones conforme lo señalan las normas, en forma adecuada, hubiera dejado expuestas las condiciones reales en las que éstos y otros muchos niños, niñas y adolescentes se encontraban al interior de la Casa Hogar”.


En la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se determinó que “la Junta de Asistencia Privada, el Sistema DIF Michoacán, la

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, como la Presidencia Municipal y

el Sistema DIF del mismo municipio, en el ámbito de sus respectivas competencias,

tenían obligaciones respecto de las niñas, niños y adolescentes que se encontraban

en la Casa Hogar; no obstante, ninguno supervisó adecuadamente el lugar donde

estaban alojados, dejaron de realizar acciones para verificar que se respetaran en

todo momento sus derechos, lo que impidió que detectaran oportunamente las

irregularidades ahí cometidas”.

Se determinó que estas violaciones a los derechos humanos de parte del DIF Michoacán, fueron graves.

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