Triunfan los ciudadanos

Aunque en el papel el poder legislativo tiene que ver por los ciudadanos y pueden intervenir con iniciativas, en la práctica raramente se ven decisiones que incidan directamente en favor de la población y más raro aún era que una propuesta de la ciudadanía fuera aprobada. Pero en el Congreso del Estado de Michoacán finalmente hubo diferencia en estos días pasados.

EL “ALIVIANE” EN SALUD

De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.  Pero, el problema surge cuando se añade que, “la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud”, pues en leyes locales el cobro de servicios de salud hace la imposibilidad para muchas familias.

Cobros por servicios, como radiografías, estudios de sangre o incluso por las solas consultas, dificultan a los ciudadanos poder llevar control de su salud y muchas veces optan por los servicios de las cadenas farmacéuticas, que han visto en la saturación y costos de los servicios de salud pública, un nicho de negocio.

Es común ver en los hospitales civiles y unidades de salud, que las cajas de cobro se llegaban a saturar de ciudadanos en espera del pago de sus servicios.

Pero en Michoacán, el 10 de julio, se decidió que ya no podrá realizarse cobro alguno por los servicios de salud públicos. Esto, luego de que ayer el Congreso del Estado aprobara por unanimidad la gratuidad y universalidad de la salud en la entidad.

Con esta decisión los cobros que se realizan en hospitales, unidades médicas, clínicas y consultorios que dependen de Gobierno del Estado y de los gobiernos municipales en Michoacán, no podrán realizar cobro alguno, por ninguno de los servicios que prestan.

El Gobierno Estatal realiza cobros por los servicios de salud que ofrece a la ciudadanía que, como se mencionó, van desde una consulta y terapias, hasta intervenciones quirúrgicas. Existe omisión en la Ley de Ingresos del Estado, ya que éstos no aparecen explícitos en ella, pese a ser dinero que ingresa a las arcas públicas.

La determinación del Congreso, a partir de una propuesta formulada en mayo pasado, por la diputada Yarabi Ávila González, fue adicionar las fracciones II y III recorriéndose en su orden las subsecuentes al artículo 3 de la Ley de Salud del Estado, donde queda asentada la universalidad y la gratuidad de los servicios de salud.

Ahora la Ley establece y garantiza en su artículo tercero, “la cobertura de los servicios de salud, para que toda persona pueda hacer efectivo su derecho a la protección de salud”.

Además queda establecida la obligación de “ofrecer en los centros de salud disponibles, el servicio de salud gratuito, a quienes carezcan de seguridad social”.

Sin embargo, se debe rememorar que si hay un sector que había mostrado dificultades económicas en Michoacán, era precisamente el de salud, pues incluso se habían dado a conocer adeudos en pagos de sus trabajadores, por lo que el reto para el gobierno estatal residirá en el manejo de las arcas estatales para que haya suficiencia de recursos.

LA PRIMERA VEZ

Desde abril de 2014, por medio de reformas a la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, y a las de cada entidad de la república, los ciudadanos pueden presentar iniciativas de ley o de reformas ante los Congresos.

En Michoacán, aunque se dieron intentos, ninguna iniciativa ciudadana había sido aprobada por el legislativo estatal.

Pero  también el pasado 10 de julio por primera vez el Congreso del Estado aprobó una iniciativa promovida por ciudadanos, se trata de una reforma a la Constitución estatal para establecer la obligatoriedad de educar sobre la propia Constitución.

Es decir, los ciudadanos lograron establecer en las leyes que haya educación obligatoria sobre los derechos que otorga la ley máxima del país.

Hasta ese día no había antecedente de alguna iniciativa que hubiera completado el proceso en el Poder Legislativo michoacano, una iniciativa promovida por ciudadanos sin pasar por el filtro de alguna fracción parlamentaria o diputado que la asumiera como propia para poderla impulsar.

Se trata de una iniciativa que presentaron Simón Baca Suarez y Gamaniel Esparza Verduzco desde mediados del año pasado, la propuesta de reforma Constitucional siguió el proceso legislativo que cualquier otra presentada por diputados, sin traba mayor que los propios tiempos para dictaminar primero para otorgarle el “ha lugar” por la Comisión de Puntos Constitucionales y luego para la dictaminación de fondo por ésta misma Comisión, junto con la de Desarrollo Social.

Esta reforma logró que se le incorporara un párrafo al artículo 138 de la Constitución local, en donde se establece que, “es obligación del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, impartir y promover el conocimiento de los contenidos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos entre los habitantes de la entidad, por medio de las autoridades y dependencias en el ámbito competencial que corresponda, así como a través de la institución encargada de la educación”.

Si bien la modificación puede parecer tema menor, la trascendencia de este hecho radica en que se ha marcado el camino a seguir para iniciativas que plantean los ciudadanos, con lo que la participación de los Michoacanos podría volverse más activa.

Por lo regular la imposición de nuevos impuestos, multas y obligaciones es lo que más resuena desde el interior del recinto legislativo michoacano, pocos meses antes también se hablaba del poder legislativo debido a sus restricciones para acceder a las instalaciones, pero ahora el 10 de julio pasará a la historia como un día en el que triunfaron los ciudadanos.

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