Visiones liberales y populismo
Visiones liberales y populismo
P. Agustín García Celis
Hay una cierta confusión al utilizar el concepto “pueblo”, puesto que en ocasiones se equipara al populismo. Es importante entender que el populismo son aquellas corrientes de pensamiento social que sin reflexión o fundamento sólido se dirigen hacia una cierta tendencia o afición popular en la sociedad.
La categoría de pueblo, que incorpora una valoración positiva de los lazos comunitarios y culturales, suele ser rechazada por las visiones liberales individualistas que, apoyándose del populismo, consideran a la sociedad como una mera suma de intereses que coexisten y que son arcaicos y frenan el desarrollo en la sociedad.
Todas estas corrientes de pensamiento hablan de respeto a las libertades, pero sin la raíz de una narrativa común. Pretenden imponerse de manera arbitraria como un estereotipo social, y pretender ir destruyendo las instituciones que por mucho tiempo han defendido los derechos humanos sustentando su labor en los valores morales que defienden la dignidad de la persona humana.
En ciertos contextos, es frecuente acusar de populistas a todos los que defiendan los derechos de los más débiles de la sociedad. Para estas visiones, la categoría de pueblo es una mitificación de algo que en realidad no existe. Sin embargo, aquí se crea una polarización innecesaria, ya que ni la idea de pueblo ni la de prójimo son categorías puramente míticas o románticas que excluyan o desprecien la organización social, la ciencia y las instituciones de la sociedad civil.
Los valores morales, que definen el concepto de pueblo, reúne ambas dimensiones puesto que implica una marcha eficaz de transformación de la historia que exige incorporarlo principalmente todo: las instituciones, el derecho, la técnica, la experiencia, los aportes profesionales, el análisis científico, los procedimientos administrativos.
Por eso debemos apostar a los valores, porque en ellos se fundamentan todas las instituciones que promueven la dignidad de la persona y que no dejan que ninguna vida humana deje de ser protegida por un orden público, y debe estar bajo la tutela de la legalidad, de un estado de tranquilidad fundado en la justicia y la verdad, con la condición de un mínimo de bienestar asegurado por las instituciones públicas y por las autoridades que gobiernan la nación.
