SINOPSIS POLITICA 03/08/2019

                                             LA INUTILIDAD DE LA REPRESENTACIÓN POPULAR

 Alguna vez ¿Usted se ha atrevido a preguntarse de que o para que sirven los representantes populares? Esas personas en las que depositó su confianza, a través del sufragio, para encomendarles la administración de los bienes públicos y facultarlos para que lleven su voz y voto a las diversas tribunas, donde lo represente y defienda. Pero que, en la vida real, además de asignarse abultados sueldos, mutar en individuos hipócritas y cínicos, que alardean fortunas materiales que a sus representados saquearon, son seres que suelen convertirse en una pesada carga social, al transformarse en vividores y mezquinos, ineptos, concentrados exclusivamente en apropiarse los recursos públicos entregados a su custodia.

 Por las razones anteriormente expuestas, es que en ocasiones la clase gobernada, la población de a pie (la reflexiva), llega a creer que estaría mejor sin mandatarios, sin representantes populares que nada, ni a nadie representan y nada más de los cargos se aprovechan. Es de tal magnitud la degradación, que hay momentos que hasta las corporaciones policiacas estorban para sentirse seguros, son más los perjuicios que ocasionan que la protección que de ellas se obtiene. Un ejemplo de esta afirmación sucedió con los grupos de autodefensas, cuando el crimen organizado disponía de los patrimonios, libertades y vidas en Michoacán, manteniendo el predominio del poder público y empinados a los gobernantes. En tanto las “fuerza armadas” eran ejércitos al servicio de los criminales, pero financiados por los contribuyentes ¿Si recuerdas, o también ya lo olvidaste? Aclarando que en la actualidad no estamos exentos a ese tipo de esclavitud.

 Otra demostración de la ineficacia institucional, colusión entre policías e infractores y los lacerantes perjuicios a la sociedad de la región oriente, que ningún representante popular ha intentado defender y restituir, tiene que ver con las más de 30 quejas en Derechos Humanos, donde ni una sola recomendación se ha emitido. Así como alrededor de 20 denuncias penales en la Fiscalía Regional, donde ni una sola ha sido judicializada, todas en contra de la Policía Michoacán, bajo el mando en ese tiempo de Jesús Flores. Más bien los empleados de la supuesta benemérita institución (CEDH), podrían estar funcionando como “orejas”, informantes de las autoridades transgresora de los derechos humanos. Existen motivos de peso para suponerlo.

 Tampoco se ha exigido transparencia en el caso del juicio político instruido contra el ex alcalde Juan Carlos Campos, ni sugerido auditoria a la admiración presidida por su socio, protector y amigo, Carlos Herrera Tello.

 Nuestros representantes populares, llámense diputada federal, local, presidente, sindica y regidores, nunca se han preocupado, menos ocupado, en dar seguimiento a problemas graves que contribuyen al fomento de la inseguridad y violencia. Mucho menos exigir se investiguen actos de corrupción y colusión de autoridades con criminales, así como la protección entre funcionarios para evadir conductas delictivas, a pesar de los episodios graves de violencia, como el linchamiento de cuatro personas que fueron quemadas vivas, la ejecución de cinco policías en Loma Larga, la violación de una menor por la policía, el asesinato de un ciudadano que fue sometido a tortura por los mismo cuerpos de seguridad y un número interminable de ilícitos cometidos por los propios funcionarios públicos, que ningún “representante popular” a tenido la sensibilidad para actuar con la responsabilidad que su investidura exige… mejor ciudadanos comunes, que no tienen esos títulos, arriesgan la libertad y la vida denunciando corruptelas y exigiendo justicia.

 Hace trece meses que la diputada federal Mary Carmen Bernal Martínez, la legisladora local Zenaida Salvador Brígido y los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Zitácuaro, ganaron la elección para representarnos con honor, honestidad, eficiencia y transparencia; sin embargo, ninguno de ellos a cumplido su deber, a pesar de tener obligaciones especificas al respecto, pues se ha hecho normal que nuestros gobernantes, funcionarios y representantes populares sean cobardes por naturaleza o por conveniencia e ignorantes por esencia.

 Es tal la omisión y negligencia de nuestras autoridades que, con toda certeza son pocos los ciudadanos que saben quiénes son nuestros representantes en el Cabildo, donde nada más se identifica al presidente. Por lo que, a continuación, se proporcionan los nombres de nuestros regidores y sus respectivas comisiones, para que estemos enterados en que áreas de la administración pública municipal y representación social están fallando:

1-Comisión de gobernación, trabajo, seguridad pública y protección civil:

El presidente municipal

Moisés Salazar Esquivel

Aldo Gabriel Argueta Martínez

2-De hacienda, financiamiento y patrimonio:

Mirna Merlos Ayllón

María de la Luz Valdés Cruz

Moisés Salazar Esquivel

3-De planeación, programación y desarrollo:

Mijail Esquivel Jaramillo

Francisco Ramírez Sereno

El presidente municipal

4-De educación pública, cultura y turismo:

Neli Verenice Bernal Martínez

Erika Karina Alvarado Alcantar

Francisco Ramírez Sereno

5-De la mujer, juventud y el deporte:

Erika Karina Alvarado Alcantar

Gloria Ruiz Orozco

María Elena Medina Castro

6-De salud y asistencia social:

Aldo Gabriel Argueta Martínez

Mijail Esquivel Jaramillo

María de la Luz Valdés Cruz

7-De ecología:

Víctor Manuel Palomino Maya

Gloria Ruiz Orozco

Mijail Esquivel Jaramillo

8-De desarrollo urbano y obras públicas:

Moisés Salazar Esquivel

Aldo Gabriel Argueta Martínez

El presidente municipal

9-De fomento industrial y comercio:

Gloria Ruiz Orozco

Erika Karina Alvarado Alcantar

María Elena Medina Castro

10-De desarrollo rural:

María de la Luz Cruz Valdés

Mijail Esquivel Jaramillo

Víctor Manuel Palomino Maya

11-De asuntos indígenas:

Patricio Contreras Marín

Neli Verenice Bernal Martínez

Mijail Esquivel Jaramillo

12-De acceso a la información pública:

María Elena Medina Castro

Mirna Merlos Ayllón

Patricio Contreras Marín

13-De asuntos migratorios:

Francisco Ramírez Sereno

Neli Verenice Berna Martínez

Víctor Manuel Palomino Maya                                                                       

14-Desarrollo Social y vivienda:

Damián Mancilla García

Patricio Contreras Marín

Mirna Merlos Ayllón                  

 Como se puede observar todas las áreas de gobierno están cubiertas por nuestros representantes populares, quienes tienen el deber de proteger los intereses de la población, vigilar, fiscalizar, impugnar y denunciar todo aquello que transgreda y vulnere los derechos de los gobernados o afecte el bien común, sin que los ciudadanos tengan que exponerse para hacer respetar sus garantías sociales. Por ello, no se explica porque vamos de mal en peor en materia de transparencia, seguridad pública y procuración de justicia. Usted analice quien o quienes están fallando en sus obligaciones.

 Así mismo, es innegable que al interior del cabildo no hay ninguna oposición ni resistencia a las irregularidades, las obras no son fiscalizadas, ni denunciadas las prácticas contrarias a derecho. La negligencia de los representantes populares, municipales, locales y federales, resulta insultante.

La desidia por ignorancia, flojera o conveniencia se refleja en todas las áreas de gobierno y lastima más en la procuración de justicia y seguridad pública, donde los responsables de esas dependencias son cada vez más insolentes, al grado de descubrirse la manera en que tuercen la ley para lucrar con ella y prostituir la justicia, como se descubrió está sucediendo con la indagatoria del linchamiento de cuatro personas en Crescencio Morales, donde los dueños de la Fiscalía Regional han creado “chivos expiatorios”, “fabricando” culpables para favorecer a los responsables del múltiple homicidio, por tratarse de operadores partidistas cercanos al secretario de gobierno. Faltando a la palabra empeñada por el gobernador, en el sentido de que esa tragedia no quedaría impune y los propios funcionarios omisos serían sancionados.

 Demostrándose que, en la tierra del mandatario estatal, la ley, cuando se aplica, es por consigna o accidente. Aquí los gobernantes y delincuentes cuando no son lo mismo, los últimos son protegidos por los primeros y familiares de los homicidas y secuestradores son socios y aliados de los políticos, que en este territorio se encuentran “blindados” para que la justicia no los toque, pero nada más salen a Toluca y Morelia y de inmediato son aprehendidos, también de manera fortuita, y en flagrancia.

 Pero para todos, políticos, funcionarios, criminales y para la misma sociedad, adormilada y castrada, los malos somos nosotros: los ciudadanos que denuncian la corrupción y los medios de comunicación que se oponen al avance de la degradación, que ponderamos la verdad, la razón y la justicia. A ver que hacen, cuando ya no estemos…

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