SINOPSIS POLITICA 1090

REGRESA LA SEGURIDAD A LA REGIÓN

Reciente visita a mi natal y hoy convulsionado estado de Guerrero, me hizo recordar la terrorífica etapa de violencia e inseguridad que hace poco también padecimos en Michoacán, cuando las decapitaciones, secuestros, extorsiones, desapariciones forzadas y ejecuciones masivas, perpetradas incluso por las fuerzas del orden,  resultaban sucesos cotidianos.

Me permití asimismo reconocer el esfuerzo de las nuevas autoridades de Michoacán y la región, principalmente por cumplir con su obligación de contener la reorganización y el restablecimiento de bandas criminales en nuestro territorio; pero sobre todo, el valor y sacrificio de los ciudadanos que se organizaron, expusieron su vida y sacrificaron su libertad para exterminar o expulsar de Michoacán a los delincuentes que nos mantenían subyugados.

No es fácil olvidar como en años anteriores las festividades en La Presa del Bosque (Zitácuaro), se convirtieron en uno de los espacios favoritos de esparcimiento de los cabecillas del crimen organizado. Ellos, los criminales, socios, aliados y lambiscones, eran los amos y señores, los que mandaban y eran atendidos como semidioses en esos espacios de recreación familiar, frente a una población amenazada y temerosa. Afortunadamente esos lugares ya han sido recuperados, quien sabe por cuánto tiempo.

Considero que a ningún ciudadano de bien, de esos que subsisten del fruto de un trabajo honrado y digno, le gustaría que nuestro estado y la región oriente volviera a experimentar esa etapa de terror. Impedirlo es tarea de todos, especialmente de las autoridades, aunque los pobladores no estamos exentos de responsabilidad, como la de vigilar el estricto desempeño de los funcionarios y gobernantes, exigiendo que en el ejercicio de su quehacer público se sometan al imperio de la ley y no se aparten de ella ni por error. Tienen que ser escrupulosamente honestos y eficientes. Teniendo siempre la opción de renunciar, si no tienen voluntad para sujetarse a las normas jurídicas y morales que sus respectivos compromisos con la colectividad les exigen.

Mientras tanto, ya sin la presión del crimen organizado sobre nuestras cabezas, los ciudadanos deben fajarse los pantalones para reprochar la omisión del gobierno (municipal, estatal y federal) en el caso de las actividades ilícitas y latrocinios durante el mandato de Juan Carlos Campos Ponce, hechos que podrían prescribir (la acción penal) y concretarse la tan repudiada impunidad que protege a los corruptos servidores públicos. Esta, exigir a los gobiernos que no se atrevan a pactar y negociar con los criminales que nos humillaron y saquearon al municipio, es una tarea especial que deberían encabezar los líderes de los partidos políticos, los “incorruptibles” luchadores sociales, los grupos liberales, los intelectuales del pueblo y todo hombre digno y de buenas costumbres.

               QUE FUNCIONARIOS Y “AMIGOS” DEL GOBERNADOR LE BAJEN A SU ARBITRARIEDAD

Los ciudadanos, principalmente de Zitácuaro, tierra adoptiva del gobernador del estado y donde por dicha circunstancia abundan los “amigos” influyentes del mandatario (esos que por creer que en algún momento de su vida o carrera política le ayudaron, se sienten con derecho de cobrar caros los favores, mismos que ya les han sido saldados en diversas ocasiones), deben vigilar que la ley se aplique, primero a los encargados de procurarla y administrarla, así como aquellos cercanos al círculo de poder, quienes deben conducirse con probidad y ejemplar tiene que ser su conducta; pues no sólo estarían perjudicando la imagen del gobierno en turno, también la trayectoria de un proyecto político, que encabeza al que llaman “amigo” y de quien se han servido.

Mientras que los “amigos” de Aureoles deben omitir amagar con el poder estatal y andar invadiendo predios o utilizar el cargo para torcer las leyes, favorecer a familiares, amigos o hacer negocios con el servicio público, practicando el tráfico de influencias, conflicto de intereses, ejercicio indebido del propio derecho, entre otras conductas tipificadas como antisociales. Menos deben andar acercando o recomendando delincuentes, ni templarios supuestamente redimidos, para que ingresen al gobierno.

Los zitacuarenses no deben permitir que funcionarios públicos utilicen sus espacios de poder para proteger a sus familiares en conflictos, como sucede en la Escuela Secundaria Número 3, donde servidores públicos de primer nivel de la Fiscalía Regional de Justicia y del municipio podrían estar obstruyendo se castiguen conductas aberrantes, como participar en actos de cobardía frente a sus discípulos, permitir o actuar lesionando de manera tumultuaria, como bestias, a una de sus compañeras de trabajo; demostrando a sus alumnos la degradación de valores y lo putrefacto del sistema educativo…aunque luego, esos “maestros”, culparán al gobierno de su propia decadencia…

Independiente de las investigaciones que las autoridades respectivas realicen, respecto a las causas que provocaron el conflicto en esta y otras instituciones educativas, la violencia al interior de cualquier plantel escolar debe castigarse de manera inflexible. Mayormente cuando los actores son docentes.

Los representantes populares y funcionarios del “Nuevo Comienzo” no deben permitir convertirse en una prolongación del PRI, cuyos gobiernos inauguraron la forma de proteger la corrupción y que esa descomposición se vuelva parte de la repartición del botín. Ni el ciudadano pasar por alto que el crimen más organizado suele estar en el gobierno, en las instituciones que no investigan, en los procuradores y auditores que cierran los ojos y en los mandatarios omisos.

                                                 LAS DEFICIENCIAS Y ABUSOS DEL ALCOHOLIMETRO

Esta temporada vacacional de Semana Santa arrojó en Michoacán un saldo de 18 personas fallecidas y 45 lesionadas, debido principalmente a la mezcla fatal de consumo de alcohol y velocidad. Afortunadamente ninguno de esos accidentes se suscitó en Zitácuaro. Aunque nos cueste trabajo reconocerlo, el que no se hayan ocasionado víctimas mortales por causas de tránsito vehicular en este municipio, contribuyó de alguna manera la puesta en operación del programa del alcoholímetro. Lo cual representa una medida socialmente necesaria; que obviamente, por creer que limita nuestras libertades (libertinaje), encontrará resistencias y se esgrimirán muchos argumentos para rechazarla, por lo que las autoridades tienen que ser demasiado exactas en su aplicación, para que su puesta en marcha no sea vista como una forma más de asaltar a los ciudadanos, ni de robar a los contribuyentes.

Son diversas las quejas por los abusos cometidos durante los operativos del alcoholímetro, se acusa por la ya natural prepotencia de los policías que participan, los cobros irregulares de las multas, pues mientras algunos pagaron dos mil pesos, a otros se les requirió 2500; pero lo más arbitrario es, que no sólo se detiene al conductor que dio positivo al examen, si no a todos sus acompañantes, hayan o no consumido bebidas alcohólicas.

Otro atropello es recluirlos en un lugar inhumano, por insalubre, mantenerlos hacinados (más de 20 detenidos en barandilla en un pequeño espacio). Ciertamente no están ahí de vacaciones, pero hasta a los delincuentes se les deben respetar sus garantías individuales, con más razón a infractores por faltas administrativas. En este sentido se debe acondicionar una celda por requerido, tomando además en consideración que se trata de personas alcoholizadas, que pueden agredirse entre sí.

Las mismas multas son irregulares, pues no se encuentran fundadas, ni motivadas jurídicamente. El alcoholímetro no está regulado en el reglamento y vulnera la presunción de inocencia. Tampoco existen jueces cívicos, ante quienes el presunto infractor pueda ampararse en el momento de la detención para evadir el ingreso a barandilla. Esto sin contar que de entrada los retenes son ilegales. Violándose de manera flagrante los artículos 14, 16 y 21 Constitucionales, así como el primero y 207 del reglamento de Tránsito. En cuanto a las multas “raras”, procedería el recurso de revisión.

NOMBRAN A FUNCIONARIOS ESTATALES EN LA REGIÓN ORIENTE

Con el arribo del nuevo gobierno, se han realizado cambios en la mayoría de delegaciones y otros espacios públicos, que pertenecen al organigrama del poder ejecutivo estatal en la región oriente de Michoacán.

A continuación hago de su conocimiento la lista de los nuevos funcionarios públicos, para que los conozcamos, saber quiénes son; pero sobre todo, con el propósito de mantener una estricta vigilancia permanente sobre el desempeño de los mismos, exigir se conduzcan con eficiencia, transparencia y honestidad y evaluar sus resultados.

-Martin Santana Téllez, titular de la oficina del Tribunal de Justicia Administrativa en la región oriente.

-SEDRUA, Everardo Hernández Contreras.

-Turismo, Erika Karina Alvarado Alcántar.

-DIF regional, Élfega Conejo Barrera.

-Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número Tres, Jaime García Hurtado.

-Servicio Estatal del Empleo, Abel Cárdenas.

-Fiscalía Regional de Justicia, Nicolás Maldonado Millán.

-Unidad de Servicios Regionales de la SEE, Crispín Duarte Soto.

-Dirección del CERESO Hermanos López Rayón, Rafael Contreras Esquivel.

-Oficialía del Registro Civil número uno, Jessica Medina García.

-Centro de Salud, María Guadalupe Martínez Torres.

-ICATMI, José Ojeda Aguirre.

-Delegada de la Comisión de Pesca, María del Carmen Olvera González.

-Delegado Regional de la SEPSOL, José Flores Salgado.

-Coordinador regional de la Secretaría de Pueblos Indígenas, Salvador García Victoriano.

-Ejecución de Sanciones Penales, Marisa González Nava.

-Director del CONALEP, Francisco Hernández Reyes.

-Visitaduría Regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Froylán Vázquez Aragón.

-Director de Control de Procesos de la Fiscalía Regional de Justicia, Mario Gerardo Pinedo Infante.

-Coordinación Administrativa de la Fiscalía Regional de Justicia, José Antonio González Cervantes.

-Agente Segundo del Ministerio Público, Alejandro Valdovinos Santana.

-Delegado Regional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Juan Ernesto Marín Ruíz.

-Director del IMCED, José Noé Jiménez Mendoza.

-Coordinador Municipal en Zitácuaro de la Secretaría de los Pueblos Indígenas, Bonifacio González Guzmán.

-Encargada de la oficina de Rentas, Jessica Reyes Ramos.

Falta por realizar cambios o ratificar, en la Dirección del Hospital Regional, COCOTRA, un Oficial del Registro Civil, entre otros.

 

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