SINOPSIS POLITICA 1092
SE DESATAN LOS DEMONIOS EN MICHOACÁN
1994 fue un año fatídico: el día primero de enero surgió el movimiento zapatista en Chiapas, el 23 de marzo le arrebataron la existencia al cuasi presidente de la república, Luis Donaldo Colosio Murrieta y el 28 de septiembre asesinaron al secretario general del CEN del PRI, coordinador de la fracción de dicho partido en la cámara de diputados y ex gobernador de Guerrero, José Francisco Ruiz Massieu, ex cuñado del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.
Mario Ruiz Massieu fungía como sub Procurador General de la República cuando asesinaron a su hermano Francisco y el presidente Carlos Salinas le encomendó la investigación de ese también llamado “magnicidio”; por lo que, el 23 de noviembre (de ese mismo año), Mario declaró públicamente: “El pasado 28 de septiembre una bala mató a dos Ruiz Massieu, a uno le quitó la vida y a otro le quitó la fe y la esperanza de que en un gobierno priista se llegue a la justicia. Los demonios andan sueltos y han triunfado”, afirmó el titular de la sub Procuraduría General de la República y hombre surgido de las entrañas del sistema priista.
En seguida de esta declaración Mario fue perseguido y acusado de lavado de dinero por el gobierno de Ernesto Zedillo y oficialmente se suicidaría cinco años después del asesinato de su hermano, reiterando su inocencia en una carta.
Inicio con estos breves datos históricos para recordar de lo que son capaces algunos gobiernos emanados del PRI y las cúpulas de dicho partido, que exterminan a sus propios integrantes y aliados cuando sus interese así lo requieren. Aquí, dicho por ellos mismos, se muestra lo que son: seres perversos, traidores, patológicamente ambiciosos y carentes del mínimo de escrúpulos.
Si los gobiernos y los dueños del PRI poseen la cobardía de asesinarse a sí mismos y de masacrar a su familia, si a su propia gente le “sueltan los demonios” ¿Qué no harán con sus adversarios? ¿Será confiable signar acuerdos de gobernabilidad con ellos?, peor aún ¿Tendrán el decoro para honrarlos? Estas son algunas interrogantes que debe hacerse el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, respecto a lo que sucede en el estado, donde también los demonios se han soltado.
Todo marchaba aparentemente bien desde el primero de octubre, el crimen organizado se encontraba replegado (jamás exterminado), una parte de ellos subsistían y se fortalecían protegidos por las lacras que Alfredo Castillo dejó en nuestro estado con ese propósito; pero en ciertas regiones, donde las organizaciones delictivas se recogieron, sus actividades ilícitas fueron cubiertas por la corporaciones policiacas que nos heredó Castillo Cervantes, el secuestro, la extorsión y cobro de piso fue a lo que más se dedicaron los jefes del mando unificado y policías ministeriales.
Oportunamente se advirtió, en este espacio, que el gobierno de Michoacán estaba cargando con algunos peligrosos lastres, por cierto, heredados por un gobierno priista: la estructura delictiva de Alfredo Castillo, infiltrada en la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, en menor proporción en la Secretaría de Seguridad Pública y en la Secretaría de Salud. Así como los miembros del crimen organizado disfrazados y armados por el mismo Castillo, quien los transformó en policías estatales. Por ello, el polvorín en que se ha convertido Tierra Caliente y el Bajío michoacano, en los límites con Jalisco, a partir del lunes, era sólo cuestión de tiempo.
La alerta roja se reactivó, las protestas, bloqueos e incendio de vehículos comenzaron, cuando el gobierno del estado realizaba operativos para detener a cabecillas de bandas delincuenciales que continuaban operando en Tierra Caliente y otras regiones de la entidad.
Aunque en política no existen coincidencias, sólo propósitos e intereses, causas y efectos; también los Normalistas de Tiri, “coincidentemente”, al mismo tiempo que el crimen organizado utilizaba a pobladores de la Tierra Caliente y el Bajío, para impedir con bloqueos la incursión de las fuerzas armadas a sus territorios, los Normalistas hacían lo propio en la rúa Patzcuaro-Morelia, engordándole el caldo, a propósito o no, a las bandas criminales.
En respuesta, la clase priista, a través de su dirigente estatal Víctor Manuel Silva Tejeda, haciendo valer la hipótesis que indica: que, los corruptos para recuperar el poder o sostenerse en el necesitan del crimen organizado, de inmediato intentó culpar de lo que sucede al actual gobierno de Michoacán. En un comunicado manifestó que los michoacanos merecemos vivir en paz y con seguridad e hizo un llamado a las autoridades para “evitar que los brotes de violencia deriven en inestabilidad”.
Silva Tejeda reiteró que al ejecutivo estatal le corresponde tomar las decisiones que garanticen la gobernabilidad y el estado de derecho, que “el gobernador haga su aportación para que Michoacán trabaje en un clima de armonía y paz social, y que el desarrollo se vea reflejado en el bolsillo de la gente”.
Cuanto cinismo exponen las palabras del líder priista de Michoacán, que desvergüenza e insolencia. Que pronto han olvidado que fueron ellos, las administraciones emanadas del PRI, quienes permitieron, de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, los vínculos del gobierno con el crimen organizado; peor todavía, ellos (los tricolores) los estrecharon, alardeaban su cercanía y la aprovechaban para ultrajar a la sociedad, mientras funcionarios e hijos de mandatarios festejaban el sometimiento y penetración de los criminales al gobierno y al estado de derecho.
El propio Víctor Manuel Silva Tejeda se ha convertido en uno de los protectores de Juan Carlos Campos Ponce y como delegado de la SEDESOL en Michoacán contrató a Ricardo Díaz Soto, primer organizador de la feria de Zitácuaro (enviado de Apatzingán para tal propósito), quien ordenara el cambio de la fecha de la misma y socio de Campos Ponce desde entonces.
Postura mesurada ha sido la del experimentado político Salvador López Orduña (dos veces presidente municipal de Morelia y en dos ocasiones candidato a gobernador por el PAN), quien afirmó en un programa de televisión estatal, que las reacciones violentas del crimen organizado y manifestaciones radicales de los Normalistas, obedecen a la firme decisión del gobernador Silvano Aureoles por hacer prevalecer el estado de derecho, por lo que la sociedad debe apoyarlo de manera decidida.
Insisto, las peores lacras de Michoacán y los michoacanos, son los priistas que siguen incrustados en la administración perredista, así como la tolerancia y protección del gobierno a esos “infractores”. Ya es tiempo de que el gobernador Aureoles de una cernida a su gabinete de seguridad y corporaciones de inteligencia, los primeros por cómplices algunos, otros por tolerantes y a los terceros por no aplicarse a fondo en las investigaciones y omitir informar la realidad de la entidad, pero particularmente sancionar a quienes nos dejaron un estado saqueado, endeudado y convulsionado.