SINOPSIS POLITICA 1094

 

EL PEZ POR SU HOCICO MUERE

Todo transcurría placenteramente para nuestro ex presidente municipal, Juan Carlos Campos Ponce, disfrutaba de una vida de ensueño a costa de las decenas de millones de pesos sustraídos a los zitacuarenses. Ese bestial saqueo le ha permitido habitar en la zona más lujosa, exclusiva y cara de la capital del estado, “codearse” con los de su calaña y convivir con las personas más acaudaladas de Michoacán, dedicándose a lo que más le fascina: la disipación y la parranda, por ello se mandó hacer sus propios bares, poniéndole a uno precisamente “La Parrandera”.

Favorecido con la corta memoria y escasa dignidad de los pobladores del municipio al que robó, con el paso de los días ese recuerdo negativo se venía diluyendo; mientras que el ex alcalde se preparaba para regresar por más, realizando labor social en comunidades y colonias populares, enviándoles pipas con agua, distribuyendo despensas y asistiendo a modestas fiestas familiares a hogares humildes, se allanaba el terreno para otra candidatura, fortaleciendo los lazos que lo unen a sus simpatizantes.

Luego de sus baños de pueblo, Campos Ponce regresaba a Morelia, donde nada perturbaba su estilo de vida, combinado entre play boy y magnate. Pero esa imprudencia que lo caracteriza y la facilidad con la que suelta la lengua, hábitos que lo han distanciado de socios, aliados y amigos, se impuso, volviéndole a enganchar en dimes y diretes, olvidando que ya no tiene el poder público, ni dispone del dinero de los contribuyentes para contratar espacios y tiempos en medios de comunicación para calumniar, ni sus aliados de la maña poseen la capacidad operativa para intimidar.

Abusando de su frivolidad, Campos Ponce acudió a un medio de comunicación para afirmar que en su gobierno no hubo nepotismo, que él es inocente de todo lo que se le acusa, que tiene pruebas para demostrar su candidez, retando a las autoridades fiscalizadoras para que exhiban evidencias que lo incriminen y hasta amenazó con actuar jurídicamente en contra de quienes le  hacen imputaciones.

Dicho descaro indignó a quienes todavía poseen decoro (y además valor para encarar a delincuentes); por lo que, ante la ausencia de autoridad, tuvo que ser un ciudadano el que asumiera la responsabilidad cívica de todos los zitacuarenses para denunciar penalmente a Juan Carlos Campos Ponce, ex presidente municipal; a la ex presidenta del DIF, Patricia Ramírez del Valle y al ex director de obras públicas, Joaquín Campos López.  A todos se les acusa por la presunta comisión de los delitos de desviación de recursos, peculado, enriquecimiento ilícito y los que resulten.

Extraño resulta no se haya incluido en la relación de denunciados al ex tesorero, Alfredo Kury Mendoza, como principal depositario y administrador de las finanzas públicas; ni al sindico Fernando Terán Huerta, como responsable del patrimonio municipal. No obstante, se deduce que al respecto puedan darse acuerdos con algunos infractores, para que a su vez estos contribuyan proporcionando información, pero ello no los eximirá de responsabilidad penal, sólo se podría ser un tanto condescendientes con ellos. En situación de similar de culpabilidad se encuentran los regidores, que todo lo aprobaron, conscientes de que en muchos casos se trataba de ilícitos.

El cinismo de Juan Carlos Campos no tuvo límite cuando aseguró que en su gobierno no existió nepotismo, pues todos sabemos y nos consta que José Luis Ramírez del Valle es hermano de su esposa  (ex presidenta del DIF) y durante su mandato fungió como Director de Servicios Públicos municipales y un hijo de José Luis, sobrino de Campos, laboró como encargado del relleno sanitario, cuando este era explotado por “los innombrables”. Un sobrino de la esposa de Campos cobraba en la nómina del DIF, otro hijo de su hermano (del entonces alcalde) lo hacía en la presidencia. Mínimo son ocho familiares directos los detectados a la fecha, sin indagar mucho y sin incluir los parientes y amigos cercanos que infiltró, con la ayuda de su ex compañero legislador, José Luis López Salgado, en la Auditoría Superior de Michoacán, para que le encubrieran sus tropelías.

Aunque no es la primera vez que se le denuncia a Juan Carlos Campos, si es la primera ocasión que se actúa por la vía penal en contra de un ex presidente municipal de Zitácuaro. Si bien es cierto que la mayoría (si no es que todos) de los mandatarios de nuestro municipio han perdido la decencia  (si alguna la vez la tuvieron) y se apropiaron de bienes ajenos confiados a su custodia y administración, también es verdad que ninguno resultó tan hambreado y descarado.

Con la reciente denuncia, presentada por el abogado Marcos Joel Vera Terrazas, suman ya tres las querellas contra Campos Ponce; la primera, promovida por el empresario de la construcción David Fraga por enriquecimiento ilícito; la segunda, por el Sindicato Único de Empleados Municipales, que imputan al ex alcalde la comisión de los delitos de peculado por haber “desaparecido”, distraído o robado más de ocho millones de pesos que los trabajadores aportaron para pagar las cuotas del ISSSTE.

Ambas, desde hace meses duermen el sueño de los justos en la Fiscalía Regional de Justicia, donde se hizo hábito aceitar con dinero a la autoridad investigadora para que actuara y como el dinero existe abundantemente en la parte denunciada, por obvias razones las dos denuncias están en la congeladora.

Coincidentemente las anteriores acciones legales también fueron emprendidas por el abogado Vera Terrazas (aunque no nos agrade el comentario, pero todo indica que es el único o de los poquísimos con valor civil en el pueblo; pues todos somos guerreros de face, críticos de café, pero ninguno actúa, menos se expone desenmascarando a poderosos criminales y exigiendo se les aplique la ley).

Joel Vera es consciente de la flexibilidad de la ley y de la tolerancia de los que la aplican, cuando su acción coercitiva se dirige a políticos y/o personas con poder financiero… y Campos Ponce reúne ambos poderes: político y económico, además de la protección de los dueños de su partido (PRI); luego entonces,  él sólo poco o nada podrá hacer en contra del infractor número uno de Zitácuaro, por eso ha solicitado a todos habitantes que se sumen a la denuncia, acudiendo a la fiscalía a ratificar la querella o bien, presentando cada ciudadano otra denuncia, por hechos diferentes que les consten. Se requiere actuar, salir de la zona cómoda, dejar de ser meros espectadores.

CAMPOS PONCE NO PISARÁ LA CÁRCEL

No es mi deseo ser pesimista, pero la experiencia nos ha enseñado que las leyes se aplican para reprimir a los jodidos, marginados e indefensos y proteger a los poderosos. En tanto que la justicia es una prostituta demasiado cara, que vende sus favores al mejor postor. Luego entonces no será fácil ver tras las rejas a tan infame ladrón, máxime que los dueños de su partido ya están buscando la forma de exonerar a los de su especie.

Son varias las opciones que Juan Carlos Campos tiene para no ir a prisión y continué disfrutando el botín, producto del hurto:

  1. Que los políticos de su partido, que siempre lo han protegido y permitido sus abusos, presionen para que no se le toque, chantajeando con exhibir y denunciar a otros ex alcaldes del partido que gobierna y obligar a canjear bandidos por delincuentes, otorgando impunidad a ambos bandos.
  2. Otra alternativa y que ya está proponiendo el grupo parlamentario del PRI en la cámara de diputados, que encabeza el ex dirigente nacional del tricolor, César Camacho Quiroz, es que se otorgue el perdón a los servidores públicos que hayan cometido desvíos de recursos. Propuesta que podría proceder, pues la ley contempla en algunos delitos de tipo patrimonial otorgar el perdón a los transgresores y el regreso de los más de 200 millones saqueados contribuiría considerablemente a mitigar la asfixiante situación económica del municipio, pero el costo social sería incuantificable, pues se continuaría fomentando la rapiña.
  3. Otra opción sería que se aplique la ley de manera inflexible, con todo rigor, que se investigue escrupulosamente y se haga justicia, empleando castigos inclementes a los ladrones, de tal manera que sirva de ejemplo, sentando un precedente que obligue que tanto las presentes, como futuras administraciones reflexionen antes de desviar bienes públicos o robar los recurso de la colectividad. Esa acción, de aplicar la norma con fidelidad, ayudará también a que el ciudadano intente creer en las instituciones y fortalecerá el concepto de autoridad.

EL DESORDEN LO GENERAN LOS RESPONSABLES DE LA SEGURIDAD

No obstante los discursos triunfalistas del gobierno y las buenas intenciones en materia de seguridad, para muchos ciudadanos zitacuarenses se continúa en retroceso. Es cierto que ya no se han suscitado o no se han difundido ejecuciones masivas, ni noticias de descuartizados; y, al menos en la región oriente, todavía no se detectan células del crimen organizado. Pero lo más grave ahora, es que las conductas criminales no provienen de los grupos delictivos tradicionales, si no de las autoridades, de las corporaciones encargadas de velar por la seguridad, tranquilidad e integridad de la población.

En la actualidad es la policía municipal la que por negligencia, acción u omisión, de manera culposa o dolosa, permite o provoca la muerte de ciudadanos detenidos por faltas administrativas, prácticas que son solapadas por los superiores jerárquicos y otras autoridades que, para obstruir la acción de la justicia, alteran, borran y ocultan evidencias.

Otros funcionarios estatales, que son detenidos en flagrante comisión delitos (portación y disparo de arma de fuego), son dejados en libertad, luego de incurrir en más conductas antisociales, como la usurpación de funciones (al ostentarse como escoltas del gobernador) y tráfico de influencias.

Este tipo de funcionarios de inmediato deberían ser cesados y puestos a disposición del ministerio público, ya que no tienen aptitud siquiera para ser policía municipal, mucho menos escoltas de un gobernador. Se trata de sujetos que no pasarían un examen de control y confianza, son personas con patologías y resulta sumamente peligroso depositar un arma en sus manos.

A otros servidores públicos les gana el protagonismo, no dimensionan la responsabilidad del cargo encomendado y se trastornan, creyendo que el hueso es para presumirlo y no para ejercerlo con la seriedad y el compromiso que amerita.

El día que se llevó a cabo la exposición de artesanías elaboradas por los internos  de los ceresos, los directivos de la cárcel local llegaron con exceso de ostentación, escoltados por dos patrullas de la policía estatal y obstruyendo vialidades; como si se tratase de personalidades que por su capacidad, esfuerzo y entrega merecieran que la sociedad hiciera algún sacrificio para la comodidad de ellos.

Pero no, ni había necesidad de sacrificio, ni se trataba de personas con esas aptitudes; pues de serlo, serían humildes, como lo demostró otro zitacuarense, también director de otro cereso, pero más grande y por consiguiente con mas carga de trabajo y responsabilidad, quien llegó sólo y caminando, sin tanto alarde.

 

 

 

  

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