SINOPSIS POLITICA 1095

RÁPIDAS Y RÍDICULAS OBSERVACIONES HACE LA AUDITORIA A CAMPOS Y SOCIOS

Exactamente una semana después de la denuncia penal presentada por un grupo de ciudadanos en contra del ex alcalde Juan Carlos Campos Ponce y coacusados, de inmediato la Auditoria Superior de Michoacán (ASM) notificó, el pasado dos de mayo, a 18 ex servidores públicos, incluidos el ex presidente, ex tesorero, ex director de obras públicas, ex contralora, ex sindico y ex regidores (omitieron a la ex presidenta del DIF y hoy regidora, pero integraron al primer tesorero, Enrique Antonio Sandoval Gutiérrez) auto de inicio del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades y fincamiento de sanciones, como resultado de la auditoría financiera practicada al ayuntamiento de Zitácuaro, respecto al ejercicio fiscal 2013, donde se derivan “presuntas” responsabilidades por la cantidad de 24 millones, 305 mil, 235 pesos; atribuibles a todos los sujetos señalados, a quienes se les cita a presentar las pruebas que “aclaren” tales observaciones, el día 31 de mayo, del año en curso, a las 9 de la mañana, en la capital del estado.

Todo este trámite supone estar bien e indica que ahora sí la ASM trabajará o al menos intenta simular que lo hace, creando cortinas de humo para mitigar la (inexistente) presión social o silenciar criticas; a pesar de ser excepcionalmente pocos los ciudadanos preocupados por el tema del descomunal y descarado saqueo del dinero de los zitacuarenses.

Lo que resulta irrisoria, una burla a la inteligencia de los ciudadanos, es la cantidad “observada”, que los funcionarios señalados podrán demostrar donde y en que se aplicó ese recurso de los 24 millones de pesos.

Esa observación resulta grotesca, insultante e increíble, por lo siguiente:

José Luis López Salgado, titular de la ASM y su costoso equipo de auditores y colaboradores, en más de tres años de trabajo sólo logró identificar irregularidades por 24 millones de pesos; cuando, durante los 25 días que duró la entrega recepción, la Contraloría municipal actual detectó “inconsistencias financieras” o posible robo, por alrededor de 200 millones de pesos, de sólo los últimos ocho meses del ejercicio fiscal del 2015.

Nada más por citar un ejemplo, para no entorpecer u obstruir el curso de las investigaciones, pues las pruebas son abundantes, de la obscena y burda forma de apoderarse del patrimonio de los zitacuarenses:

Cuando el metro cúbico de concreto premezclado costaba mil doscientos pesos (IVA incluido), se detectó que la administración municipal de Campos Ponce adquirió del proveedor Roberto M la cantidad de 9 mil 205 metros cúbicos de dicho material y lo pagó a mil 810 pesos, infiriendo en ello un sobrecosto de 610 pesos por metro cúbico de concreto; lo que significa que se pagó a Roberto M, sin justificación alguna, un importe por concepto de sobre costo de 5 millones 615 mil pesos.

En otra acción, al mismo proveedor Roberto M, por asignación directa se le adjudicó una obra por más de 26 millones de pesos, los que Roberto M cobró, pero esa cantidad más tarde fue depositada a la cuenta personal de un alto funcionario municipal, de quien Roberto M a resultado ser empleado en una empresa particular dedicada a la construcción. Es decir, en sólo dos acciones y un mismo proveedor se cometieron “irregularidades” por más de 30 millones de pesos y en ocho meses se observaron alrededor de 200 millones, resulta inverosímil que en el 2013 sólo se estén observando 24 millones.

Además no existe evidencia de que se hayan fiscalizado los recursos municipales, como las cuotas que recabó el DIF y nunca reportó. Todo esto debe alertar a los zitacuarenses, frente a la posible pretensión de omisiones, negligencias y otras triquiñuelas que tengan el objetivo de seguir protegiendo a los ladrones que saquearon e impidieron el desarrollo del municipio, no así el progreso de las finanzas personales de todos los aludidos y sus protectores, incluidos funcionarios de la ASM, quienes también deben ser investigados.

Al respecto, difiero radicalmente con la posición del presidente municipal, Carlos Herrera Tello, cuando afirma que de resultar culpables los acusados de estafar al pueblo de Zitácuaro, no le interesa verlos en la cárcel, que sólo pediría que regresen el dinero para beneficio de los ciudadanos.

Es cierto que el dinero que se robaron hace falta para resarcir algunos daños ocasionados con la rapiña, como el pago a proveedores reales y de buena fe (que deben ser muy pocos), concretar las obras pendientes y prometidas, liquidar deudas, robustecer las finanzas municipales, entre otras acciones de beneficio colectivo; pero también es importante que las autoridades sean escrupulosas en las investigaciones, sobre todo implacables en la aplicación de la ley, castigar de manera inflexible, con ello se estaría combatiendo la impunidad y lo más importante: sentar un precedente para que tales conductas sean inhibidas, combatiendo con ello la corrupción y que los presentes y futuros servidores públicos sean más moderados con los bienes ajenos.

Y no coincido tampoco con el alcalde Herrera Tello, porque esa benevolencia está afectando la conducta de los servidores públicos contratados por la propia administración que él encabeza; primero, se descubrió en su gobierno a un grupo de inspectores que exigía a comerciantes dinero a cambio de permitirles realizar sus actividades y prometían licencias para venta de vinos y giros rojos…y sólo fueron despedidos, no se les puso a disposición del ministerio público, acusados de asociación delictuosa, extorsión y los delitos que resulten…

Como a los primeros infractores no se les encarceló, surgió un segundo grupo, ahora de “coyotes”. Se trata de trabajadores de la oficina de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes negaban el servicio de trámite de pasaportes a los ciudadanos, para posteriormente ofrecerse ellos mismos como gestores a cambio de dinero que exigían a los solicitantes de dicho servicio.

Gracias a las denuncias de las personas afectadas estos ladrones  fueron descubiertos y también-según la autoridad- se les despidió, para que sigan delinquiendo en otro lado, pero tampoco se dio vista a la fiscalía, para que integrara la respectiva carpeta de investigación y los consignara a la autoridad judicial.

Considero que si los ciudadanos no se atreven a denunciar directamente ante la Fiscalía Regional de Justicia, por temor o considerarlo pérdida de tiempo, la autoridad respectiva, en este caso la municipal, concretamente el director o responsable del área donde se labora o se delinque, debería hacerlo, para deslindar responsabilidades, ya que no resulta descabellada la posibilidad de que los superiores jerárquicos también se encuentren involucrados en esas redes de corruptelas.

Tácticas similares, de investigación y puestas a disposición ante la fiscalía, deben practicarse también en la ofician receptoras de rentas, donde abunda el “coyotaje” y tráfico de influencias. Es tiempo de que se note ya ese Nuevo Comienzo, de exterminar  esas conductas tan viciadas, hijas del priismo más recalcitrante y amablemente acogidas y perfeccionadas por sus sucesores.

PD: A los políticos hay que cuidarles las manos, no la bragueta.

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