SINOPSIS POLÍTICA

Por: J. Salatiel Arroyo Zamora

SÍ HAY ACTOS TERRORISTAS EN MICHOACÁN

Para la Organización de la Naciones Unidas (ONU), terrorismo implica la intimidación o coerción de la población o gobiernos mediante la amenaza o la violencia. Es la dominación por el terror, la sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror y la actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común, de modo indiscriminado, pretenden crear alarma social.

Desde hace casi dos décadas, los michoacanos hemos estado experimentando esa sensación de sobresalto permanente, al que la inmensa mayoría se ha ido acostumbrando, pero no por ello dejan de estar presentes. Al contrario, los actos terroristas se intensifican, convirtiéndose en parte de la rutina, en actividad primaría de financiamiento de organizaciones delictivas, causa principal de inhibición de inversiones y evasión de capitales.

En todo el territorio nacional se ha vuelto habitual que grupos criminales, en las disputas de territorios, manden mensajes intimidantes a sus adversarios, ejecutando tácticas cargadas de extrema violencia. Mensajes que también son enviados a las poblaciones, que luego son esquilmadas con el cobro de cuotas. Bajo la amenaza de ser inmolados si no contribuyen con la aportación respectiva. 

La situación se agrava cuando en determinado territorio hay más de un grupo, pues la ciudadanía tiene que sufragar triple tributación: al estado mexicano para que le proteja y a los grupos para que no le causen daño. El problema es que la doble aportación puede incomodar a uno de los grupos, o a ambos, que, con ese pretexto, atentarían contra el patrimonio e integridad del contribuyente y su familia.

El pasado fin de semana tres bares de Morelia, ubicados en la zona comercial de mayor plusvalía de la capital del estado y por ello, presumiblemente la más segura, fueron incendiados. Acción que generó todo tipo de reacciones y especulaciones, respecto a las causas: Qué si los propietarios o administradores andarían en “malos pasos”, que tal vez se trata de lugares con inversión financiera de origen dudoso, que probablemente se incendiaron para cobrar el seguro… entre otras imputaciones, que normalmente tienen el propósito de distraer la atención del público para ocultar o minimizar la gravedad de la situación, criminalizando a las víctimas. 

Pero a las pocas horas del suceso se difundieron videos de como sujetos armados sacaban a las personas de los bares para rociar gasolina y lanzar bombas molotov para incinerar los establecimientos. 

Ante las evidencias, la Fiscalía General del Estado declaróque se trataba de actos terroristas, pues informó la existencia de varios elementos o supuestos que configuran el delito de terrorismo, conducta contemplada y sancionada en el Código Penal Federal, por lo que se haría un desglose a la Fiscalía General de la República. 

Por su parte, la reacción del gobierno del estado fue de insultos y agresiones, pero en contra de las víctimas y a la inteligencia de los pobladores. Jamás en perjuicio de los transgresores de la ley. Además del reparto de culpas con el ayuntamiento de Morelia, municipio donde ocurrieron los hechos, que son de competencia federal la persecución de dichos delitos.

Primero, a manera de reproche, el gobernador exhortó a los propietarios de los bares incinerados acudir a denunciar los hechos. Lo que jamás sucederá, y nadie en su sano juicio se atrevería a solicitar algo así, sabiendo que estaría induciendo a un daño mayor a los afectados y sus familias.

Resulta obvio que los agresores enviaron un mensaje, en un país, estado y municipio donde las garantías elementales del ser humano han sido canceladas, el estado de derecho está pulverizado, la gobernabilidad institucional no existe y la “ley”, la aplican los grupos armados que dominan los territorios y mantienen a su servicio a todas las corporaciones de seguridad. Bajo esas circunstancias, sólo un suicida se atrevería a denunciar, sabiendo que funcionarios y criminales son lo mismo, y estaría entregandosu vida y la de su familia a los delincuentes, de fuera y dentro del gobierno.

Mientras el Secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, negó se tratase de actos terroristas, acusando de informaciones alarmistas y desproporcionadas, exhortando a no desinformar. Posteriormente iniciaron acciones ofensivas en contra del gobierno municipal de Morelia, en tanto el responsable de la prevención de los delitos en el estado, continúa permitiendo se presione al personal de la SSP para que difundan su imagen de manera positiva, haciendo cometarios aduladores y dando link a sus publicaciones en Facebook.

Pero, nadie parece darse cuenta que se está presionando,desde el interior del gobierno del estado (por negligencia o dolo), la prematura salida de Alfredo Ramírez Bedolla del ejecutivo estatal. Sus colaboradores, responsables de las áreas más sensibles de la administración pública en materia de seguridad, actúan como si desconocieran el carácter iracundo, revanchista y sus repentinos cambios extremos de estado de ánimo del presidente de México, que jamás asume culpas y con tal de mantener incólumes sus falacias e hipótesis, es capaz de sacrificar a cualquier seguidor, subordinado y aliado.

Ya son varias tragedias que demuestran la ingobernabilidad institucional en Michoacán, el imperio de la anarquía y la ausencia absoluta del estado de derecho, como consecuencia de la ineptitud gubernamental y complicidad de funcionarios con cabecillas criminales: Todavía no se cumple un año que un grupo armado asesinó a 20 personas en un palenque en Zinapécuaro; pero antes, el 27 de febrero, alrededor de 17 personas fueron formadas y “fusiladas” por pistoleros en San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos; y a principios del 2023, el 22 de enero, un comando armado irrumpió en un palenque en el municipio de Jungapeo, acribillando a los asistentes, desconociéndose con certeza el número de víctimas mortales.

Entre otros eventos trágicos, suscitados durante el tiempo que lleva la presente administración estatal que, aunque ha tomado el control del consejo político de su partido y la dirección estatal del mismo, la base social de dicho instituto político no ha terminado por aceptar el liderazgo del gobernador, menos se entregarán a su dominio cuando han descubierto que los mejores cargos en el gabinete fueron repartidos a los caciques del PRI, ex perredistas oportunistas y a muchos arribistas, quedándose Ramírez Bedolla sin base social que respalde sus políticas públicas, mientras la distancia entre la retórica de su gobierno y la realidad que padecen los michoacanos, se vuelve cada vez más extensa. 

Tal vez el gobernador lo ignore, pero su posición como mandatario estaría en riesgo, si estuviera en otros tiempos: con “gobiernos del pasado”, seguramente ya lo hubieran llamado a rendir cuentas, bajo el apercibimiento de corregir y reivindicarse o asumir las consecuencias del 33 Constitucional, sin ser extranjero.

Posiblemente en palacio nacional se analice alguna salida política al desastre en materia de seguridad que se agrava en Michoacán, que es especialmente delicado por la forma en la que Alfredo Ramírez Bedolla obtuvo la gubernatura, apoyado por grupos armados, que en municipios de tierra caliente coaccionaron a los funcionarios electorales y ciudadanos votantes, registrándose casillas cuya cantidad de sufragios superó el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral y dónde ni siquiera los representantes de los partidos de oposición votaron por su candidato. 

Por eso, los “poderes fácticos” se cobran los favores, operando de manera libre y abierta por todo el territorio estatal: en Zamora, Jacona, Uruapan y Morelia, todos los días se suscitan múltiples ejecuciones…. Zitácuaro, dice el gobierno estatal que es la excepción, pues se trata “del único municipio en Michoacán que cumple al 100% con el estándar establecido por el Sistema Nacional de Seguridad Pública… y, como cada vez que a un político o funcionario se le va la lengua, la realidad le contradice de manera vergonzosa (si tuvieran pudor) y el mismo día de esa declaración, por la tarde, es el municipio de Zitácuaro (en Aputzio de Juárez), hubo enfrentamientos entre grupos antagónicos, con un saldo preliminar de dos muertos y alrededor de 11 heridos, entre estos tres policías: un municipal, un estatal y un federal. 

Aunque la cifra real de las víctimas mortales no se conocerá jamás, pues las “autoridades” acostumbran minimizar esos acontecimientos y los grupos en pugna se llevan los cuerpos de sus compañeros.

Bueno, ni siquiera Paracho, la tierra del jefe del gabinete de seguridad, el Secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, se respeta. El Colegio de Abogados de Michoacán, delegación Uruapan, alertó a sus agremiados (el pasado miércoles), del grave riesgo que representa transitar por el tramo carretero Uruapan-Paracho, a la altura del poblado de Capacuaro, dónde en los últimos días se han registrado más de 10 robos de vehículos a mano armada, además se ha comenzado a dañar la integridad de las personas, ya que la semana pasadahubo una violación sexual. Mientras tanto, los funcionarios de primer nivel se enfocan en el posicionamiento de la imagen para allanarse el camino a alguna candidatura y en infantiles controversias con sus presuntos adversarios políticos.

Otra tragedia dolorosa, suscitada durante la presente administración, es el vil y cobarde asesinato del periodista zitacuarense Armando Linares López, crimen, que igual a la inmensa mayoría de los motivados desde la tribuna de palacio nacional, continúa impune. A pesar de estar supuestamente identificados los autores materiales -no así él o los intelectuales-. Tampoco se ha esclarecido el móvil del crimen. Ni siquiera a la familia se le ha brindado apoyo, a pesar de que Linares López perdió la vida informando a la sociedad con veracidad y valentía. 

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