SINOPSIS POLÍTICA 1127

SOLUCIÓN A LA CORRUPCIÓN

Para nadie es desconocido que la impunidad, que protege e incentiva a la podrida clase gobernante, es la causante del desastre financiero y miseria que padece la nación.

La ineptitud y voracidad del gobierno peñista ha empeorado el hartazgo popular, llevándolo a condiciones desesperantes, acompañado del creciente clamor de un cambio radical del régimen, que modifique la totalidad del sistema político mexicano; pero particularmente que modere la conducta de rapiña de mandatarios, representantes populares y funcionarios públicos.

En nuestra anterior entrega se aclaró que la solución a la asfixiante problemática, que cada día aplasta más a nuestro municipio (Zitácuaro), al estado y al país, no está en los bloqueos de vialidades, ni en la toma de edificios públicos; menos en saqueos de mercancías de empresas trasnacionales que también nos han pillado, no podemos incurrir en prácticas que afectan e incomodan a sectores aliados, ni en actos que condenamos y que dan oportunidad al gobierno para denostar los movimientos ciudadanos, infiltrando mercenarios que causan desmanes.

Tampoco la respuesta se encuentra en una guerra de guerrillas, que sólo serviría para desahogar frustraciones y saciar sentimientos de revanchismo y venganza; en cambio enfrentaría al pueblo contra el pueblo, al soldado y policía de abajo (a la tropa), con el ciudadano jodido, mientras los poderosos permanecerían inmunes y burlándose.

Ante el hartazgo popular angustioso, por la corrupción e impunidad, que vuelve al poderoso más acaudalado a costa de la miseria de la mayoría, que cada día tiene menos posibilidades de sobrevivencia, tal vez ayudaría un poco el boicot, el no pagar impuestos; así como la revolución pacífica, que algunos ya pusieron en marcha para “Cheranizar” México, expulsando a los partidos políticos de nuestros territorios y enviando a la cárcel a los mandatarios ladrones. También se ha corroborado que los partidos políticos son parte del problema, no de la solución.

No ha existido, ni se ha descubierto algo que impida o detenga las ansias de los políticos, gobernantes, legisladores y funcionarios por robar los bienes nacionales, estatales y municipales. Se han diseñado “filtros” legislativos, se han puesto en práctica “candados” legales; pero no ha habido nada, ni el endurecimiento de las penas, mucho menos las exhortaciones a la cordura, que impida la corrupción e inhiba el saqueo despiadado de los recursos públicos.

“Y, ¿Ustedes que harían?”

Preguntó Peña Nieto para justificar su decisión (autoritaria y devastadora) de subir los precios a las gasolinas.

La respuesta y parte de la solución es sencilla: que dejen de robar.

El segundo paso sería recuperar lo robado, que los ex mandatarios y gobernantes en funciones sean forzados a entregarse o se les capture y obligue a regresar hasta el último centavo (e intereses) distraído o hurtado.

Posteriormente ejecutar una estricta austeridad gubernamental, no debe el empleado ganar más que el patrón. El mandatario debe vivir en las mismas condiciones de la mayoría, no más gobernantes acaudalados a costillas de los contribuyentes. Que disminuyan el consumo de combustibles, número de vehículos ostentosos, celulares, guaruras, comidas en restaurantes de lujo, que se alimenten en la fonda del mercado o les pongan sus tortas, como lo hacemos la mayoría.

Los lujos, son para la clase emprendedora, que arriesga su capital, entrega su esfuerzo, capacidad, creatividad, visión y talento en acumular bienes materiales. No para quienes dicen consagrar sus vidas en servir a los demás.

Que disminuyan las costosas giras y los gastos, innecesarios, en escenarios donde se presentan los titulares de los poderes ejecutivos de los distintos niveles, que sólo sirven para representar ridículas obras de teatro; donde, incluso obligan a los demás integrantes del presídium a vestir similar que el “jerarca” invitado, mismo color, con o sin corbata, entre otras ridiculeces que poco o nada tienen que ver con las funciones de un estadista, sino de vedettes y que sólo se aprovechan para alimentar la ya de por si exagerada egolatría de los políticos. La honradez y austeridad deben demostrarla y practicarla ellos, no nosotros.

Que las obras y acciones de gobierno sean consultadas y consensadas con los directamente afectados, eliminar y en su caso castigar las edificaciones e inversiones que sólo tienen el propósito de “distraer” o “desviar” el dinero o de favorecer con el mismo a empresas afines.

PENA CAPITAL A POLÍTICOS CORRUPTOS

Como los gobernantes, ex mandatarios y funcionarios públicos jamás aceptarán que son ladrones, ni se entregarán a la justicia, mucho menos devolverán lo que han saqueado, quedan dos alternativas:

A) Aplicación de la pena capital por traición a la patria, que el titular del poder ejecutivo exhorte a los demás poderes (legislativo y judicial) para atribuir facultades al ejército mexicano y este ejecute por traición a la patria a quienes así lo han hecho, saqueando los bienes de la nación y traicionando la confianza en ellos depositada a través del sufragio.

B) Golpe de estado, que ante el irrefutable y rotundo fracaso del titular del ejecutivo nacional, el ejército mexicano tome las riendas del poder y enjuicie a los corruptos y criminales saqueadores, con la aplicación de penas ejemplares, que incluyan la pena capital.

Evitar la cárcel para la clase política, pues cualquiera estaría dispuesto a pasar tres o cinco años en prisión a cambio de 50 o 500 millones de pesos hurtados (o hasta menos, si se incluyen gastos de defensa, sobornos y diezmos), aun así quedaría una cantidad que jamás lograrían acumular trabajando honradamente.

Mientras que en prisión, con ese dinero y las relaciones de complicidad con el poder público (influencias), gozarían de todos los privilegios, sería como estar de vacaciones y seguirían de parásitos, siendo una carga para el estado, que somos todos (población, territorio y gobierno).

1.- Si lo anterior no sucede o no funciona, que la sociedad se organice en brigadas clandestinas de ajusticiamiento y elimine a los traidores, previos juicios sumarios, donde se les demuestre que traicionaron al pueblo que confió en ellos llevándolos al poder.

2.- Que los restos de los corruptos, criminales y traidores, sea expuestos en las plazas públicas, acompañados de las advertencias de que lo mismo sucederá a quienes en lo sucesivo se conduzcan igual, ultrajando al pueblo y mancillando su voluntad.

JUAN CARLOS CAMPOS, UN EJEMPLO DE LA CONFUSIÓN Y RESIGNACIÓN CIUDADANA

Aunque las anteriores opciones son las únicas que nos quedan, para quienes se echarán a cuestas esa misión no será fácil concretarlas. Pues somos un pueblo confundido y resignado.

Por ejemplo, es común que los políticos ladrones no sean castigados, lo cual no significa que sean inocentes, más bien quiere decir que cuentan con la protección cómplice de los de su calaña, otros funcionarios públicos igualmente corruptos. Esto genera desconfianza ciudadana en los órganos fiscalizadores, como lo es el Congreso del estado; donde, por cierto, en el juicio político que se le sigue a Campos, no se aceptó como prueba un peritaje fonológico, que tenía la finalidad de certificar que la voz de un sujeto que afirma colaboraba con el crimen organizado, proporcionándoles dinero del municipio, es la misma voz de quien gobernó Zitácuaro.

El mismo legislativo ordenó a su área jurídica que no se reuniera, ni dialogara, con las partes en pugna: el ciudadano que denunció y el político denunciado, para que no se vaya a interpretar parcialidad en el trabajo del poder legislativo local.

Lo cual resulta estúpido, comparar a un ciudadano común (sin el poder político ni económico de un ex mandatario ladrón), que sólo busca sea transparentado el uso de los recursos públicos y además realiza el trabajo que deben hacer precisamente nuestros representantes populares, con un ex presidente municipal, que también fue diputado y dejó relaciones dentro del congreso local.

Ojalá los miembros de las Comisiones que conocen del juicio político que se le instruye al ex alcalde, Juan Carlos Campos Ponce, no se vendan, porque el dinero afloja más que el cebo y 10 o 15 millones de pesos bien pueden ser utilizados para financiar campañas a la alcaldía o legislatura federal…y sobra…

Que después no quieran confundir culpando deficiencias en el proceso, pisoteando el trabajo de los ciudadanos demandantes, que están arriesgando la vida al atreverse a denunciar criminales. Pruebas hay más que suficientes para mandar a muchos a la cárcel y más evidencias aparecerán, que inculparán al mismo titular de la Auditoria Superior del Estado.

El señor ex presidente está en todo su derecho de defenderse, de comprar a quien quiera prostituirse y emplear las tácticas que mejor resultado le proporcionen, repartir migajas para reestablecer su base social y hacer presión, seguir mintiendo y engañando, jodidos serán los que le crean y ni estos, porque los respalda el desconocimiento, la ignorancia de la realidad política y la confusión en la que viven.

Para demostrar dicha confusión le informo que, el pasado lunes, en Ciudad Hidalgo, encontré a una pareja de esposos oriundos de Zitácuaro, concretamente de El Aguacate, quienes habían acudido a dicha población en busca de atención médica para su menor hijo (que los acompañaba), quien se había fracturado un brazo y en el hospital regional de su pueblo natal –Zitácuaro- no encontraron la asistencia médica que el niño requería, ya que se carecía de un especialista en traumatología o no estaba o no los quiso atender, tampoco había anestesiólogo, ni funcionaba la máquina de rayos X, por eso mejor decidieron gastar y desgastarse trasladándose a Ciudad Hidalgo, a donde partieron de madrugada.

Pero al realizar un sondeo de opinión entre los pacientes del hospital regional respecto a cómo es la atención médica, hubo quienes la calificaron de buena y hasta se atrevieron a agradecer a quienes tienen la obligación de servirles con eficiencia y amabilidad, pues para eso se les paga.

En concreto, la gente está confundida, sigue agradeciendo tener empleados mediocres. Los que deben sentirse gratificados son los servidores y funcionarios públicos, por tener la fortuna que la población los contrate y ocupe, no al revés.

Por ello se entiende que acepten migajas de los bienes municipales saqueados y que haya incluso quien defienda al ladrón y agreda a quienes exigen transparencia, honestidad y justicia, pues existe desconocimiento y hasta confusión de valores. Pero ello, la ignorancia, no exime de responsabilidad a nadie.