SINOPSIS POLITICA 18/01/2020

                            SE DESCUBRE COMPLICIDAD DEL ESTADO PARA PROTEGER A CAMPOS PONCE

 La alianza y sociedad de Juan Carlos Campos Ponce con las más altas esferas del poder político de Michoacán no es nueva. Esa complicidad proviene de hace décadas, cuando todos ellos eran adolescentes, condiscípulos de escuela algunos y aficionados al voleibol otros. Después incursionaron en la política (todos en el PRI), creciendo financieramente cuando Juan Carlos Campos conquistó la presidencia de Zitácuaro y compartió con sus “amigos” el botín de la alcaldía, incorporando a unos en el gabinete y favoreciendo a otros con posiciones, para que integraran en ellas a sus empleados y familiares.

 Así lo hizo con Carlos Herrera Tello, hoy Secretario de Gobierno y munícipe con licencia, a quien le entregó SAPAS, para que colocara a su trabajador Alejandro Bautista y a la hermana del hoy Secretario de Estado, entonces incipiente empresario de la construcción.

 Otro de los favorecidos, fue el principal operador político de Carlos Herrera, su compadre Carlos Hurtado Casado, a quien el tocayo de ambos: Juan Carlos Campos, designó Director de Desarrollo Social.

 Cabe recordar que, durante su primer periodo como presidente de Zitácuaro, Herrera Tello integró su gabinete con más de la mitad de ex colaboradores de Juan Carlos Campos; quienes, desde el interior de la alcaldía perredista le seguían siendo fieles al ex munícipe priista y protegían su salida. El mismo Carlos Hurtado, hoy alto funcionario de la Secretaría de Gobierno y también empresario de la construcción, benefició a la banda de saqueadores (encabezada por Juan Carlos Campos Ponce), sustrayendo de la presidencia municipal información trascendental que entregó a Campos, para desvanecer las observaciones de la ASM y fabricar elementos de defensa a favor de los infractores.

 Entre la información facilitada a los ex servidores públicos ladrones, se encuentran diversas cajas con miles de documentos, que fueron fotocopiados en las propias máquinas propiedad del municipio, cuyo monto (de las copias) asciende a más de un millón de pesos… pero Carlos Hurtado tenía que hacer el favor completo a sus socios y amigos, y no les cobró un centavo.

 Campos también favoreció a sus amigos con lucrativos negocios, por ejemplo, a Alfredo Kury, su entonces tesorero; a Alfredo Vilches, ex candidato a Diputado Local y a Carlos Herrera (hoy Secretario de Gobierno), les compró con recursos municipales un terreno, en Coatepec de Morelos, en 10 millones de pesos, cuando el valor real del inmueble en ese tiempo no superaba los dos millones. Y ahí está el predio sin ser aprovechado, obsoleta la inversión para los zitacuarenses.

 Por los motivos antes expuestos, jamás extrañó que los gobiernos perredistas de Zitácuaro y Michoacán fueran negligentes y omisos para recuperar las decenas de millones de pesos “distraídos” y castigar a los autores materiales e intelectuales del más grande robo que han padecidos los habitantes de este heroico municipio, a pesar que el poder legislativo ordenó una auditoria integral a la administración municipal presidida por Campos Ponce e inhabilitó a sus funcionarios e integrantes del cabildo, por las irregularidades encontradas y otras conductas anómalas que debía ser transparentadas.

 Pero ninguna autoridad, ni estatal ni municipal, dio cumplimiento a los requerimientos del legislativo, ni presentaron denuncias para ahondar en las indagatorias.

 Mientras la sociedad ha permanecido apática, indiferente y en ocasiones condescendiente con quienes se apoderaron del patrimonio del municipio, violentaron la ley y ultrajaron a la ciudadanía, mintiéndole de manera reiterada y ésta creyendo los embustes, acompañados de frases bien estructuradas y algunas cobijas y juguetes, adquiridos con los sobrantes o morralla, de los cientos de millones de pesos sustraídos, que utilizan para hacer creer que todavía conservan capital electoral, que usan para seguir pactando privilegios e impunidad con otros políticos ingenuos.

 En tanto la población de Zitácuaro se resiste a salir de su zona de aparente comodidad, confiando en las falacias de la clase política gobernante, protectora de saqueadores y criminales, creyendo incluso el cuento de que los “expedientes se los llevó el diablo”, difundido por el nuevo titular de la ASM, Miguel Ángel Aguirre, el mismo que tiene décadas cobrando  en dicha dependencia, traficando con influencias y empleando la experiencia adquirida para chantajear y después “ayudar” a presidentes y ex presidentes municipales y otros funcionarios a “desvaecer” observaciones administrativas.

  Así lo hizo con casi todos los ex alcaldes de Zitácuaro, desde Armando Ruiz, Campos Ponce, Silvano Aureoles, etc, que, por cierto, el consanguíneo del gran Jerjes Aguirre, es también cercano a los Carlos: Herrera Tello, Hurtado Casado, Campos Ponce… por lo que no es descabellada la posibilidad de un nuevo chantaje para despojar a Juan Carlos de un poco más de lo robado u obligar a su socio y amigo Víctor Silva (presidente del CDE del PRI) ceder a los caprichos electorales de los dueños del PRD y del (todavía), gobierno de Michoacán, para tejer alianzas ventajosas y enfrentar a Morena en la urnas.

                   FISCALÍA EFICAZ E IMPLACABLE CONTRA LOS DENUNCIANTES DE CAMPOS PONCE

 Insisto, los zitacuarenses no nada más han sido omisos para defender sus derechos y recuperar el patrimonio que les ha sido despojado, si no hasta complacientes y serviciales son con los ladrones. Bueno, ni siquiera solidarios “morales” con quienes tuvieron el valor (y los valores), para enfrentar a los poderosos y peligrosos criminales saqueadores y a sus encumbrados protectores.

 Resulta pertinente recordar que, uno o dos días antes de que feneciera el termino para actuar jurídicamente contra la administración priista de Campos Ponce, de no hacerlo ya no habría oportunidad de transparentar ese ejercicio administrativo y las irregularidades cometidas hubiesen quedado en absoluta impunidad y la población resignada al agravio y a la injusticia, un grupo de personas, no más de cuatro, encabezadas por el abogado Marcos Joel Vera Terrazas, decidió demandar juicio político contra Campos Ponce y sus colaboradores.

 La acción emprendida le ocasionó a Vera Terrazas y a los medios de comunicación que dieron cobertura a dicho acontecimiento, una escalada de descalificaciones, amenazas y agresiones, no sólo de parte de los directamente involucrados en los hechos que atentaron contra el patrimonio público, si no de las mismas autoridades, principalmente las responsables de investigar, fiscalizar y procurar justicia.

 En tanto a Campos se le protegía y sus colaboradores afirmaban que nada pasaría, porque ya tenían todo “arreglado”, al abogado Vera Terrazas, de manera ágil y con una eficacia inusitada, le integraban una carpeta de investigación. La que también, de forma diligente fue judicializada y el litigante (que logró con éxito llevar ante la justicia a una peligrosa banda de políticos ladrones) vinculado a proceso, de manera pronta, expedita e implacable. Como debe ser la aplicación de la ley, cuando se ejerce contra verdaderos criminales y no por consigna, en perjuicio de quienes únicamente luchan por la verdad, la razón y la justicia, que arriesgan su vida, sacrifican su libertad, aportan su tiempo, entregan su conocimiento, por la transparencia, la honradez y la decencia en el servicio público, para que encima reciban críticas, represión, calumnias y la indiferencia ciudadana, pues su lucha contra la corrupción es real y está demostrado.

 Nadie más ha hecho por Zitácuaro, en materia de transparencia y lucha anticorrupción, que Joel Vera y algunos medios de comunicación que lo han secundado, pero eso nadie lo nota, pues les resulta cómodo creerle a quien les reparte migajas y les endulza la oreja con mentiras bien estructuradas y magistralmente dichas. Ni la diputada federal, Mary Carmen Bernal Martínez, hoy aspirante a presidenta municipal y regidora con Campos Ponce, a pesar de que le consta lo aquí expuesto, se atrevió a confrontarse con el poder.

 Tampoco se enfrentó a la podredumbre doña Rosa María Salinas, ex candidata a presidenta municipal de morena, el partido político anti corruptos. Ella más bien estableció alianzas con los sujetos mencionados, igual que los hizo Carlos Herrera y la mayoría de funcionarios municipales y estatales actuales, tampoco los regidores presentes, ni diputados, menos los dirigentes de los partidos supuestamente opositores, llámese morena, PRD, PT, PAN, etc, nadie se quiere confrontar con el poder, menos para favorecer a los demás, pues es obvio que los objetivos que persiguen no tienen nada que ver con el combate a la corrupción, menos a favor de la honradez, eficiencia y transparencia en la función pública, si no con el poder como vehículo para apoderarse de la riqueza material a través del robo.

 Y todos ven en los cargos públicos un nicho de oportunidades de negocios y la posibilidad de lucrar. No quieren darse cuenta que serán víctimas de sus propias debilidades y que la única manera de blindarse, es siendo honestos y transparentes, ejerciendo con talento, responsabilidad y entrega sus obligaciones, respetando siempre los derechos de los demás… pero sobre todo los bienes ajenos, lo que no nos costó sudor obtener. Guiando con el ejemplo a la propia familia, para no lamentarse después cuando otros les apliquen los correctivos que fuimos incapaces de imponer en el hogar, si no fueron formados en los valores; al contrario, se les estimuló la ambición por los “éxitos” materiales sobre los morales.

  En la Fiscalía General del Estado todos metieron mano, desde los chilangos y tolucos de Alfredo Castillo, que son el verdadero poder dentro de dicha dependencia, hasta los hermanos del gobernador y sus diputados consentidos, que ven ese espacio como una manera de conservar poder extra sexenal, imponiendo en su estructura incluso a delincuentes declarados o familiares cercanos de jefes o ex jefes de plaza.

 Esta institución procuradora de justicia se ha convertido en un mercado, sometida al mejor postor, donde la ley se tuerce sin ningún rubor para imputar al inocente y absolver al culpable, de acuerdo al beneficio económico, prostituyendo la justicia como si se estuviera en un burdel. La misma otrora prestigiada unidad anti secuestros, orgullo de los michoacanos a nivel nacional, ha sido contaminada.

 Y no es con la cercanía del gabinete del gobierno del estado con la sociedad, ni siquiera con obras materiales, como se va a resolver la principal demanda de los michoacanos, que es la seguridad. Lo que urge, es exterminar la corrupción, no desviar la atención en discursos paliativos y promesas que no se cumplirán. Apremian acciones concretas, que disminuyan la violencia e incertidumbre.

 Está bien para el gobierno que el sector productivo ya se haya acostumbrado a las extorsiones, al cobro de piso, al pago de dobles impuestos: el tributo a la maña para que respete su vida y la de su familia y la contribución institucional para tener la seguridad que no brinda; pero resulta complicado adaptarse a los secuestros y ejecuciones, que no se dan ya nada más entre los integrantes de los grupos armados en pugna, la amenaza ronda a todos los ciudadanos. Hasta niños y mujeres se han convertido en victimas de la incompetencia gubernamental.

 Por falta de espacio ahondaremos al respecto en la próxima entrega…

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