SINOPSIS POLITICA 19/10/2019

                                                                        

                                               EN RIESGO LA PERMANENCIA DEL GABINETE ESTATAL

 Desde hace meses se ha estado insistiendo respecto a la pérdida de rumbo del gobierno del estado, de la ambigüedad con la que se enfrentan los problemas más graves, que laceran a la sociedad, como es la corrupción que permanece inamovible en todas sus estructuras y áreas, así como la incompetencia, en ocasiones dolosa, para encarar la creciente inseguridad e intensificada violencia.

 Se ha reiterado también como sus asesores, operadores y funcionarios ridiculizan la figura del ejecutivo estatal y permiten que él mismo, con información errónea, se convierta en el hazmerreír de sus gobernados y que la ineptitud de sus más cercanos colaboradores (que todos padecen, pero que el gobernador no percibe), esté ocasionado daños irreparables, como la pérdida de decenas de vidas humanas, por el control territorial e institucional del crimen organizado. Lo que mantiene quebrantado el estado de derecho y destrozada la gobernabilidad en la entidad. No se distinguen posibilidades de control del estado.

 Es tal el empoderamiento que se permitió a los grupos armados, que se divisa cada vez más difícil, por no decir imposible, reconstruir el tejido social y recuperar la paz. En resumen, queda completamente claro que el gobierno ha fracasado.

 La masacre, donde perdieron la vida más de una decena de policías michoacanos en Aguililla, ha reavivado la indignación e irritación social contra el gobierno (federal, estatal y municipal). Escuchar los audios, donde los elementos agredidos claman auxilio y otros lanzan desesperados lamentos mientras pierden la vida bajo una lluvia de disparos, que también se oyen, sin que nadie los auxilie: “K8, K8, de volada, por favor dense prisa compañeros” … urge un policía, mientras su compañero fallecía a su lado. En tanto, en la comodidad de un palacio nacional y en su habitual “mañanera”, un presidente dice que todos están felices, muy felices, que les manda, desde la comodidad de su entorno, el fuchi, guácala… cuando su pueblo es masacrado, asesinado.

 Mientras su Secretaria de Gobernación dice que actos como el de Aguililla son muy frecuentes en el país, se dan todos los días y a todas horas… Pero el saberlo no le devuelve la vida a esos mexicanos que sí estaban cumpliendo con su deber, a pesar de las limitaciones estratégicas y tácticas de sus mandos, y escasez de equipo con el que son enviados al “matadero”, entregados en las fauces de los desalmados enemigos.

 Esos muertos son de todos nosotros, pero sobre todo son culpa de los gobiernos que no hacen nada por apoyarlos, por mandarlos al degolladero sin protección.

 Todos somos culpables, un pueblo indolente, apático, que nada más exigimos justicia cuando se nos afecta en lo personal, una sociedad indiferente al dolor ajeno, que ha aprendido a ser insensibles y nos hemos adaptado a subsistir en el caos. Las muertes violentas ya no afectan nuestras emociones, tampoco nos sorprende lo deshumanizado de los grupos criminales, la corrupción del gobierno nos parece normal y la violencia es parte de lo cotidiano.

 Son culpables los gobiernos municipales, por estar coludidos con los grupos delincuenciales, algunos por gusto, pues buscan alianzas o protección con dichas organizaciones, a las que pretenden utilizar para capitalizar sus proyectos electorales y en ocasiones para someter a la población, aniquilar a los competidores y críticos. Otros más son forzados a contribuir con las bandas criminales, lo que de manera comedida hacen, apartándose de sus valores, pues siempre existe la posibilidad de renunciar primero al cargo, antes que a los principios, pero en estos casos es más fuerte la ambición y los valores resultan estorbosos.

 Culpable es el gobierno estatal, que, lejos de aceptar su responsabilidad, pretende deslindarse y depositarla en terceros, culpando al eslabón más débil en la cadena de mando. En este caso a los presidentes municipales, como en su momento lo hizo con el de Coalcomán, ahora lo hace con el alcalde de Aguililla. En cambio, protege a los más siniestros delincuentes infiltrados bajo sus órdenes.

 Además de delicado, es triste constatar la pérdida de respeto de la sociedad a su gobierno. Esa mofa, aunada a la incredulidad en las autoridades, se intensifica frente a las constantes mentiras de los mandatarios y sus promesas incumplidas; pero, sobre todo, las declaraciones que representan insultos a la capacidad de raciocinio de los gobernados: como esas de que la masacre de 14 policías se debió a que el municipio de Aguililla no ha firmado el acuerdo de colaboración con el estado y que la muerte de dichos elementos no quedará impune.

 Para citar nada más un ejemplo, que evidencia con claridad el nivel de falsedad de nuestros mandatarios, está Zitácuaro, tierra nativa y adoptiva de la mayoría de los integrantes del gabinete del gobierno de Michoacán y donde, el pasado mes de febrero, cinco policías municipales de Tuzantla fueron asesinados. Aquí también el gobernador prometió que ese crimen no quedaría impune, que se investigaría y castigaría a los asesinos, pero a casi un año de distancia nada ha pasado, el múltiple homicidio sigue impune.

 Promesa similar hizo cuando cuatro personas del Estado de México fueron linchadas, incineradas vivas en Crescencio Morales y aseguró que hasta los servidores públicos omisos sería sancionados. Tampoco nada sucedió que ayudara a procurar y administrar justicia, al contrario, de esos ilícitos se derivaron más, cometidos por los mismos funcionarios de la Fiscalía Regional, que fabricaron evidencias para inculpar inocentes y exonerar a los verdaderos responsables. Además, aprovecharon para arrebatar dinero a las victimas bajo la promesa de ayudarlos a evadir la comisión de un delito, que no cometieron.

 A pesar de la difusión de audios que corroboran dichas irregularidades, los funcionarios infractores continúan en sus cargos. Cobrando mayor fuerza la hipótesis de que las cupulas del gobierno venden las plazas y conservan en ellas a los subordinados más “productivos”, los que mayor capacidad de juntar dinero tienen, a través de la extorsión, venta de protección a grupos delictivos, cobro de piso, distribución de droga y cuanta actividad resulte lucrativa para los mando y campañas electorales futuras. Y si los descubren, siempre tendrán la protección de los jefes. En tanto que, quienes osen criticarlos o señalarlos, serán criminalizados. Entonces sí, para perseguir a los críticos de la corrupción, pondrán en práctica toda la pericia y contactos con el Poder Judicial para agilizar y de manera pronta, expedita y eficaz se vincule a proceso a los “incomodos”.

                                    LAS ESTUPIDECES DEL GOBIERNO FEDERAL AYUDAN A SILVANO

 Resulta irónico que sean las sandeces del presidente de la república las que atenúen la tensión y linchamiento mediático que cimbraban al gobierno de Silvano Aureoles Conejo y mantenían al borde del colapso a su gabinete.

 Precisamente, cuando en Michoacán se hablaba ya de desaparición de poderes, ante la impericia para detener la descomposición que provocan los grupos delincuenciales e incapacidad para controlar la inseguridad y violencia, resultó que están peores los que podrían rescatarnos.

 La declaraciones superficiales e irresponsables del presidente de nuestro país, como esas de combatir a los criminales con un fuchi y un guácala, o que los acusará con sus madres y abuelas, pero que no se confrontará con ellos y mucho menos provocará masacres, a algunos mexicanos nos predispuso, pues sabemos que a la ley se le respeta por temor al castigo, nadie se somete a su imperio a cambio de sacrificar sus capitales.

 Luego entonces, esas actitudes infantiles no son las de un estadista cuerdo, consciente de que ese tipo de declaraciones sólo engrandecen y empoderan aún más a los grupos armados que operan al margen de la ley, al saber que pueden hacer lo que se les ocurra y quieran, pues nadie se atreverá a tocarlos, ya que la declaración del máximo mandatario es una especie de autorización a delinquir y el bien tutelado a proteger por el estado es su capacidad a violentar y esa, es superior a la vida misma de sus víctimas.

 Para AMLO, el respeto a las garantías de los grupos criminales, está por encima de la protección a la sociedad en su conjunto.

 Por eso, cuando se difundieron las primeras noticias del enfrentamiento entre las fuerzas armadas de la nación con células criminales en Culiacán y la detención de un hijo del Chapo Guzmán, de inmediato se llegó a pensar que las afirmaciones de AMLO, de no confrontarse con los grupos del crimen organizado, era una estrategia para hacer que los delincuentes se confiaran, mientras el estado mexicano realizaba labores de inteligencia, que le permitieran diseñar estrategias efectivas, cuyas tácticas concluyeran en golpes precisos y contundentes.

 Pero cuando los bufones de su gabinete de seguridad salieron con la puntada de que no se trató de un operativo en contra de un objetivo específico, si no que la escaramuza derivó de un caso fortuito, cuando una patrulla por accidente pasaba cerca de la casa del detenido y fue agredida, de inmediato se detectó que mentían de manera insolente y que el estado mexicano estaba siendo arrodillado por un cartel del narcotráfico. Más tarde se confirmaría dicha sospecha.

 Lamentablemente las células criminales demostraron mayor poder bélico, más capacidad de inteligencia, mejor estrategia y más arrojo que los mandos del gabinete de seguridad del gobierno federal, que terminó arrodillado, sometido, derrotado, en esta primera batalla frontal contra el cartel, que hizo ostentación de poderío.

 Después de lo de Culiacán, los seguidores de Felipe Calderón intentarán ungirlo como héroe, ya que tuvo los arrestos de entrarle de lleno al combate a los criminales. Que fracasó, porque no tenía idea de lo penetradas que estaban las elites de las fuerzas armadas, pero al menos lo intentó. Con los daños colaterales que dichas acciones traen consigo, que son preferibles a continuar subyugados por criminales.   

 Esto evidenció que, para lo que sí hay estrategia, y está resultando efectiva, es para entregar la soberanía de la Patria al extranjero. No tardará en que AMLO se declare tácitamente incompetente para enfrentar a los grupos del crimen organizado y requiera la “ayuda” de EU. La intromisión de EU en asuntos internos de México, en materia de seguridad, arguyendo el riesgo que para dicha nación representan las organizaciones delictivas mexicanas, y ese será el pago por la buena “relación” con Trump.

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