SINOPSIS POLITICA 22/02/2020

LIBRES LOS DETENIDOS EN EL AGUACATE

 Como era de esperarse, los tres detenidos en la comunidad de El Aguacate, acusados de secuestro agravado, homicidio en grado de tentativa y otros delitos, fueron dejados en libertad por órdenes de un Juez de Control, que no encontró elementos para vincularlos a proceso, ya que los funcionarios de la Fiscalía Regional fueron incapaces de demostrar o acreditar las imputaciones que les adjudicaron.  

 Quedando una vez más en evidencia la ineptitud de la dependencia procuradora de justicia para acreditar la responsabilidad penal de los requeridos, así como la obsesión de los funcionarios públicos por incriminar a personas inocentes de las conductas anti sociales que se les atribuyen.

 Con la resolución de la parte juzgadora, se demostró así mismo que los excesos y arbitrariedades de los elementos policiacos resultaron injustificados, como incongruentes sus argumentos de defensa y, siendo el judicial un poder que intenta ser independiente (o al menos simular dicha soberanía), resultaba obvio que las imputaciones a los vecinos de El Aguacate fuesen desechadas.

 Pues, para la propia opinión ciudadana resulta ofensiva, obscena, la argumentación de la supuesta presencia del grupo armado, para justificar con ella la imprudente y violenta irrupción policiaca en un domicilio (sin el respectivo mandamiento judicial), donde los únicos lesionados por armas de fuego son los moradores del hogar ultrajado y familiares de los detenidos. No así los guardianes del orden, que fueron recibidos a garrotazos, cuando supuestamente buscaban al grupo armado.

 Más burlesca todavía resulta la versión que denuncia a una mujer que, según la autoridad, privó de la libertad a seis policías, a los que tenía de rodillas, mientras los golpeaba. Esa declaración, además de ridícula, refleja fielmente lo que los funcionarios policiacos y de la Fiscalía Regional realmente son: unos delincuentes incompetentes hasta para encubrir sus ilícitos. Ojalá algún representante popular tuviera la sensibilidad de proponer se legisle, crear leyes que sancionen las imputaciones y declaraciones falsas de los Ministerios Públicos, policías y todo servidor público relacionando con la procuración y administración de justicia.  

 Esto sucede mientras verdaderas víctimas de secuestro permanecen desaparecidas en la tierra del gobernador, del secretario de gobierno, del fiscal general y todo un séquito de vividores, parásitos mantenidos por los contribuyentes, pero que son incapaces de devengar lo que se embolsan, pues las ejecuciones se siguen efectuando por decenas cada día, incluyendo asesinatos de mujeres, materia en la que Michoacán es campeón, pero nadie lo nota y para la prensa ha dejado de ser noticia. En tanto un escándalo, como los 24 cadáveres encontrados en una fosa clandestina en el municipio de Coeneo, ha contribuido para que se olviden otras tragedias, como la de Homero Gómez y Raúl Hernández, por citar las más recientes.

 En cambio, el gobierno del estado despilfarra recursos (financieros y humanos) para rendir culto a la egolatría y fomentar la arrogancia en los servidores públicos que pretenden convertirse en candidatos, organizándoles carreras “atléticas por la amistad y la paz”, en las que se obliga a trabajadores estatales y municipales a participar y a su vez llevar a cinco personas cada uno, para hacer lucidos los eventos.

 Además de derrochar el patrimonio estatal en actividades que sólo contribuyen a “placear” a los futuros candidatos del partido en el gobierno, esas acciones se llevan a cabo con un cinismo injurioso, al grado de colocar en la publicidad impresa de la carrera el logotipo tradicional que el actual Secretario de Gobierno ha empleado en sus campañas electorales (CH) y seguramente pretende consolidar con miras a satisfacer sus nuevas pretensiones. Violentando con ello las leyes reglamentarias de equidad, lealtad y transparencia en la competencia, cuando dicho funcionario debe ser garante de la legalidad y promotor de la democracia, sobre todo demostrándolo con el ejemplo.

 No es con carreritas por la paz y la amistad, tampoco con abrazos, ni con exhortos de respeto a los criminales, como se erradicará la inseguridad y violencia, se requiere la aplicación de la ley, restablecer el estado de derecho y que la gobernabilidad la ejerza la autoridad legalmente constituida, no los grupos criminales.  Para lograrlo, es imperativo se deje de simular y que comience la limpia, pero dentro de la casa, de funcionarios ineptos y corrompidos, simuladores y mentirosos.

                               QUE CAMPOS PONCE NO LA LIBRARÁ DICE MIGUEL ÁNGEL AGUIRRE

 Que Juan Carlos Campos Ponce no librará el proceso de fiscalización que se le sigue, del ejercicio 2015, a la administración municipal de Zitácuaro, aseguró el pasado jueves Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, titular de la Auditoria Superior de Michoacán. Según el también integrante del equipo político de Carlos Herrera Tello y ex “facilitador” para desvanecer observaciones a la mayoría de administraciones zitacuarenses, el organismo que representa logró recuperar los expedientes que se habían “desaparecido”, ya que el ayuntamiento de Zitácuaro contaba con una copia íntegra.

 Pero, desafortunadamente, ninguno de los dos organismos es garantía de seriedad, honestidad y confianza: ni la ASM que había desaparecido los expedientes, ni el ayuntamiento de Zitácuaro que aportó una copia íntegra y que ha sido omiso durante más de cuatro años para exigir la aplicación de las auditorias “integrales” a la administración presidida por Campos Ponce, mismas que fueron ordenadas por la pasada legislatura.

 Sí hasta para lograr la inhabilitación, por tres años, para ocupar cargos públicos Campos Ponce y la mayoría de sus colaboradores, tuvieron que ser ciudadanos ajenos al gobierno municipal, integrantes del Congreso Nacional Ciudadano y apoyados por el abogado Joel Vera Terrazas, los que promovieron el juicio político ante la omisión y negligencia del ayuntamiento de Zitácuaro.

Resultando extraño la repentina preocupación del gobierno municipal y de Aguirre Avellaneda por fiscalizar dicho ejercicio administrativo ahora, precisamente en tiempos pre electorales. Cuando -insisto- tuvieron más de cuatro años para hacerlo y no quisieron. Percibiéndose principalmente la intensión de presionar y chantajear, para negociar y acordar beneficios económicos que se puedan arrebatar a los “presuntos” ladrones, más que transparentar y recuperar el dinero robado.

 Otro propósito de la presión de la ASM a Campos y socios, podría ser de tipo electoral. Pues todo lo que los políticos hagan o dejen de hacer (a partir de ya), será con ese fin. Y la intención, en este caso, sería obligar al PRI llegar a acuerdos que favorezcan a los candidatos o proyectos del PRD, en la alianza tripartita (PRI-PAN y PRD), en la que ya se trabaja. Pues Juan Carlos Campos, además de ser el perfil más competitivo que el tricolor tiene en Zitácuaro, es socio y aliado cercano al presidente del CDE del PRI, Víctor Silva Tejeda, así mismo cuenta con el respaldo del ex gobernador Víctor Manuel Tinoco Rubí y los seguidores de este.

 Elementos para que Juan Carlos Campos Ponce y sus ex colaboradores estén en prisión, existen de sobra. Ya se verá con el transcurrir del tiempo si las declaraciones de Miguel Ángel Aguirre son con ese propósito o nuestras especulaciones, de la presión para chantajear, resulta certera.

 Por lo pronto, ante la evidente complicidad del gobierno del estado y del municipio con los saqueadores, serán nuevamente los ciudadanos los que podrían darles una sorpresa, no nada más a Juan Carlos Campos, socios, aliados y promotores de su precandidatura, si no a las mismas autoridades ineptas e indolentes.