SINOPSIS POLITICA 25/08/2018

EL DESGASTE PREMATURO DE UN GOBIERNO ARROGANTE
Apenas se cumplirá la mitad del periodo de su mandato y el gobierno de Michoacán ya experimenta un desgaste inaudito, que se refleja en la apabullante derrota el pasado primero de julio, donde un partido naciente, desorganizado y sin liderazgos con peso específico en la entidad arrebató al PRD, pero sobre todo al gobierno de Silvano Aureoles, los municipios más importantes del estado (incluyendo la capital) y la mayoría absoluta en el Congreso Local. A pesar del sólido liderazgo con el que Aureoles arribó a la gubernatura, su supuesta habilidad política, sus poderosos contactos con el mando central y la escandalosa inversión pública destinada a la operación electoral, particularmente en el proyecto de su hermano, Antonio García Conejo.
La Senaduría de García Conejo, es el espacio de elección popular que más caro ha salido a los contribuyentes, quienes tuvieron que costear dos años de campaña ininterrumpida y ni así ganó, pasó de “panzazo”, no obstante la excesiva derrama económica de alguien que hasta hace poco era un fracasado litigante y ahora un acaudalado político, obviamente su fortuna económica proviene del servicio público. Es decir, de taxista e ilegal, se ha convertido en magnate. Eso refleja lo lucrativa (financieramente) que puede resultar la política, cuando se practica sin escrúpulos, sin vergüenza ni honradez.
Bueno, otro de los lastres que ha contribuido para que la ciudadanía se sienta decepcionada del gobierno perredista de Michoacán, además del insultante derroche en escoltas, unidades motrices (helicópteros y camionetas de lujo blindadas), cuando “no hay dinero para pagar a trabajadores, médicos, enfermeras, maestros y proveedores, es la conducción de los cuerpos policiacos.
Precisamente el dia martes fui testigo presencial de hechos que indignan, generan impotencia y resentimiento en el ciudadano común, que sólo busca la manera de llevar comida a la mesa de sus hijos por medio de un trabajo licito. Me refiero al conflicto que se suscitó entre autoridades estatales y municipales con transportista, en el que también se vieron y se verán afectados usuarios del servicio público; porque, al reubicar a los concesionarios en la terminal de autobuses, los usuarios tendrán que pagar transporte de ahí al centro.
Al respecto, se debe aclarar que la controversia surgió al intentar ejecutar un proyecto de embellecimiento del centro de la cabecera municipal y dar fluidez al tráfico vehicular en el primer cuadro de la ciudad, para lo cual se tiene proyectado reubicar al transporte público, primero foráneo y después local, lo cual resulta magnifico y nadie se opone a tal acción, ni siquiera los transportistas.
Lo ofensivo, es la manera nefasta (por autoritaria y vil), de intentar imponer sus caprichos sin consensuar, sin agotar el diálogo, ni presentar propuestas de opciones, antes optaron actuar con prepotencia, de manera ventajosa, cobarde y revanchista.
Sin previo aviso, ni diligencia judicial o ministerial que lo justificara, el martes la Policía Michoacán y funcionarios de COCOTRA realizaron un aparatoso operativo en las oficinas de la empresa de transporte “Autobuses Angangueo”, de la cual es socio y representante jurídico el abogado Joel Vera Terrazas, quien ha presentado diversas denuncias y quejas contra los mandos de la Policía Michoacán, por robo, abuso de autoridad, lesiones, tortura, siembra de evidencias, fabricación de pruebas y otros ilícitos.
Otro socio de dicha empresa hace unas semanas fue detenido y torturado para que se declarara responsable de ilícitos, además se le sembraron pruebas incriminatorias, pero finalmente ni la Policía Michoacán ni Ministerial tuvieron la capacidad de acreditar responsabilidad penal alguna.
El operativo policiaco y de COCOTRA se trasladó también a las vialidades por donde los autobuses de dicha línea transitan, desviándolos con todo y pasajeros a la central de autobuses. Ahí, en uno de los cruceros, el Coordinador Regional de la Policía Michoacán en una actitud ridículamente retadora intentaba intimidar a Vera Terrazas, como si el abogado, hombre de letras y él, infractor sin escrúpulos, golpeador de niñas, torturador de hombres indefensos (atados de pies y manos) y violador de mujeres, fuesen de la misma calaña.
A las pocas horas del operativo, el Sub Secretario de Seguridad Pública en el Estado, Carlos Gómez, difundía un comunicado en el que se ufanaba de haber venido a la tierra del gobernador a implementar nuevas tareas de prevención y vigilancia, de movilidad y proximidad social, con el “objetivo de que la tranquilidad se mantenga en el municipio y en la región”. Aclarando el boletín de prensa que el Sub Secretario había encabezado un operativo en el municipio con la COCOTRA para “inhibir la circulación de rutas del transporte piratas”, lo cual se ignora si realmente sucedió o se trató de otra falacia, pues en los operativos de la COCOTRA no se vio al Sub Secretario.
También, como si anduviese en campaña electoral, el mando policiaco recorrió algunas colonias populares para promocionarse y asegurar que la región oriente es una de las más tranquilas del estado, que no es un foco rojo para la Secretaría de Seguridad Publica. Pero mientras se distraía en estas acciones y utilizaba recursos públicos para difundir disparates, un líder religioso del municipio se encontraba secuestrado desde un dia antes; en tanto los delincuentes, que cobran como policías, veían la forma de fastidiarle la existencia a uno de sus principales denunciantes.
De ser verídica la información del secuestro, no sería descabellada la posibilidad de que los secuestradores sean los mismos policías, pues hay indicios que establecen que estos se encuentran tras las bandas de ladrones de autos, casas habitación y asaltos, además de controlar la venta de enervantes en la región, cuyos “tiradores” trabajan al servicio de los mandos policiacos, quienes han formado una “coordinación” para delinquir, protegerse entre sí y distribuirse el botín. Así mismo hacen alianza para eliminar cualquier amenaza de competencia.
Es una realidad que las plazas regionales de la Policía Michoacán, así como las comandancias de la Policía Ministerial y otros cargos de mando se venden al mejor postor, quienes a su vez deben entregar la mayor parte de lo que ilícitamente obtienen a sus “superiores”. Por eso no importa que dichos mandos sean los más sanguinarios criminales y perversos funcionarios, siempre y cuando entreguen buenos resultados económicos a sus jefes, por lo que siempre serán protegidos para que sigan “chambeando”.
De ahí la capacidad financiera de los funcionarios de primer nivel de la SSP para adquirir lujos y excentricidades, como caballos con valor superior al medio millón de pesos, mientras otros servidores de menor rango tienen que pagar la gasolina que utilizan en los operativos y ni sus sueldos son recibidos a tiempo, pues “no hay dinero” en el gobierno del estado para el pago de nóminas.
Pero lejos de conducirse con discreción en la comisión de sus ilícitos, sabiéndose protegidos por sus superiores y contar con la complacencia de las cúpulas más altas del poder público estatal, que prefieren simular cómoda ignorancia, los desequilibrados delincuentes se conducen sin pudor alguno en su carrera criminal, demostrando menos honor que los delincuentes comunes, ultrajan con saña a sus víctimas y con revancha vil reaccionan contra quien intente no permitir someterse a los agravios.
Así sucedió con el ex Director de Seguridad Pública del municipio de Ocampo, quien de manera vergonzante los expulsó (a la Policía Michoacán) de su municipio, respaldado por la población, y a los pocos días fue detenido, acusado de la portación de 120 kilos de marihuana; la que, con toda certeza (puedo afirmar) le fue “sembrada” para inculparlo; pues droga es lo que les sobra a los mandos policiacos, parte que decomisan y no reportan, para luego venderla por su lado y la que les proporcionan los narcos para su consumo personal y para incriminar a inocentes, “cargándolos” con enervantes o armas que a ellos no les cuesta.
De la misma manera se conducen los Policías Ministeriales. Por ejemplo, para “meter trabajo”, usan chivos expiatorios para “resolver” casos que muy lejos están de solucionar; es decir, incriminan a inocentes (al menos en el delito que se les imputa), a quienes torturan salvajemente para que se declaren responsables de los ilícitos que les atribuyen, llegando al grado de hostigar e intimidar con amenazas a personas ajenas, para que señalen a los detenidos como autores de los crímenes que no cometieron. Exactamente así podría estar sucediendo con los supuestos homicidas del ex candidato independiente a la presidencia municipal de Ocampo.
Por lo antes expuesto, no se duda que el operativo contra el transporte, ejecutado el martes pasado, contra una línea de autobuses en específico, haya tenido como objetivo medidas revanchistas, represivas e intimidatorias en contra de Joel Vera Terrazas, socio y apoderado legal de la empresa y quien más denuncias ha presentado, en representación de sus defendidos, en contra del Coordinador Regional de la Policía Michoacán, José de Jesús Flores García. Lo que si resulta extraño, es la complicidad de las autoridades municipales; las que, asumiéndose con formación y sensibilidad “política”, no hayan agotado el diálogo, antes de perpetrar medidas autoritarias y vengativas.
Con tácticas prepotentes, irracionales y arbitrarias, como las antes señaladas, el gobierno del estado y municipal, además de acelerar su desgaste y el rechazo ciudadano de manera prematura, estarían obligando a la sociedad a organizarse en grupos de autodefensa vecinal para protegerte de la policía, más que del crimen organizado. Particularmente cuando extorsionadores, que se hacen pasar como integrantes de cierto grupo delincuencial, rondan a comerciantes del rumbo de la central de autobuses exigiéndoles “cuota”, sospechándose se trata de policías estatales o sujetos enviados por ellos.

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