SINOPSIS POLITICA 29/02/2020

MICHOACÁN INGOBERNABLE

 Para medir los niveles de violencia e inseguridad escoja al azar un día -cualquiera- y podrá darse cuenta que, sin distinción, ese día habrá al menos cuatro ejecuciones en territorio michoacano. Mientras las autoridades con dificultad se dan abasto a realizar los protocolos relativos a los levantamientos de cadáveres, dudándose se lleven a cabo las diligencias respectivas al esclarecimiento de los hechos y estando seguro que jamás se descubrirá la identidad de los autores, mucho menos se logrará su detención.

 A eso se le llama impunidad, a la omisión o negligencia para castigar las conductas delictivas. Lo que, a su vez, lejos de disuadir, inhibir o impedir los hechos delictuosos, fomenta y multiplica las conductas anti sociales, incentivan la inseguridad y violencia. Lo que, así mismo, quebranta el estado de derecho, vulnera la paz social, genera anarquía, caos e ingobernabilidad.

 Citaremos un día común para ejemplificar lo afirmado. Entendiendo que es durante los fines de semana cuando se recrudece la incidencia delictiva, escogeremos el miércoles, conocido como el “ombligo de la semana” (para no vernos tendenciosos). Ese día, en la capital del estado (Morelia), en el estacionamiento de un centro comercial, ubicado en una de las vialidades de mayor plusvalía y “prestigio” en el estado, la avenida Enrique Ramírez Miguel, un sujeto fue asesinado en presencia de su esposa. Aplicándose la nueva modalidad de ejecutar denominada a través de “moto sicarios”, utilizada en la Colombia de Pablo Escobar Gaviria. Obviamente, no hubo detenidos.

 Más tarde, en otra importante arteria de la bella ciudad considerada por la UNESCO, “Patrimonio de la Humanidad”, la Avenida Acueducto, una familia fue acribillada, murió el jefe de familia y quedaron lesionadas la esposa y la menor hija, una niña de 12 años.

 Ese mismo día, el miércoles 26 de febrero, un grupo de comuneros vandalizaron la presidencia municipal de Paracho e hicieron huir a la policía, mientras residentes de otra comunidad indígena (Cheranástico) denunciaban por medio de un video que estaban siendo secuestrados por grupos de personas armadas provenientes de Urapicho. Allá mismo, en la meseta Purépecha, a quienes presumiblemente pretendían obligar respaldar las acciones vandálicas en Paracho.

 Frente a estos acontecimientos, un familiar cercano que da seguimiento a este medio de comunicación, desde otro estado de la república, textualmente me recriminó: “Sé que muchos funcionarios del gobierno de Michoacán son sus amigos tío; pero la neta, son unos reverendos pendejos, se les salió el estado de control. Cada quien hace lo que quiere, no existe el mínimo respeto a la ley, ni a la autoridad”.

 Ni como contradecir, si esa es la percepción generalizada, además ¿Con qué argumentos, sí las evidencias en contra son contundentes?

 En otras administraciones, la Secretaría de Gobernación contaba con eficientes aparatos de inteligencia, capaces de investigar, monitorear y dar seguimiento a las demandas e inconformidades ciudadanas, las que eran atendidas antes de que estallaran, o bien tener la solución cuando el malestar popular se volcaba en las calles.

 Así mismo se atendía de manera puntual a todos los grupos con tendencias subversivas o considerados factores desestabilizadores. Se conocía con exactitud el modus operandi de cada agrupación u organización delictiva, de tal forma que, de antemano, se conocía la autoría de determinada acción desestabilizadora.

Se espiada incluso a los funcionarios y políticos, disponiéndose de expedientes de conductas comprometedoras, que se utilizaban como herramientas negociadoras y reguladoras, que a la postre resultaban poderosos medios de control. Contrario a lo que ocurre en la actualidad, donde el control lo ejercen los grupos delictivos, quiénes disponen de pruebas comprometedoras, que utilizan en contra de integrantes de la clase política, cuando el dinero no es suficiente para hacerlos cumplir los compromisos previamente contraídos.

Mientras que, en el presente, los responsables de esas áreas de inteligencia, control y gobernanza, están mayormente enfocados en los negocios que los puestos de poder les permitan hacer, se encuentran ocupados en lucrar, obtener más dinero, auto promocionarse con recursos públicos para permanecer o acceder a otros espacios de mayor envergadura. Lejos de conducirse como “hombres” de estado, con la solemnidad que representa ser los responsables de la gobernabilidad y estabilidad social, actúan con una frivolidad insultante, con la insensatez de un demente, la ridiculez de un payaso, el decoro de una vedette y la voracidad de un agiotista. 

                            LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN CONTRA MICHOACÁN

 Pero la convulsión que padece Michoacán, y la ingobernabilidad, no nada más tiene su origen en la inseguridad y violencia, también en la ausencia de transparencia en la administración de los recursos públicos, la obsesión de los funcionarios por hacer negocios con los cargos y la falta de castigo a los negligencias y abusos, que en resumen se llama corrupción. Es decir, la corrupción e impunidad fomentan la inseguridad y finalmente contribuyen a la ingobernabilidad.

 Esa falta de transparencia la informó recientemente la Auditoria Superior de la Federación, misma que ha observado al gobierno de Michoacán por casi dos mil millones de pesos (la mitad de la deuda autorizada por el Congreso del Estado recientemente). En estas “observaciones” por irregularidades administrativas o dinero no comprobado, es la Secretaría de Seguridad Pública la que tiene en su haber el mayor monto observado, nada más 457 millones de pesos, más del presupuesto asignado a Zitácuaro y estas inconsistencias se detectaron sólo en un año de ejercicio administrativo. Le siguen el IEM (Instituto Electoral de Michoacán), con 396 millones y el propio Congreso del Estado, con 288 millones.

 De dichas cantidades los entes públicos señalados no presentaron la documentación que justifique o compruebe los gastos, por lo que la Auditoria Superior de la Federación presume un probable daño o perjuicio a la hacienda pública.

 Sí estas “inconsistencias” financieras, en la Secretaría de Seguridad Pública, las trasladamos al terreno partidista y electoral, las consecuencias serían desastrosas para el partido político en el poder en Michoacán, especialmente porque el hoy “líder” del PRD en el estado durante el año observado (2018) fungía como titular de la SSP (2016-2019) y con todo el desgasté que acumuló: tolerando como sub secretario a un secuestrador y torturador, perseguir y golpear a organizaciones sociales, magisteriales y estudiantiles, además de permitir el crecimiento y expansión de organizaciones criminales y el excesivo incremento de la inseguridad y violencia, debería mínimo estar de “vacaciones” en el extranjero, en algún país sin acuerdo de extradición con México, pero nunca como dirigente de un partido político, menos de uno que se asume de izquierda. Pues ese deterioro personal ha sido transferido al partido… no así los recursos públicos “observados”, pues seguramente está casado con la idea de que: “lo caido, caido”.

 Con estas observaciones de la ASF a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, se fortalece así mismo la hipótesis de que, a los mandos les importa más el resultado financiero que aporten sus colaboradores a los patrimonios personales, que los beneficios a la sociedad. Lo que, es lo mismo: integran a sus equipos a personas que “sí saben trabajar”. Entendiendo al respecto, que incorporan, mantienen y protegen a los que son diestros en adquirir dinero, aunque este sea mal habido, arrebatado a los gobernados o distraído de las arcas públicas, siempre y cuando la mayor parte llegue a los que mandan.

                                                        EL AGUACATE, LA PRUEBA DE FUEGO

 Otra prueba irrefutable de la impericia en la operación política del grupo en el poder público, es el creciente rechazo a las acciones de la autoridad en la comunidad de El Aguacate, otrora bastión indiscutible del PRD. Repudio que viene creciendo, en fuerza y número, ante la ineficacia de los operadores del sistema para contener y resolver, como si esperaran que los problemas se solucionaran solos o con amenazas y agrediendo a los inconformes.

 Los conflictos sociales no se dejan llegar, o se desactivan con estrategias previamente planificadas, con tácticas inteligentes que incluyan la operación política, el diálogo; pero, sobre todo, la solución de las demandas y el cumplimiento de acuerdos. Y nada de eso se está aplicando en esa comunidad, donde sus pobladores lo que buscan son pretextos para actuar, inducidos por lideres perversos que los mal informan y utilizan como carne de cañón, para satisfacer sus aviesos beneficios electorales.

 No es difícil intuir que tras el “malestar” en El Aguacate hay intereses políticos, de tipo partidista y electoral, que colaboradores cercanos a un ex presidente municipal priista y a una ex candidata de morena (ambos aliados), son quienes incitan a la movilización y a la violencia. Lo grave, es la omisión de las autoridades para resolver, poniendo en riesgo la integridad de las familias en pugna, al permitir se prolongue la confrontación, teniendo la solución al alcance, pues existe acercamiento con los autores intelectuales de la incitación, pueden dialogar con ellos para que dejen de usar a los pobladores en una confrontación entre vecinos. Por tratarse de sujetos peligrosos los autores intelectuales y al menos uno de los incitadores, que cuenta con antecedentes de homicidio, precisamente en la propia comunidad.

 Pero los operadores en el municipio, llámese secretario del ayuntamiento e integrantes del cabildo, no actúan, si la operación no se refleja en futuros votos o posibilidades de lucro económico. Ellos se encuentran ensimismados en andarse promoviendo para ser candidatos o promocionando a sus jefes. No trabajando para el bienestar de la población.