SINOPSIS POLITICA

SINOPSIS POLITICA

Por: J. Salatiel Arroyo Zamora

 INSEGURIDAD EN TIEMPOS DE CAMPAÑA

 Los sucesos de violencia se han multiplicado e intensificado en la región oriente de Michoacán y en todo el estado, pero particularmente en Zitácuaro, tierra adoptiva del gobernador de Michoacán y del Fiscal General del Estado, dónde se transita por una psicosis colectiva por los eventos de los últimos días. Aunque, con el transcurrir de los días se olvidarán. Tal vez se susciten otros más escandalosos, pero el ser humano es flexible a todo y se irá adaptando, hasta que el terror le parezca normal y nada le sorprenda.

 Casi todos los días se han suscitado ejecuciones, hasta en el centro de la ciudad y a plena luz del día. Incluso en materia política, lo que debería ser una fiesta cívica, intereses aviesos amenazan con enrarecer el proceso electoral.

 Primero, el domingo, pobladores de Crescencio Morales agredieron a integrantes del equipo de campaña del candidato de la alianza Juan Antonio Ixtláhuac, trascendió que algunas damas de la comitiva fueron ultrajadas en su dignidad, al ser amenazadas y desnudadas. Mientras los varones eran intimidados y la propaganda incinerada.

 Más tarde los agresores intentarían justificar su ilícito actuar, argumentando molestia por qué habían acordado impedir que los candidatos ingresaran a sus localidades a realizar proselitismo y que Ixtláhuac incumplió ese pacto. Al respecto, el candidato ofendido explicó que no incumplió ningún acuerdo, ya que acudiría a la comunidad de La Cumbre a invitación de los propios pobladores y que tiene pruebas de que a otros (u otras) candidatos sí se les ha permito realizar campaña en Crescencio Morales.

Pero, realmente el fondo del asunto es de carácter electoral y tras de él podrían estar los operadores y hasta los mismos candidatos de Morena y PT, que azuzan y agitan a algunos líderes y pobladores de las comunidades indígenas que, como pretexto para agredir a candidatos opositores, enarbolan banderas y exigen solución a demandas que no es competencia de los candidatos resolver, ni siquiera del gobierno municipal.

 En esencia son dos las demandas de las comunidades indígenas de esa zona del municipio:

1. Erigirse como comunidades con gobiernos autónomos, como ha ocurrido con Nahuatzen, Sevina, Comachuen y Cherán, con lo que podrán recibir directamente los recursos públicos y ser regidas por usos y costumbres, sin dar cabida a los partidos políticos. Pero ello debe ser mediante resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para lograrlo, deben solicitar la intervención, para la gestión, de la representación popular legitima, en este caso de las diputadas federal y local que, coincidentemente pertenecen a Morena y al PT. Pero ellas no han sido molestadas para nada, nada se les ha solicitado, ni reclamado. Además, no lo harían, su tiempo y capacidades están ocupadas en buscar la manera de seguir adheridas a la ubre presupuestal, perpetuarse en los cargos públicos.

• El otro asunto es en materia de seguridad y para resolverlo solicitaron se diera de alta como policías a pobladores de la comunidad, a quienes ya se les está capacitando.

Si algunos pobladores de Crescencio Morales, indebidamente están intentando usar el movimiento con propósitos electorales, la violencia es una táctica errónea en este momento. Pues, en esas comunidades podría existir supremacía a favor de Morena y violentar el proceso electoral traería como consecuencia inhibir la instalación de las casillas receptoras de votos, con lo que se echaría abajo el trabajo de los candidatos que, se supone, simpatizan con sus propuestas y demandas.

 Precisamente el candidato a gobernador de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, es quien está empujando la propuesta de la autonomía de algunas comunidades indígenas y la distribución del presupuesto participativo, pero en la región oriente flaco favor le hacen al pretender violentar el proceso electoral e impedir, por esa causa, la instalación de casillas electorales. Ya que el INE y IEM deben garantizar equidad, imparcialidad, pero sobre todo libertad para que los candidatos puedan llevar sus propuestas a todos los rincones de la geografía michoacana. Respetándose, además, el derecho de los ciudadanos a tener acceso a todas las ofertas políticas, que les permitan elementos para decidir por quien sufragar.

 En este conflicto se evidenció también que los asesores del gobernador y los candidatos del PRD han fallado, particularmente porque se la han vivido mintiéndole al mandatario, dibujando una realidad de fantasía e inventando conflictos para apaciguarlos con dinero que finalmente sirven para engrosar sus cuentas bancarias. Pero cuando la irritación ciudadana es real, los líderes inconformes ya no creen en los embustes de los supuestos asesores y operadores del gobierno.

                                       VIOLENCIA y SU INFLUENCIA EN LAS ELECCIONES

 Al día siguiente de la agresión que padecieron integrantes del equipo de campaña de Juan Antonio Ixtláhuac, en el centro de la zona urbana de Zitácuaro se suscitó un evento en verdad terrorífico: nueve cuerpos, entre ellos el de una mujer, fueron localizados en estado de descomposición. Al día siguiente otro cadáver más fue encontrado en las aguas de la presa El Bosque.  Todos con signos de violencia, característica de una posible pugna entre grupos armados.

 Al respecto, un amigo politólogo me preguntó si ese fenómeno de violencia excesiva podría influir en los resultados electorales y de qué manera perjudica al gobierno del estado, pero sobre todo a los candidatos de la alianza PRD, PRI y PAN, particularmente al abanderado a la gubernatura, por tratarse de su tierra y el municipio que gobernó.

 Contesté a mi interlocutor que las consecuencias serán de acuerdo al manejo que se dé a la información.  Y, para que el daño electoral no sea tan severo, los asesores y operadores de Herrera deben realizar una fuerte campaña informativa, aclarando primeramente que, la mayoría los sucesos violentos, son resultado de la pugna entre grupos del crimen organizado y el combate a los mismos es competencia jurídica y responsabilidad moral del gobierno federal, quien ha permitido que dichas agrupaciones crezcan y se fortalezcan.

 Incurriéndose incluso en delitos de lesa humanidad, que deben ser denunciados ante organismos internacionales, pues la omisión y tolerancia del presidente de la república con los cabecillas de dichas organizaciones, está causando miles de muertes de ciudadanos mexicanos, más que la misma pandemia del Coronavirus.

 Con la agravante de que el Estado mexicano ha cedido a grupos criminales el control absoluto del territorio nacional, existiendo zonas en las que ellos son los que deciden quien participa en política y bajo qué condiciones, quienes pueden ser candidatos y hasta influirán en los resultados electorales. Empujando con fuerza un deterioro acelerado de la vida pública, pues la intromisión electoral de dichos grupos es clara en ciertos lugares, sin que autoridad alguna sea capaz de detener la caída del poder público, frente al delincuencial que, aunque algunos candidatos ajenos a dicha influencia pudiesen resultar victoriosos en la jornada electoral, no podrán sustraerse a su dependencia.

 En concreto, con un buen manejo informativo, algunos actores políticos pueden desmarcarse de la fuerte andanada de adjudicaciones negativas, de las que otros son mayormente responsables y son precisamente sus correligionarios quiénes desvían las culpas, creando confusión y “cortinas de humo”.