SINOPSIS POLITICA

Por: J. Salatiel Arroyo Zamora

LOS DEMONIOS ANDAN SUELTOS EN MICHOACÁN

A diferencia de lo que sucede en la mayor parte del territorio michoacano, en Zitácuaro, durante la semana que termina, disminuyeron las ejecuciones. Pero no por la eficacia de los mandos de las corporaciones policiacas, cuya ineptitud resulta ofensiva, siempre llegan tarde a la escena del crimen, una vez que han corroborado que no existe riesgo alguno, que no encontrarán ya a quien detener y sólo se avocarán al levantamiento de cadáveres, para canalizarlos a las funerarias de su preferencia, donde también hacen negocio, lucrando con el sufrimiento de los familiares de las víctimas mortales.

En Zitácuaro, durante las penúltimas semanas se rompió récord de asesinatos, en menos de 24 horas se ejecutaron 7 y 8 homicidios, respectivamente. El último hecho violento se suscitó el pasado fin de semana, cuando en un campamento, en Zirahuato, fueron encontrados dos cuerpos desmembrados. Desde ese día no se ha tenido información oficial de más ejecuciones, sin embargo, la tensión e incertidumbre continúan, así como limitadas algunas garantías esenciales, como la de libre tránsito en ciertas zonas de la región.

CAMBIOS EN LA FISCALÍA REGIONAL

En esta región oriente hubo relevo de titular en la Fiscalía Regional, se fue Francisco Herrera Franco, ligado al grupo de los traídos por Alfredo Castillo Cervantes, alias “El Virrey”, y llega el que fungía como Fiscal Regional en Apatzingán, se supone del equipo del Fiscal General, Adrián López Solís. Relación que despierta esperanzas en algunos ciudadanos, ante la posibilidad de que ahora sí se conduzcan, ya no con rectitud (sería utópico), pero al menos apegados a derecho, que dejen de ser vulgares criminales escudados en el cargo, que utilizan para poner precio a cada acción y omisión en que incurren, que cobran hasta por recibir y dar trámite a las denuncias, las que luego “negocian” con los denunciados.

En esta región, se ha hecho también común que los policías ministeriales o de investigación detengan automóviles para acusar de robo a los conductores y, mientras el Ministerio Público o Fiscal respectivo toma la declaración al requerido, los policías aprovechan la distracción del propietario de la unidad para alterar el número de identificación del vehículo y con ello tener argumentos para presionar a la víctima, a la que se le despoja de 40 a 50 mil pesos por su libertad y haber tenido la desgracia de transitar por el lugar y momento equivocado; pero, sobre todo, haberse encontrado con ladrones insaciables, disfrazados de servidores públicos.

Los ilícitos cometidos por los funcionarios que se van (y los que les antecedieron), son innumerables. Incluso, se les acusa de haber “invitado” a pobladores de comunidades indígenas a que se adhirieran a alguna organización criminal. Posteriormente, a decir de ciertos dirigentes del movimiento indígena, se descubrió que familiares cercanos de los mandos en la Fiscalía Regional, comandaban una célula asentada en esa zona.

Hasta al interior de las mismas corporaciones policiacas hay inconformidades, particularmente por la designación de ex Policías Federales de Caminos como mandos de la Secretaría de Seguridad Pública, División Caminos. A los que consideran desertores, por no haber aceptado incorporarse a la Guardia Nacional o salir de dicha corporación, además de tratarse de elementos caracterizados por corruptos (“mordelones”), prepotentes, sin experiencia en el trato cordial a los elementos y a la población.

Precisamente en Zitácuaro, elementos de la División Caminos fueron descubiertos por un medio comunicación: “El Derecho al Respeto Ajeno, es la Paz”, en flagrancia, al instalar retenes (que son inconstitucionales), impedir el libre tránsito e intentar revisar un vehículo sin la respectiva orden judicial, sin denuncia o querella y sin presencia de un Ministerio Público, presumiéndose intentos de extorsión o soborno. Esto sucedió el pasado jueves, en la salida de Zitácuaro rumbo a Toluca.

Luego entonces, la solución a la descomposición ética y prácticas corruptas de los funcionarios, no se consigue con los cambios de adscripción de los servidores infractores, situación que se percibe más como un intento de protección a dichas conductas y a sus autores. En lo personal, considero que han equivocado el camino. La corrupción e ineficacia no se premian, se castigan, y con mayor rigor e inflexibilidad cuando los transgresores son quienes deben conducirse de manera ejemplar y saben a consciencia lo que están haciendo. Peor resulta cuando se alejan de la justicia y prostituyen la legalidad y la moral por dinero.

Antes de cambiar o despedir a los Fiscales, debieron ser sometidos a rigurosa investigación y con las pruebas recabadas aplicar la sanción respectiva. Lo que también serviría como advertencia a los que han llegado. Si no se castigan los abusos, atracos y ofensas a la población (con cuyos latrocinios se enriquecieron), quienes están obligados a cuidarla, sería una invitación para los que llegan hagan lo mismo, que roben y se hagan millonarios, al fin nada pasará. Lo peor que les podría suceder, es que los cambien de lugar, para que sigan “trabajando” y “aportando”.

LA DESGRACIA QUE AZOTA A MICHOACÁN

Pero la desgracia que se padece en Zitácuaro, es la misma que está azotando a todo Michoacán. En Morelia (capital del estado), en Zamora y Jacona, todos los días hay al menos dos ejecuciones. No obstante, dónde la impericia de las autoridades responsables de velar por la seguridad y proteger la integridad de la población se evidenció por enésima ocasión, es en la comunidad de Tarecuato, municipio de Tangamandapio.

Previo al Dia de Muertos, un grupo de seis menores de edad y cinco adultos se dirigieron al cerro a recolectar panales con miel, que usan para colocar en las ofrendas a los Santos Difuntos, pero fueron interceptados por una célula del crimen organizado, quienes los torturaron, asesinaron y abandonaron los cuerpos en un camino de terracería.

Días después, al realizar estudios toxicológicos a los cadáveres y hurgar en sus antecedentes, se descubrió que se trataba de personas sanas en vida, ajenos a las drogas y sin antecedentes penales; es decir, eran hombres y adolescentes inocentes, ajenos a los conflictos o guerras entre grupos criminales y al consumo de enervantes. Se trata pues de una cifra más de los llamados daños colaterales, como califican los del gobierno este tipo de desgracias.

Y, como siempre sucede, después de los muertos, el gobierno hace su escándalo y los payaos salen a escena, simulando preocupación por la vida de las personas y fingiendo que combaten la inseguridad y violencia, montando aparatosos operativos policiacos, como si con ellos los muertos fuesen a resucitar… pero jamás esos operativos terminan con detenidos y cuando los hay, son “chivos expiatorios”, personas a las que torturan y les “fabrican” delitos, para “sacar la chamba” y tranquilizar a los “revoltosos”. Pues los verdaderos criminales no pueden ser molestados, por orden presidencial. Al menos que sea con abrazos. Además, no se debe patear el pesebre, máxime que la clase política y los mandos policiacos que lucran con la violencia e inseguridad tienen vicios caros y no pretenden quedarse sin esa dotación que los satisface.

Después todo se olvida y se regresa a la normalidad. Obviamente se hacen promesas, para tranquilizar el enojo de los familiares y vecinos de los caídos, se les asegura que instalarán cuarteles, que habrá mayor presencia policiaca. Lo que tampoco servirá, pues las ejecuciones continuarán, mientras los cuarteles se usarán de guarida a policías corruptos, holgazanes, sin honor, ni pudor, sanguijuelas dedicadas a parasitar.

Si alguien duda de lo anteriormente afirmado, lean la súplica que, a manera de carta un párroco de Coalcomán envió al presidente de la república y al gobernador del estado, el pasado 03 de noviembre.

A continuación, transcribo parte del mismo:

“Hace cien días que nos robaron la paz, nos despojaron del derecho fundamental al libre tránsito, nos taponaron las carreteras. Ustedes los saben (López Obrador y Alfredo Ramírez Bedolla), lo han sabido y se han hecho sordos a nuestra queja. Los ciudadanos de Coalcomán estamos sitiados. Les hemos lanzado reiterados llamados de auxilio, hemos solicitado su apoyo, hemos pedido lo que es justo, que ejerzan el poder y dispongan de la legitima autoridad que les entregamos para que cumplieran con el deber fundamental que todo Estado que se precie de serlo, tiene que cumplir: salvaguardar la vida y la seguridad de sus ciudadanos. ¿Qué hemos conseguido? Sólo un persistente olvido y algunas promesas huecas. Promesas engañosas, que suscitaron esperanzas que paulatinamente hemos perdido”.

“Hasta el día de hoy ni el gobierno federal, ni el gobierno estatal nos han entregado resultados. Nos han ignorado en el terreno de los hechos. Dolorosamente tenemos que recordarles que en Coalcomán seguimos anhelando y seguimos esperando que la llegada de la “Cuarta Transformación” nos devuelva un poco de nuestra paz y nuestra campirana tranquilidad. Aquí en nuestras montañas y serranías solamente se ha domiciliado la violencia, el miedo y el terror. Ustedes no han venido ha apuntalar la paz con justicia en nuestras calles y mercados. Cabe reconocer que el gobierno ha sido generoso en el pavoroso terreno de los discursos, y que han tenido a bien reglarnos proyectos, promesas que no se han concretado en nuestras comunidades, sino que siguen colgadas en un remotísimo futuro, mesas y más mesas de diálogo que no han cambiado nuestra desgraciada situación. Tan omisa y complaciente actitud ante nuestra desgracia no encuentra justificación alguna”.

“Nosotros somos las victimas de una guerra que no inventamos, de una guerra que no peleamos, de una guerra que no amamos. Sin embargo, en la medida que se acrecienta el desinterés de la autoridad por nosotros, por los ciudadanos de Coalcomán, aumenta nuestro desanimo y nuestro desconcierto. Les escribimos, confiados en que su honda sensibilidad social despertará, anhelamos que se reavive su humanismo y escuchen nuestra llamada de auxilio. Aunque a ratos nuestra paciencia se agota y nuestra esperanza se apachurra, nuevamente levantamos la voz para pedirles que se compadezcan de nuestro dolor”.

“Los habitantes de Coalcomán llevamos tres meses secuestrados por el constante clima de terror. Aquí la muerte puede documentarse con nombre y apellido, aquí la migración forzada se hace cada vez más constante; aquí también impera la ira y la avaricia de los grupos que se disputan el control de todo, aquí la desconfianza y el dolor se han vuelto el pan de cada día”.

“No repitan excusas engañosas, no vuelvan a decir que no hay condiciones para implementar los proyectos que nos prometieron hace meses para nuestra zona. No nos den atole con el dedo, diciendo que los proyectos ya están aprobados. Eso de nada nos sirve. Nosotros queremos caminos transitables, anhelamos vivir en paz, sembrando, comerciando, cosechando, comiendo y bebiendo de nuestro trabajo”.

“En pocas palabras, queremos que nos devuelvan la carretera robada, el acceso a la telefonía, el libre tránsito, en fin, que nos devuelvan la paz y tranquilidad”.

“Queremos recordarles lo que han de saber: en el transcurso del presente año cerca de cien familias han tenido que dejarnos porque secuestraron o asesinaron a alguno de sus miembros. No queremos que esa cifra macabra siga creciendo, no queremos convertirnos en estadística de la violencia imparable. No queremos que nos cataloguen como daños colaterales. Somos ciudadanos leales, hemos trabajado muchos años honradamente, hemos contribuido con la hacienda pública, hemos votado y hemos realizado nuestros deberes cívicos”.

“Seguimos confiando, seguimos esperando, seguimos orando en y por Ustedes. ¿Hasta cuándo?”

Y firma el Párroco Jorge Luis Martínez Chávez.

Resulta admirable la perfecta redacción del sentir de cientos de miles de michoacanos. Mejor escrito no pudo ser posible, para describir la desesperanza e indignación, para denunciar la indolencia, omisión y negligencia de quienes están obligados a dar respuesta inmediata en la satisfacción de las necesidades de la población, primordialmente brindar seguridad e instaurar la paz y tranquilidad en el Estado.

Pero, mientras los michoacanos son masacrados, el presidente de la república se pelea con medio mundo, adversarios políticos, periodistas, científicos, investigadores y universitarios, pero no intenta hacerlo con quienes destrozan (literalmente) a los mexicanos, a ellos los felicita y apapacha.

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