SINOPSIS POLÍTICA
Por: J. Salatiel Arroyo Zamora
GOBIERNO DE ZITÁCUARO SIN CAPACIDAD PARA RESOLVER CONFLICTOS SOCIALES
Entre las prioridades que debe tener un gobierno, se encuentra mejorar la economía, disminuir la inseguridad, reducir la corrupción y generar empleos. Pero, debido a la descomposición, que trae consigo la mutación de la violencia por acciones de terror de los grupos delictivos, la recuperación de la seguridad pública se ha vuelto una urgente necesidad. Pues, no puede existir bienestar ni desarrollo, sin la protección a la integridad física y patrimonial, a través del respeto irrestricto a las garantías elementales.
Ahí es donde están fallando los tres niveles de gobierno, en aplicar la ley, restituir las condiciones de seguridad pública y certeza jurídica para la protección, y poder alcanzar la paz, tranquilidad y desarrollo anhelado. Y como el gobierno municipal es la instancia más cercana entre el ciudadano y la autoridad, la mayor carga de responsabilidad recae precisamente en dicha institución: en el ayuntamiento. Pero en dicho cuerpo colegiado no se ha percibido voluntad, tacto, habilidad, ni capacidad para resolver los conflictos sociales surgidos a causa de la inseguridad y violencia que azotan a la región. Ni zanjar las diferencias y conflictos con las comunidades indígenas de Crescencio Morales y Donaciano Ojeda.
Habíamos anticipado, en otra colaboración, que el 2022 podría resultar peor para los zitacuarenses que el 2021. No, no soy agorero del fatalismo, mucho menos un pesimista empedernido. Pero no resulta difícil pronosticar la adversidad, cuando a finales del 2021 los funcionarios del gobierno municipal dieron muestras de ineptitud y “errores” mortales que, lejos de ser sancionados, se incurrió en argucias retoricas para justificarlos.
Para nadie es secreto que, con su política ridícula de “abrazos y no balazos”, el gobierno federal ha fracasado en su obligación constitucional de brindar seguridad a la población del país. Lejos de ello, los grupos delincuenciales han crecido en su arrogancia, sabedores que nada ni nadie obstruirá su ascendente carrera delictiva, fortaleciendo sus estructuras y expandiendo su poderío. Los gobiernos estatales se escudan bajo el argumento de las competencias jurídicas y tampoco actúan, excepto en la persecución de delitos del “fuero común”. En tanto, las administraciones municipales, a pesar de tener bajo su mando numerosos elementos policiacos, emplean el mismo pretexto. Olvidan la obligación de la prevención, dedicándose a simular y fanfarronear.
Esa complacencia, inacción y complicidades han obligado a la sociedad a organizarse para la autoprotección. Fue lo que sucedió en Crescencio Morales y Donaciano Ojeda, comunidades indígenas que estaban siendo azotadas por grupos delictivos que, además de intentar volver adictos a los jóvenes, pretendían extorsionar a los productores de aguacate y someter a los pobladores a través del terror que ejercían por medio de ejecuciones, incluso de personas de la tercera edad, sin que ninguna autoridad (federal, estatal y municipal) interviniera en el cumplimiento del deber, acatando la obligación de brindar seguridad a la población.
Es verdad que los grupos de autodefensa surgen por la necesidad de protegerse, pero también es cierto que la mayoría terminan siendo infiltrados, en ocasiones financiados y entregados a las organizaciones que intentaban combatir o a las adversarias a estas. Pero algo se tiene que hacer, en lugar de adaptarse a sobrevivir sometidos por el terror.
Las comunidades indígenas se organizaron, primero en grupos de autoprotección, ante la ineptitud del gobierno para aplicar la ley y resguardarlas. Y cómo estaban solos y aislados, trabajaron en el establecimiento de la figura de “Autogobierno”, como lo hizo en su momento, de manera exitosa, Cherán. Así, el INE avaló esa propuesta, autorizando la entrega de la parte proporcional del presupuesto que les corresponde, de acuerdo al número de habitantes. Qué es lo que han estado exigiendo desde hace meses y que provocó el bloqueo carretero de la salida a Toluca.
Lo grave en este bloqueo, fue la falta de operación política de los funcionarios municipales. Desde un día antes (lunes 17), se informó en diferentes medios de comunicación que las comunidades indígenas preparaban el bloqueo y que este se llevaría a cabo durante la mañana del día martes, 18 de enero. Pero nadie hizo nada por impedir que dicha acción se concretara, perjudicando principalmente a miles de personas ajenas al conflicto, transportistas, trabajadores y ciudadanos que por cuestiones de salud debían dirigirse a Toluca, CDMX o de allá para acá.
Días antes el munícipe había prometido que durante la administración que preside no “habría empleados de más, ni nóminas abultadas, que su equipo de colaboradores estaría a la altura de las demandas y exigencias de los zitacuarenses… su equipo ya incumplió, pues no estuvo a la altura de las exigencias para impedir el bloqueo, ni de las demandas de los manifestantes para dialogar y solucionar el conflicto antes de que estallará, tuvieron que intervenir funcionarios del gobierno del estado para resolver.
Lo peor, es que sí hay empleados de más, se crearon nuevos espacios en la administración pública de Zitácuaro. En lo que se refiere a la atención de conflictos sociales y política interna, además de la Secretaría del Ayuntamiento, se creó la Secretaría de Gobierno, una dirección de pueblos indígenas, una coordinación de atención ciudadana, bueno hasta una dirección de relaciones internacionales y entre todos no fueron capaces de entablar diálogo con un grupo de indígenas, paisanos nuestros, de escucharlos y evitar el bloqueo, no permitir que se perjudicara a miles de personas que diariamente transitan por esa vía. De todos los funcionarios, a los que compete atender ese tipo de asuntos, no se hizo uno.
Retiradamente hemos afirmado que la eficacia política se demuestra con resultados positivos a favor de la población y los funcionarios de Zitácuaro no están dando resultados, ni siquiera en los temas más sensibles, como es la atención eficiente y oportuna a los conflictos sociales, menos a las causas que los originan, como la inseguridad, crisis económica y desempleo. La frivolidad es la que predomina; tanto, que en pleno crecimiento de contagios de Covid, de la mentada “cuarta ola”, estaban preparando la organización de la Feria del 5 de febrero. Afortunadamente alguien les hizo entrar en razón.
Se entiende que sean los efectos de la luna de miel con el poder, pero ya es momento de “despertar” a la realidad y gobernar con responsabilidad. Han transcurrido casi cinco meses de gobierno y no se perciben acciones, ni obras, que cambien el rumbo del municipio o impriman un sello distintivo, que nos indique diferencias con otras administraciones. Que dejen de obstruir las aspiraciones organizativas de las comunidades, que estas adopten las figuras que consideren convenientes, que exploren y experimenten, dentro del marco de la legalidad (obviamente). Finalmente, las consecuencias las padecerán ellas, y ¿Qué tal si resultan efectivos y positivos los gobiernos autónomos? Ante la descomposición de las tradicionales formas de representación popular.
Qué habrá intereses perversos tras esos movimientos, es obvio. También infiltración de personajes políticos que intentarán enturbiar o los utilizarán para desahogar las frustraciones de la derrota, incluso emplearlos como botín político y lanzarlos contra las autoridades en actitud chantajista o revanchista, pero ahí estará la oportunidad de los funcionarios municipales para demostrar capacidad y eficiencia, trabajo y resultados favorables para todos. Pues para eso se les paga… ignoro si bien, pero para muchos de ellos el salario es lo de menos. Son los negocios que realizan con el poder, a través de los hermanos, cuñados y otros parientes, lo más lucrativo y atractivo.
En el cabildo sucede lo mismos, el común sometimiento, las indiferencia y ausencia de los “representantes populares” en los problemas que más laceran a la población, por ejemplo, no se explica porque no han solicitado se investigue la omisión de la policía municipal en la masacre del palenque, instalado a unos metros del cuartel de dicha corporación, ni que se aclare si existía o no licencia y los permisos pertinentes para dicho evento.
Tampoco exigieron o sugirieron la intervención inmediata de la autoridad respectiva para dar celeridad a la solución de las demandas de las comunidades indígenas, así como la presunta intromisión de funcionarios y empleados para obstaculizar la ejecución del resolutivo del IEM, en cuanto a la instauración del autogobierno y el acceso al presupuesto directo en Crescencio Morales y Donaciano Ojeda. Ni han fijado su postura en el nombramiento de funcionarios que tienen relación directa de parentesco con integrantes del cabildo y otros que incurren en conflicto de interés. Se especula que no cumplen con su deber, porque también han sido “seducidos” algunos de ellos con la incorporación a la nómina de familiares y amigos. Ojalá sea mentira y ya se pongan las “pilas”.
