SIPNOPSIS POLÍTICA


Por: J. Salatiel Arroyo Zamora

PRIÍSMO SE APODERA DEL GOBIERNO DE MICHOACÁN


La antipatía, malquerencia o enemistad primaria de los seguidores de Andrés Manuel López
Obrador y militantes de Morena es con todo lo relacionado al “prianismo”, como le llaman ellos.
Así como con el PRD. Tratando de ignorar que la mayoría de sus líderes partidistas, funcionarios y
gobernantes, se formaron precisamente en el PRI. De ahí surgieron a la vida pública casi todos los
“morenos” que hoy integran a la 4T. Después de abrevar la filosofía tricolor e inconformes porque
les cancelaron la posibilidad de escalar en el poder, fundaron en 1989 al PRD. Uno de esos priistas
de corazón o de “hueso colorado”, es precisamente el señor presidente de la república, quien
incluso es el autor del himno a su partido de origen, allá en su natal estado de Tabasco, donde fue
presidente del CDE del PRI.
Luego entonces, no resulta extraño que sigan siendo priistas los que manden en los gobiernos de
la 4T. Incluso, que sean los mismos personajes que persiguieron, golpearon y asesinaron a los
amigos y familiares de los que ahora gobiernan con las siglas de Morena, cuando fundaron el PRD
y que destrozaron la democracia, ultrajando la voluntad popular bajo el argumento de que se
había “caído el sistema”. Lo que resulta insólito, es que los Morenistas hayan aceptado la
“purificación” de esos corruptos y ahora no solamente los acepten en sus filas, sino que además
les entreguen el control del partido, los encumbren en el gobierno, los invistan de poder de
manera totalitaria y los defiendan con ferocidad de todo aquel que tenga la osadía de dudar de la
honestidad de los antes corruptos priistas.
Michoacán no es la excepción. Todos los grupos de poder al interior del PRI están representados
en el gabinete del gobierno de Morena: Jesús Reyna García impuso al secretario de agricultura,
Alfredo Anaya Gudiño a su hijo en la Secretaría de Desarrollo Económico, en la Secretaría de
Turismo un subordinado de Fausto Vallejo Figueroa y el pasado primero de abril, el propio
gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, intercedió ante el Congreso del Estado para
solicitarle que Eduardo Orihuela Estefan sea nombrado presidente del Consejo Económico y Social
de Michoacán.
La petición del gobernador de la “Cuarta Transformación” al Congreso, para convertir en
beneficiario del poder público al hijo de un rancio priista, estuvo a punto de generar polémica
entre un cada vez más numeroso sector de morenos inconformes con el mandatario, pero el
escándalo del “descubrimiento de la transa” (como lo publicó Milenio, en lugar de tranza), durante
el gobierno de Silvano, superior a los mil millones de pesos, sofocó el conflicto que se le venía al
mandatario michoacano, al privilegiar en cargos de primer nivel a los “enemigos” de la democracia
en Michoacán, a los auténticos representantes de esos fifis que tanto dice odiar el presidente
López Obrador, al descendiente de uno de los forjadores del Peñismo en México, quitando la
oportunidad de honrar con esa posición y muchas otras que de ahí se derivarán, a militantes de
Morena.
Insisto, lo de Silvano se percibe más como otro distractor, parecido a cuando se difundió el asunto
de los cuarteles regionales del C5, que se construyeron a costos exagerados, después esos
espacios se rentaron y finalmente fueron vendidos, incurriendo el gobierno de Aureoles en

diversas supuestas irregularidades que a la fecha no han sido transparentadas, mucho menos
sancionadas.
Pero esos escándalos se aprovechan perfectamente para distraer la atención de otros asuntos
sensibles para el gobierno actual. En esta ocasión para quitar presión al nombramiento del joven
Orihuela, cuyo padre ha sido señalado de utilizar recursos federales de proyectos a fondo perdido
para distraer en su beneficio decenas de millones de pesos, involucrando incluso a personas
inocentes, que están siendo requeridas por la Fiscalía General de la República para que respondan
por esos millones de pesos, ya que sus identidades fueron usurpadas y sus firmas falsificadas (caso
Tuzantla).
El posible nombramiento de Eduardo Orihuela, propuesto por Alfredo Ramírez Bedolla para ser
presidente del Consejo Económico y Social de Michoacán, podría estar jurídicamente impedido, al
no cumplirse el requisito de elegibilidad. Ya que, uno de los requisitos que se deben cumplir para
ocupar dicho cargo, es no haber sido parte de órganos directivos de algún partido político (tres
años antes a ser propuesto presidente) y el chamaco Orihuela fue consejero político del PRI y
presidente de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, organización priista. Lo que sería
grave y exhibiría la impericia del gobernador Michoacano en materia jurídica y legislativa,
tratándose de un experto en Derecho y ex diputado. También se reiteraría la inutilidad de sus
asesores al respecto.
Lo anteriormente descrito afecta considerablemente el proceso de Revocación de Mandato,
obsesión personal y prioritaria del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya jornada se
llevará a cabo pasado mañana (domingo 10 de abril) y el reto es superar los 30 millones de votos,
con los que ganó la presidencia de la república. Los funcionarios del gobierno federal y de
Michoacán, que ilegalmente están operando la campaña del presidente, así como los dirigentes
partidistas, confían en que dicha votación (de los 30 millones de sufragios) será superada, pues
para ello cuentan con el respaldo de 14 millones de adultos mayores, 15 millones de estudiantes, 3
millones de ninis y un millón de madres solteras. Lo que hace un total de 33 millones de
seguidores de la 4T.
De concretarse ese propósito: de la asistencia masiva a las urnas y sufragar a favor de la
permanencia de AMLO hasta que termine su sexenio, tendremos López Obrador y 4T para rato.
Pues el objetivo del presidente de la república es crear condiciones de necesidad en torno a su
persona, para que la ciudadanía implore o exija su reelección un sexenio más, para que la 4T no
quede trunca, ni cancelados los apoyos económicos que esa población está recibiendo, a cambio
se convertirse en granjas de votos.
Pero si no logran llevar a las urnas esa cifra y convencerlos que reiteren su gratitud por los
beneficios de recibidos, a través de los programas sociales del gobierno federal, financiados con
los impuestos de todos los contribuyentes, esa ocurrencia del mandatario nacional será un
fracaso. Como sucedió con la también innecesaria y costosa consulta para “juzgar a los corruptos
ex presidente de México y a sus cómplices”, muchos de ellos ahora incrustados en la 4T y
beneficiados con los gobiernos de Morena.

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