Abogados del Dr. Mireles presentarán documento como prueba de acuerdos entre autodefensas y las autoridades

-La defensa del galeno afirma que hubo exclusión del delito, pues los gobiernos federal y estatal lo permitieron.

Morelia, Mich.- Jueves 3 de marzo de 2016.- Los abogados del doctor José Manuel Mireles Valverde presentarán ante el Juez Quinto de Distrito, en el estado de Michoacán, con sede en Uruapan, Jorge Armando Wong Aceituno, un documento firmado en enero de 2014 por el ex comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, el ex gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa y varios ex líderes de autodefensas, como prueba de que sí hubo acuerdos entre dichos grupos y las autoridades federales y estatales, las cuales consintieron disposiciones anticonstitucionales que permitían la operación de los civiles armados, lo que a decir de los litigantes generó una exclusión del delito.

El texto que la defensa del galeno, encabezada por el licenciado Ignacio Mendoza Jiménez, aportará como prueba ante el Juzgador, fue leído el 27 de enero de 2014 por el propio Alfredo Castillo ante un numeroso grupo de en otrora comandantes de autodefensa, en una reunión que tuvo lugar en la ciudad de Tepalcatepec, en el inmueble conocido como La Ganadera, ubicado en la salida que va rumbo a Buenavista, el cual se había convertido en base de operaciones del desaparecido Consejo de Autodefensas de Michoacán (CAM).

La idea de esa junta y de los pactos de aquella fecha eran legalizar el movimiento de autodefensa y de esta forma colaborar con el Gobierno para el progreso de los municipios alzados. En ese momento, Castillo Cervantes, actual titular de la Conade, tomó la palabra y anunció en qué consistía el convenio, a la vez que reconocía la valentía de los guardias de autodefensa para levantarse en armas y combatir al crimen.

El ex comisionado mencionó entonces: “Se debe luchar contra la delincuencia en cualquiera de sus manifestaciones, pero el Estado necesita su ayuda (la de la población), pues sin su apoyo esta tarea sería más compleja, en cambio, si trabajamos de la mano será el referente para demostrarle a México y al mundo los alcances que se pueden tener cuando el Gobierno voltea hacia su gente y se trabaja por el bienestar común.

«Se necesita mucha valentía para tomar las armas, pero se requiere de más valentía para trabajar en el marco de la legalidad, por eso celebramos la firma de este pacto”.

Asimismo, añadió: “-Las autodefensas- se incorporan a los cuerpos de defensas rurales; para este fin, los líderes deberán proporcionar una lista con los nombres de los integrantes de su movimiento, la cual será controlada por la Sedena.

“También, -los miembros de autodefensa- podrán incorporarse a las Policías Municipales con el aval de sus respectivos Ayuntamientos, para así defender a sus pueblos; otro punto es que las autodefensas se comprometen a registrar sus armas ante la Sedena y que las distintas instancias de Gobierno hacen el compromiso de dotarles de todas las herramientas para su traslado, comunicación y operatividad”.

De igual manera, sentenció que se haría una Auditoria a todos los municipios, para ver si existía alguna responsabilidad penal de quien los encabezaba y siendo así se le aplicaría todo el peso de la Ley, refiriéndose a la posible existencia de funcionarios ligados con el crimen.

También, informó que habría rotación de los agentes del Ministerio Publico, para evitar abusos y que existirían unidades móviles del MP que irían a lugares alejados, donde la gente podría  presentar sus denuncias y querellas.

Del mismo modo, enfatizó que se buscaría que los más de 50 guardias de autodefensa que habían sido detenidos en ese tiempo fueran puestos en libertad, si es que no tenían ninguna otra responsabilidad penal ni estaban ligados a ningún grupo criminal.

En este tenor, los dirigentes de las autodefensas coincidieron en referir que darían un “voto de confianza” a las autoridades estatales y federales, al tiempo que se comprometieron a respetar todos y cada uno de los puntos de ese pacto, pero solicitaron que el Gobierno de igual forma los siguiera con puntualidad. En esa reunión estuvo como «testigo de honor», María Elena Morera, presidenta de Causa en Común A. C., quien aseveró: «…Seremos testigos incómodos para la autoridad y daremos seguimiento a los puntos del acuerdo firmados para evitar que sea una más de las promesas incumplidas que le han hecho a los michoacanos…».

Castillo negó ante el Juez existencia de pactos: «Nacho» Mendoza

En enero de este año, Alfredo Castillo envió al Juez, Jorge Armando Wong, un cuestionario respondido a petición de la defensa de Mireles sobre los acuerdos con los autodefensas, documento en el que a través de sus respuestas Cervantes negó la existencia de pactos con dichos grupos y que se les permitiera registrar armas.

Con todo este contexto y el papel que ahora los abogados de Mireles presentarán ante el juzgador, «Nacho» Mendoza declaró: «Lo que pasa es que negaron que hubo acuerdos con las autodefensas y este documento viene a echar por tierra esa versión de Alfredo Castillo, y de Martín Godoy (procurador de Michoacán), de que no se acuerdan, y sobretodo de Alfredo Castillo que dijo que no habían existido acuerdos y bueno el documento que estamos viendo habla de las autodefensas y quienes firman son los dirigentes públicos de las autodefensas en ese momento: Hipólito, Fructuoso, El Comandante Cinco, Papá Pitufo, y otras gentes más, incluso firma una tercera que es María Elena Morera (Causa en Común A. C.), a quien también vamos a citar a declarar».

El abogado detalló: «Con esto se comprueba que sí hubo acuerdos primero, dos, que sí les autorizaron la posición y la portación (de armas), tan es así que se las reconocen y les piden que la registren, además el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Secretaría de la Defensa Nacional se comprometen a dotarlos de radios y de equipo para hacer su trabajo.

«Aquí lo importante es que ese acuerdo es nulo de pleno Derecho, no tiene validez legal, las autoridades que ahí firmaron no tenían capacidad legal para llegar a esos acuerdos y ¿Qué es lo que genera? Una responsabilidad para las autoridades que firmaron, que puede ser hasta penal y comprueba la Tesis de la Defensa: La exclusión del delito, porque los autodefensas que firmaron y aceptaron el acuerdo pensaron que estaba justificado traer armas porque la autoridad así se los dijo».

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