Amparan autoridades municipales y estatales a Ernesto Núñez

“El reglamento lo dice claramente, en un área de 10 metros por 20 metros, son solamente tres pisos los que se deben construir y el señor (Ernesto Núñez Aguilar, diputado de la coalición PRI-Verde) construyó en un terreno de 10 x 20, un edificio de cinco niveles, con 850 metros cuadrados”, violando reglamentos de construcción del ayuntamiento, sin que el gobierno municipal intervenga con la seriedad requerida, denunció María Teresa Álvarez, vecina afectada por la construcción.

Sin la intervención obligada de la autoridad municipal, la afectada acudió al Ministerio Público a presentar su denuncia. “En la denuncia también me ignoraron, mandaron llamar a otro Ernesto Núñez, que nada que ver el nombre, citaron a Ernesto Alberto Núñez Aguilar”.

Como si se tratara de una burla, el citado cuestionó al Ministerio Público el porqué de que lo mandaran llamar, cuando sabían que el dueño era el diputado del verde Ernesto Núñez.

Cuando no sabían que la obra era propiedad del legislador local (quien arrastra consigo un historial de corrupción, que le ganó el apodo de “diputado moches”, por lo que presentó denuncia por daño a su honor, en contra de la activista cultural, que denuncio con pruebas, el intento de extorsión por gestionar un recurso federal para actividades culturales, cuando fue diputado federal), la afectada junto a su esposo, se dieron a la tarea de investigar quién era el propietario de la obra. “Me imaginaba porque no me atendía ninguna autoridad, ni en el municipio”.

“Al diputado lo vimos en noviembre, cuando nos enteramos que él era el dueño del edificio. Verbalmente nos dio que nos solucionaba los problemas, pero yo “verbalmente”, no veo ninguna respuesta y no quiso darnos nada por escrito”.

Teresa Álvarez, asegura que agentes de la Procuraduría acudieron a tomar fotografías de los daños causados a su casa, pero sin explicación del porqué no se le ha reparado el daño, reitera su sospecha: Se trata de un diputado, Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde.

María Fabiola Ramírez, directora de Orden Urbano, confirmó a la quejosa, la falta de autoridad del ayuntamiento moreliano, para hacer respetar el reglamento de obras del municipio, sugiriendo a la afectada, dirigirse a la PGJE. “Ellos dijeron que ya la habían clausurado, y dijeron que ya nada podían hacer. Yo le pregunto al presidente, si midió que un día con un temblor ¿qué pueda pasar con mi casa, qué pueda pasar con el edificio? Se prestó a que el diputado violara el reglamento de construcción”, asegura la afectada.

Con toda impunidad bajo el amparo del ayuntamiento, reprocha María Fabiola Ramírez, los trabajadores de la obra acceden a su azotea (en la que habita con su esposo y dos hijas) y dirigiéndose, directamente al presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, le pregunta: ¿Qué esto no es un delito?

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