Arantepacua no perdona, no olvida y no baja los brazos

Pasó un año ya, desde el episodio de violencia que nuevamente tiñó de rojo la meseta purépecha, la comunidad de Aranteopacua fue el escenario del desencuentro entre policías e indígenas, que dejó saldo de cuatro vidas pérdidas. Pero a esos 365 días de distancia, ahora la ley se declina en favor de los comuneros.

ABRIL ROJO

El antecedente del conflicto está en 1941, cuando se firmó un convenio que le otorgaba 440 hectáreas de tierra a la comunidad de Arentepacua, el documento se firmó entre esta demarcación y Capacuaro, tenencia de Uruapan, y delineaba el territorio que ambas comunidades purépechas tenían.

Pero hubo un cambió al final de la década de 1980, cuando el ex presidente, Carlos Salinas de Gortari, firmó una resolución presidencial que quitaba esas hectáreas a Arantepacua y se las daba a Capacuaro.

Pero los habitantes de Arentepacua acusaron de que no se les ha mostrado el documento que avale esa decisión. Sin frontera, ambas comunidades comenzaron a pelear por la tierra en litigios interminables, hasta que Capacuaro se enfadó y pidió que Arantepacua no entrara a esos terrenos.

Para salvaguardar los terrenos e impedir que Arantepacua se los apropiara, los comuneros de Capacuaro pidieron que el Ejército Mexicano pusiera un destacamento en el lugar. Esa fue la gota que derramó el vaso, los comuneros de Arantepacua se preocuparon y crearon un manifiesto para alertar al Gobierno del Estado de la situación y, sobre todo, pedirle que intercediera.

Días antes, de ese cinco de abril de 2017, el gobierno estatal y la presidencia municipal de Uruapan habían difundido un comunicado, donde se acordaba que el conflicto se resolvería por medio de los tribunales agrarios, pero los habitantes habían optaron por acudir a la capital michoacana para entregar su manifiesto.

A bordo de cuatro unidades de transporte de pasajeros de la línea Purépechas, 38 comuneros se dirigieron el pasado martes 4 de abril de 2017 al Palacio de Gobierno en la capital michoacana para hacer entrega del manifiesto, y tuvieron un diálogo con el subsecretario de Gobernación, Armando Hurtado Arévalo.

Pero al dirigirse de regreso a su comunidad fueron detenidos por obstrucción de las vías de comunicación y presunta privación de la libertad de los choferes, pese a que no había denuncias por parte de la empresa transportista.

Al día siguiente, los habitantes de Arantepacua habían conocido que se dirigía un convoy de policías estatales y federales, además de ejército a la comunidad, situación que fue negada por autoridades. Según versiones oficiales el grupo de policías se dirigía a recuperar vehículos que en sus manifestaciones anteriores habían retenido los habitantes de esa comunidad.

Pero a la llegada de los uniformados, casi a las 3 de la tarde la situación se tornó caótica. La policía afirma que los elementos iban desarmados por la naturaleza de la labor que realizarían, y que fueron los comuneros quienes iniciaron disparos de arma de fuego.

Sin embargo, cuatro de los comuneros resultaron muertos y se suman a la lista siete heridos, tanto de los policías como de los comuneros, además de reportes de desaparecidos.

NO OLVIDAN

Un año después, ataviados en sus trajes típicos y al grito de “no queremos pretextos, exigimos justicia”, habitantes de la comunidad indígena marcharon en la capital michoacana para clamar justicia para los cuatro fallecidos.

La mañana de este jueves 5 de abril, un grupo de habitantes de la comunidad viajó hasta la capital michoacana para protestar un año de silencio por parte de las autoridades en todo este caso.

La movilización comenzó en el exterior de Casa de Gobierno, desplazándose por calzada Juárez, hasta llegar al primer cuadro de Morelia, más precisamente a las afueras del Palacio de Gobierno; lugar en el que mantenían presencia Unidades de Restablecimiento del Orden Público (UROP), lo que provocó la furia de los comuneros, pues previo a esta manifestación habían solicitado a las autoridades evitar la presencia de elementos policiacos a fin de evitar confrontación.

“¡Asesinos, asesinos, asesinos!”, gritaban los comuneros al grupo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, que resguardaban la calle peatonal Benito Juárez, a la altura de Palacio de Gobierno.

Circularon en redes y medios las fotografías de algunas mujeres que iban en el grupo que encararon a policías para gritarles “asesinos, asesinos”, incluso con lágrimas en los ojos y rostros de enojo.

Simón Jiménez Morales, uno de los participantes, lamentó ante cámaras y micrófonos que hasta el momento no se ha tenido ningún tipo de reparación de daños, ni económica ni psicológica, para las familias de las víctimas, ni tampoco un esclarecimiento de los hechos y castigo a los responsables.

Otro señalamiento hecho por los comuneros, es que las autoridades competentes, que afirmaron que no se realizó la expedición de las actas de defunción debido a que los comuneros no permitieron el acceso del personal, son falsas. “La verdad es que estábamos esperando a los representantes de la fiscalía, pero ellos dijeron que por precaución, por lo que había pasado, decidieron no entrar”.

Tampoco dejaron de señalar que la versión que circuló sobre la intervención de integrantes del crimen organizado en el conflicto, “son sólo una justificación del gobierno, nosotros estamos dispuestos a que nos investiguen y se demuestre si es eso que dicen. Para nosotros es sólo una justificación del gobierno por lo que ocurrió”.

PERO LA LEY LES DA LA RAZÓN

No está por demás mencionar que el pasado 5 de marzo, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, resolvió por unanimidad de sus integrantes el asunto planteado por diversos ciudadanos indígenas, pertenecientes a la comunidad de Arantepacua, en contra del Ayuntamiento de Nahuatzen, Michoacán, por actos que vulneraban su derecho político-electoral a la libre determinación, autonomía y autogobierno, vinculado con el acceso efectivo a la participación política.

El Tribunal consideró que la actuación del Ayuntamiento de Nahuatzen resultó incongruente, ya que por una parte reconoce el derecho de los pueblos indígenas a su libre autodeterminación y autogobierno, y por otro les niega la administración de los recursos públicos que les corresponden.

Por tanto, se determinó que la Comunidad tiene derecho a la administración directa de los recursos económicos que le corresponde, como elemento necesario para materializar plenamente su derecho al autogobierno y autonomía.

Con esta decisión, se ordenó la realización de una consulta en la que se establezcan los relacionados con la transferencia de los recursos públicos de conformidad al criterio poblacional y al principio de equidad.

Pero este episodio legal se prolongará, pues el ayuntamiento de Nahuatzen presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un recurso de impugnación para invalidar la resolución del Tribunal Electoral de Michoacán (TEEM).