Dan largas a Las Kuarichas, la respuesta indígena contra inseguridad que crece
Por: Esteban Patricio M.
El asedio del crimen organizado en las zonas habitadas por pueblos originarios se agudiza y en estas áreas los habitantes han conformado sus propios cuerpos de seguridad, las llamadas Kuarichas.
Estos esquemas de autoprotección, establecidos por los ciudadanos, están entre las respuestas más directas de la población ante la inseguridad que prevalece y aunque tienen el “reconocimiento” del congreso del Estado, este todavía no es pleno y hay “largas” para que la ley las reconozca plenamente.
Mientras tanto, en las zonas originarias el asedio a los líderes comunitarios y defensores de los recursos, es cada vez peor.
LA RESPUESTA DE LAS COMUNIDADES
“Kuaricha” es un vocablo purépecha, que significa “aquel que cuida, resguarda, protege o que cubre”, y en el presente es usado por algunos pueblos originarios de Michoacán para denominar a los cuerpos de seguridad creados por la propia ciudadanía, en las 24 comunidades que se rigen bajo el sistema de autogobierno.
Los orígenes de estos grupos se remontan a un hecho que recientemente fue recordado: la represión de manifestantes en Arantepacua.
En abril de 2017, se dio aquel operativo en el que la Policía Estatal disparó contra la población de Arantepacua, esta intervención policial provocó la muerte de cuatro personas y lesiones a 750 más, entonces la comunidad de Arantepacuaexpulsó de su territorio a los cuerpos de seguridad oficiales y formó su comisión de Kuaricha.
Durante los siguientes cinco años estos cuerpos de seguridad operaban fuera de la ley, sin acceso a capacitación, portación legal de armas o equipo de protección necesario para cuidar a sus comunidades y territorios, acosados por grupos del crimen organizado, tanto narcotraficantes como talamontes.
EL RECONOCIMIENTO, PERO A MEDIAS
El pasado 7 de julio de 2022 se conmemoraron 17 años de que fuera creado el primer autogobierno indígena en Michoacán, el de Cherán.
En esa misma fecha estos cuerpos de seguridad finalmente fueron reconocidos por el Congreso Local, mediante una reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
La reforma, que fue aprobada con 27 votos a favor y dos en contra, y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que «con ella se reconoce el derecho legítimo de las comunidades indígenas con autogobierno a contar con cuerpos de seguridad emanados de sus propias localidades, de acuerdo a sus costumbres y con las certificaciones respectivas».
Cuando se aprobó esta reforma, se presumió que entraría en vigor una vez que fuera publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado, en un plazo no mayor a 60 días naturales.
Pero, después de 10 meses de la aprobación de esas reformas, las Secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública no han emitido el reglamento en la materia, lo que limita su funcionamiento dentro de la legalidad.
Según las reformas aprobadas, sin reglamento no podrán operar estos rondines, solo podrán entrar en vigor una vez que sea publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el reglamento.
Esta acción se equipara a cuando le dan un vehículo a alguien, pero se lo dan sin la batería para su funcionamiento.
Pavel Ulianov Guzmán Macario, integrante del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, recientemente expuso que el principal obstáculo para avanzar en la generación del reglamento, es que el Gobierno del Estado no entiende que la máxima autoridad de las comunidades indígenas es la Asamblea General, quien pone, quita, propone, evalúa y sanciona a las rondas comunitarias, incluso a los comisariados y Jefes de Tenencia, y en los autogobiernos la autoridad no es la Secretaría de Seguridad Pública.
Además, explicó que actualmente son 30 consejos de Gobierno Comunal los que tienen su ronda, de estos un 10% tienen un avance y son las que reconoce el estado, mientras que otras están desconocidas por el Gobierno Estatal, tal es el caso Nurio, cuya ronda nació en el 2004 y lo mismo ocurre enOstula, donde hay un grupo que tiene rondas de facto.
Justo hablando de Ostula, esta es una de las zonas en las que el asedio del crimen organizado se está evidenciando cada vez más.
El pasado 14 de abril, Juan Medina, comunero de Ostula, fue asesinado cuando laboraba en la venta de comida en una localidad de Chinicuila junto con su esposa.
Juan Medina, “se desempeñó como Jefe de Tenencia en el año 2022, fue consejero comunal, encargado del orden, participó en el estatuto comunal, fue guardia comunal y colaboraba constantemente con la Comisión de Comunicación de nuestra comunidad. Era una persona íntegra y de trabajo, siempre mostró una actitud de amor y cuidado por su comunidad”, informó la Comunidad Indígena de Santa María Ostula.
“En lo que va de este año 2023, en la región de la Sierra-Costa se han incrementado los episodios de violencia: en este contexto, el 12 de enero la comunidad perdió la vida de 3 guardias comunales, Isaul Nemecio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Mauno Zambrano; el 15 de enero, el abogado Ricardo Lagunes y el profesor Antonio Díaz fueron desaparecidos; y el 1 de abril nuestro compañero EustacioAlcalá fue asesinado por un comando armado del crimen organizado en la entrada de su comunidad, Huizontla”, plantean en un recuento.
Las Kuarichas están aún en un terreno de “ilegalidad” desde la visión estricta, sin embargo, su labor ya es de importancia en estas comunidades. El reconocimiento pleno para su óptima función, es prioridad pendiente.
