Debe disculparse gobierno michoacano por el caso Arantepacua: CNDH

Debe disculparse gobierno michoacano por el caso Arantepacua: CNDH
Esteban Patricio M

Después de tres años y siete meses la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitido una recomendación dirigida a las autoridades michoacanas por el caso Arantepacua, se trata de la primera medida de este tipo por el caso, pero más trascendente aún es que varias autoridades deben dar disculpas públicas.

Se trata documento de casi 500 páginas en las que se narran y analizan los hechos Además de que se sustenta jurídicamente Las observaciones sobre violación a Derechos Humanos y finalmente se emiten recomendaciones a las autoridades responsables de los hechos.

Apenas había pasado un día después de los hechos en la meseta purépecha cuándo el ombudsman de la Comisión Nacional Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, anunció la atracción del caso por parte de la dependencia a su cargo para investigar el tema.

Ahora la resolución pondrá en Jaque al gobierno estatal qué tendrá que decidir si muestra su cara de apego al respeto de los Derechos Humanos Osi refrenda una fama de omisivo

¿Que pasó en Arantepacua?

En 1941 se firmó un convenio que le otorgaba 440 hectáreas de tierra a la comunidad de Arentepacua el documento se firmó entre esta demarcación y Capacuaro, tenencia de Uruapan, y delineaba el territorio que ambas comunidades purépechas tenían.
Pero hubo un cambio al final de la década de 1980, cuando el ex presidente, Carlos Salinas de Gortari firmó una resolución presidencial que quitaba esas hectáreas a Arantepacua y se las daba a Capacuaro.
Pero los habitantes de Arantepacua han acusado de que no se les ha mostrado el documento que avale esa decisión.
Sin fronteras, ambas comunidades comenzaron a pelear por la tierra en litigios interminables, hasta que Capacuaro se enfadó y pidió que Arantepacua no entrara a esos terrenos.
en 2016, para salvaguardar los terrenos, e impedir que Arantepacua se los apropiaran, los comuneros de Capacuaro pidieron que el Ejército Mexicano pusiera un destacamento en el lugar.
Ese fue el punto de quiebre, los comuneros de Arantepacua se preocuparon y crearon un manifiesto para alertar al Gobierno del Estado de la situación y, sobre todo, pedirle que intercediera.
Para inicios de abril de 2017 el gobierno estatal y la presidencia municipal de Uruapan difundieron un comunicado donde se acordaba que el conflicto se resolvería por medio de los tribunales agrarios, pero los habitantes habían optaron por acudir a la capital michoacana para entregar su manifiesto.
A bordo de cuatro unidades de transporte de pasajeros de la línea Purépechas, 38 comuneros se dirigieron el pasado martes 4 de abril al Palacio de Gobierno en la capital michoacana para hacer entrega del manifiesto, y tuvieron un diálogo con el subsecretario de Gobernación, Armando Hurtado Arévalo.
Pero al dirigirse de regreso a su comunidad fueron detenidos por obstrucción de las vías de comunicación y presunta privación de la libertad de los choferes, pese a que no había denuncias por parte de la empresa transportista.
Al día siguiente, los habitantes de Arantepacua habían conocido que se dirigía un convoy de policías estatales y federales, además de ejército a la comunidad, situación que fue negada por autoridades. Según versiones oficiales el grupo de policías se dirigía a recuperar vehículos que en sus manifestaciones anteriores habían retenido los habitantes de esa comunidad.
Pero a la llegada de los uniformados, casi a las 3:00 de la tarde la situación se tornó caótica. La policía afirmó que los elementos iban desarmados por la naturaleza de la labor que realizaron, y que fueron los comuneros quienes iniciaron disparos de arma de fuego.
Sin embargo, tres de los comuneros resultaron muertos y se sumaron a la lista siete heridos tanto de los policías como de los comuneros, además de reportes de desaparecidos.
“Jalón de Orejas”
La intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue casi inmediata anunciando que atraería el caso para investigarlo, y este 23 de diciembre de 2020 emitieron las conclusiones y recomendaciones derivadas del expediente 42 VG/2020.
En el documento final emitido, se establece que elementos policiacos cometieron “violaciones graves” a las garantías fundamentales de la comunidad Arantepacua.
El organismo hacia diversas observaciones en el documento emitido, por ejemplo las posibles alteraciones que se dieron en las bitácoras escritas que realiza la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, Pues en los registros de los días 4 y 5 de abril se hace mención de lesionados de arma de fuego pero no se especifica hora ni comentarios.
También evidenció compruebas y estableció que hubo participación de agentes de las corporaciones de seguridad pública Michoacán es que vestían como civiles, lo cual se debe Investigar por la vía penal, señaló la comisión.
Incluso se detallaron las circunstancias de cada una de las detenciones realizadas por las corporaciones de seguridad.
Se concluyó que se violaron los derechos humanos a la vida, en agravio de cuatro personas fallecidas; a la integridad personal de 37 lesionados, incluyendo 8 policías estatales; a la libertad, a la seguridad e integridad personal por actos constitutivos de tortura en agravio de diez detenidos, y por los tratos crueles, inhumanos y degradantes infligidos a los 38 detenidos el 4 de abril.
También se violentaron los derechos a la privacidad, inviolabilidad del domicilio e inobservancia del principio de legalidad por el cateo ilegal y allanamiento referido por 56 habitantes de Arantepacua, así como afectaciones a nivel colectivo por el uso excesivo y arbitrario de la fuerza con motivo del lanzamiento de gases lacrimógenos y disparos de manera indiscriminada a la población
En total la CNDH emitió 15 puntos recomendatorios, siete de ellos dirigidos al gobierno de Michoacán y otros ocho a la Fiscalía General del Estado.
A disculparse
Entre esas recomendación se solicitó una disculpa pública por parte de las autoridades estatales, “la cual deberá llevarse a cabo en un mismo acto de manera conjunta y en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la cual deberá ser traducida al purépecha y emitida en una emisora radial con alcance en Arantepacua”.
El organismo detalló que esta se debe dar “a cargo de los titulares del Gobierno del Estado de Michoacán y de la Fiscalía General del Estado partiendo del reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades por las violaciones graves a derechos humanos en los hechos del 4 y 5 de abril de 2017”.
Se trata de una medida orientada a dignificar a las víctimas con un reconocimiento público de su responsabilidad, según detalló el organismo.
Comisión Estatal, en silencio
No está de más mencionar el hecho de que esta recomendación del organismo nacional se dio primero que algunas similar por parte de la Comisión Estatal, es decir, fue más ágil un organismo nacional en analizar los hechos que ni aquel que está asentado en el propio territorio michoacano.
Un factor que debió influir para este retraso por parte de la Comisión Estatal fue el prolongado tiempo que ha permanecido sin titular fijo.
La situación deja en evidencia el desorden que hay con el organismo y como consecuencia la desprotección a derechos humanos de los ciudadanos.

Aunque tarde, finalmente se ha  aclarado lo sucedido en la meseta purépecha hace poco más de 3 años y el gobernador Silvano Aureoles Conejo tendrá que  evaluar si cumple con la recomendación del máximo organismo vigilante de los Derechos Humanos, o si opta por hacerse de la vista gorda.

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