En Michoacán leyes de penas más severas y jueces que las reducen
En Michoacán leyes de penas más severas y jueces que las reducen
Por: Esteban Patricio M.
Al iniciar 2023 un caso de homicidio, de los más impactantes de los últimos años en Michoacán, finalmente recibía justicia después de años. La condena era “ejemplar”, pero ahora se ha decidido reducir la pena del responsable, generando confusión e indignación.
En los últimos meses, las autoridades michoacanas han presumido los incrementos en las penas a algunos delitos que están en el Código Penal del Estado, resaltando estas modificaciones como logros para aminorar la impunidad y la incidencia delictiva en la entidad.
DOS AÑOS DE ESPERA PARA LA PENA MÁXIMA
El caso de Jessica González Villaseñor cimbró a Michoacán, en septiembre de 2020 ella tenía 21 años, acababa de egresar de la universidad y buscaba convertirse en maestra de primaria en Salvatierra, Guanajuato.
La joven desapareció el 21 de septiembre, su cuerpo fue hallado cinco días después con signos de violencia física y sexual. Las protestas por el caso se desataron, pues surgían pistas que evidenciaban como responsable, al joven que era pareja de Jessica.
El nombre de aquel joven es Diego Urik, y tras varios días fue detenido como presunto responsable.
La Fiscalía de Michoacán relató que él recogió a Jessica y luego la llevó a su domicilio, la trasladó a un predio del fraccionamiento Bosque Monarca, en Morelia, donde abusó sexualmente de ella y la mató a golpes.
Pasaron poco más de dos años entre trámites, audiencias, amparos e incluso artimañas legales de la defensa de Diego, para que finalmente hubiera una sentencia en febrero de 2023.
Un juez del sistema penal acusatorio y oral de la región Morelia, del Poder Judicial de Michoacán, impuso una pena de 50 años de prisión a Diego, por el feminicidio de Jessica.
En ese momento la pena mínima en Michoacán era de 20 años de prisión y, para aumentar la sentencia, se requiere comprobar circunstancias adicionales y distintas a las que ya se consideraron en el delito, y el juez de oralidad había considerado que era así.
Pero esta semana un magistrado del ramo penal, del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, redujo la sentencia de 50 a 42 años y seis meses de prisión.
El magistrado Gilberto Alejandro Bribiesca Vázquez, argumentó esta reducción de 8 años en la condena al señalar que no está adecuadamente justificada en el expediente. Además de que consideran que la pena modificada “le dará oportunidad de reeducarse y reintegrarse a la sociedad, dado que es joven y cometió el delito cuando tenía 18 años”.
La decisión ha causado controversia, empezando por el Fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, quien afirmó que respeta la autonomía y resolución del magistrado, aunque no comparte la decisión que tomaron.
LAS PENAS PRESUMIDAS
Apenas el pasado 29 de septiembre se dio a conocer que el pleno del Congreso del estado de Michoacán aprobó aumentar a 60 años de prisión como pena máxima por feminicidio.
Los diputados locales votaron a favor de la reforma al artículo 120 del Código Penal en la entidad, con lo cual se establecen sanciones mayores a quien cometa este delito. Además, para quien cometa el delito de homicidio calificado, se le impondrá una pena de 25 a 60 años de prisión.
Tras la reforma, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se congratuló por el aumento de 10 años de cárcel a los feminicidas en Michoacán, y aseguró que, “con esta reforma, se avanza en la justicia y lucha social de las mujeres y familiares de las víctimas”.
LOS FALTISTAS EN PLENA POLÉMICA
Pero, unas semanas después de presumir su logro, llega la reducción a una sentencia contra un feminicida ya juzgado, y mientras esto sucede, los diputados locales fueron noticia por “faltistas”.
Por ausentismo de la mayoría de los diputados de la 75 Legislatura michoacana, la presidente de la Mesa Directiva, Ivonne Pantoja, decidió suspender la sesión convocada para el pasado miércoles 8 de noviembre.
Fue el hartazgo por la inasistencia o impuntualidad de los legisladores lo que hizo que se decidiera suspender la sesión y convocar hasta el jueves 9 de noviembre, pues muchos de los legisladores suelen llegar una y hasta dos horas tarde.
Algunos de los legisladores, que sí llegaron puntuales a la sesión, exigieron que se les apliquen los descuentos y, de ser necesario, se llame a los suplentes.
IMPUNIDAD QUE ATEMORIZA
Recientemente, las periodistas Dalia Martínez y Valentina Guerra dieron a conocer que en Michoacán, entre el año 2016 y el 2023, se han interpuesto siete mil 323 denuncias por violaciones y/o abuso sexual ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), y sólo en 133 carpetas se ha logrado una sentencia condenatoria.
Esto se traduce en que menos del 2 por ciento de las denuncias por estos delitos tienen alguna sentencia condenatoria, dejando en evidencia que el margen de impunidad es alto. Pues, además, se debe tomar en cuenta que estos delitos requieren de la denuncia de las víctimas para proceder a una investigación.
Las reducidas posibilidades de una condena dejan dudas a los michoacanos para recurrir a la denuncia de delitos, sumado a hechos como la reducción de condenas, como la ya mencionada.
La justicia, además de tardar, parece ser impredecible y las altas penas, tan presumidas, se quedan en un discurso que deja más dudas que certezas.