Entre impunidad y amenazas legales: medio ambiente michoacano
Entre impunidad y amenazas legales: medio ambiente michoacano
Por: Esteban Patricio M.
La riqueza ambiental de Michoacán siempre ha sido presumida, pero se ha degradado entre la impunidad de quienes la dañan y ahora las reformas recién aprobadas, en la principal ley que se supone que la protege, parecen ser una amenaza.
Desde las planicies semiáridas, hasta las playas, pasando por los bosques, Michoacán tiene una variedad de climas y ecosistemas envidiados, incluso por otros países. Justo ese ha sido uno de los puntos con los que se ha atraído turismo e inversión a la entidad.
Basta recalcar que, en el caso de los bosques, pues más de la mitad del territorio del estado es considerado como tal. De cinco millones 911 mil 847 hectáreas que conforman el territorio michoacano, tres millones 596 mil 206 son las que se clasifican como de uso forestal.
Esto significa que el 60.83% del territorio michoacano es considerado bosque, y es la región de la sierra – costa en la que se cuenta con el mayor número de hectáreas ocupadas por bosques y selvas, dicha región la conforman municipios, como Coalcomán, Tumbiscatío, Arteaga y Aquila.
LA IMPUNIDAD
La impunidad es considerada por expertos en temas ambientales como el principal factor por el que prevalece la comisión de delitos en este ámbito y los datos de las propias autoridades lo dejan en evidencia.
En Michoacán, sólo el 30%de los delitos contra el medio ambiente son judicializados, es decir, pasan de una denuncia a una investigación y después a un proceso para imponer una sanción.
De esta manera, el 70% queda en la impunidad, lo cual, incluso fue reconocido por el Fiscal Especializado en Combate a los Delitos del Medio Ambiente y la Fauna, José de Jesús Reyes Mosqueda.
Esta dependencia genera cuando menos 10 carpetas de investigación al mes, de las cuales se desprenden delitos por tala ilegal, cambio de uso de suelo irregular y diferentes daños al medio ambiente de Michoacán.
Esta fiscalía ha conseguido la reforestación de 16.37 hectáreas por área dañada, pero esto no es ni siquiera el 1% respecto a las 66 mil 762 hectáreas que año con año se pierden en la entidad, de acuerdo con la Comisión Forestal de Michoacán (Cofom).
La misma Cofom ha detectado que de 1990 a 2010, la superficie arbolada de Michoacán decreció por un millón 355 mil 060 hectáreas y el principal motivo detectado por la dependencia es el cambio de uso de suelo con fines agrícolas.
En los últimos años se ha dejado en evidencia que el cultivo de aguacate ha sido el principal motivo de estos cambios de uso de suelo, que finalmente se traducen en daños al medio ambiente.
LAS SECUELAS
Irónicamente, el sector agropecuario es el que primero resentirá estos daños al medio ambiente.
Recientemente la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), informó que ante la sequía y falta de captación de recursos hídricos en Michoacán, se prevé un año difícil para lograr dos ciclos de siembra este 2021 en la entidad.
Esto se debe a la falta de disposición del líquido para mantener los cultivos de temporal y, por tanto, los ciclos de producción agrícola en los distritos de riego se reducirán a la mitad, a partir de este 2021, en la mayor parte del estado. Lo que es consecuencia de la sequía y problemas en la repartición del agua en Michoacán.
Junto con las aguas que se retienen en las presas, otro elemento esencial en la captación de agua en los mantos acuíferos son los bosques, pues en ellos el agua es filtrada hacia el subsuelo para mantener su ciclo de manera natural.
Pero los daños ambientales en la entidad ya tienen esta consecuencia. La Conagua tiene previsto que el pronóstico de lluvias para el estado será bajo este año y eso es parte de la ola de sequía que ha afectado el país desde hace 3 años.
LA AMENAZA LEGAL
Desde noviembre de 2019 se había planteado la creación de la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental de Michoacán, para sustituir la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable (LADS).
Finalmente, y después de las peticiones de académicos y activistas para reconsiderar parte de su contenido, el pasado 16 de febrero, el pleno de la LXXIV Legislatura aprobó la iniciativa planteada por el ejecutivo estatal.
Pero no hubo atención a las observaciones que se hicieron y ahora esta ley podría generar un retroceso en la protección del medio ambiente.
Moctezuma Madrigal, integrante del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, refirió que el dictamen presenta serios retrocesos en materia ambiental, por lo que en caso de aprobarse, se tiene una estrategia jurídica a fin de combatir dicha norma.
En las observaciones hechas por los activistas a la Ley, la primera es a la fracción III del artículo 31 del dictamen, en donde, a propósito de las consultas públicas a las que deben ser sometidos los programas de ordenamiento ecológico territorial estatal, se establece que dichas consultas serán a invitación de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial, o bien de los ayuntamientos, según sea el caso.
Desde la perspectiva de los ambientalistas, existe vulneración del derecho a la participación, por lo que se debe eliminar que éstas sean por invitación, ya que deben ser abiertas. Además cuestionan que no se contemple la participación ciudadana en el diseño de los Programas de Ordenamiento.
También indicaron el caso del artículo 94, fracción III, el cual otorga la facultad a los ayuntamientos y a la Secretaría del Medio Ambiente para otorgar “a los propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas, concesiones, permisos o autorizaciones para la realización de en las áreas naturales protegidas, de conformidad al Reglamento, lo que para tal efecto establezcan actos de creación y los programas de manejo respectivos; siempre que su plan de manejo y objetivo de decreto lo permita y con objeto de propiciar el desarrollo integral de la comunidad, asegurando la protección y preservación de los ecosistemas y su biodiversidad”.
Para los ambientalistas dicho artículo permite la privatización de áreas naturales protegidas.
Esta nueva ley, “favorece los intereses de los negocios más contaminantes, tales como los: agro-exportadores, mineros, desarrolladores urbanos y empresarios del plástico, convirtiéndonos a la sociedad civil y la población en general en rehenes de sus intereses”, consideró el MCDL.
La nueva ley pone límite a la participación ciudadana y deja la posibilidad para que las áreas naturales protegidas sean propiedad privada, mientras que la impunidad ambiental prevalece, así el medio ambiente michoacano sigue en riesgo.
