Jornaleros de Michoacán entre la irregularidad, el rezago y la muerte 

Por: Esteban Patricio M.

Las manos que han engrandecido al campo michoacano son casi invisibles, ante las abrumadoras cifras que año con año son producidas por las tierras de este estado. Sin embargo, los trabajadores detrás de esos resultados están expuestos a riesgos, que van desde la irregularidad laboral, hasta la muerte.

Basta mencionar que, tan solo durante los ciclos agrícolas de 2020, Michoacán generó 97 mil millones de pesos por la comercialización de más de 100 productos del campo, de los cuales más de 40 se exportaron. Lo que colocó al estado, por onceavo año consecutivo, como el líder nacional por valor de la producción.

La exportación de aguacate, zarzamora y limón se posiciona entre las que más valor aporta a la entidad y se ha convertido en un símbolo de orgullo para los michoacanos.

Pero, detrás de estos resultados, está el trabajo de miles de personas, tanto de la propia entidad como de otros estados de la república, que hacen posible estas producciones entre arduas jornadas y condiciones hasta precarias de trabajo, que ya han puesto a la entidad en el ojo del huracán.

A pesar de que hay disposiciones internacionales que han requerido que estos trabajadores sean regularizados, el avance es poco todavía.

LA REGULARIZACIÓN PENDIENTE

Desde marzo de este año La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Gobierno de Michoacán, signaron el convenio de colaboración que implica la puesta en marcha de un operativo de inspección estratégico, sin precedente, en los centros de producción agrícola del estado, para formalizar a los más de 210 mil jornaleros que no cuentan con seguridad social y garantizar la protección a sus derechos laborales consagrados en la ley y en los compromisos internacionales.

Esta regularización se dio a partir de las disposiciones del nuevo acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, mejor conocido como TMEC, pues en este se establecen disposiciones, como la prohibición de trabajo infantil forzado y el uso de trabajo sin regularizar.

Pero a más de siete meses de que se firmó ese acuerdo, el avance es poco. Apenas esta semana se supo que el propio gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, indicó que todavía se tienen alrededor de 120 mil cortadores de aguacate y productores del campo sin seguridad social.

Aseguró que se ha solicitado a empresarios e industriales cumplir con sus responsabilidades patronales que, además, forman parte de los procedimientos y reglas del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Por lo tanto, el avance en esta regularización es mínimo, a pesar de que está en riesgo incluso la exportación de los productos, emblema del campo michoacano.

SEÑALADOS POR LA VIOLENCIA

En mayo de este año Ignacio Benjamín Campos Equihua, presidente municipal de Uruapan, declaró ante medios de comunicación que los cortadores de aguacate eran culpables de la violencia que se vive en su demarcación y en otros puntos de la región, pues afirmó “son drogadictos”.

El edil morenista afirmó que mientras haya demanda de estupefacientes seguirá la oferta, pues su municipio –uno de los más violentos de Michoacán–  ha dejado de ser un centro financiero criminal, para convertirse en una plaza en “donde hay demanda”.


Estas declaraciones se dieron en el marco de una reunión que sostuvo con integrantes de la representación local de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). 

Campos Equihua explicó que por la misma labor de los jornaleros, quienes cortan aguacates sobre árboles de hasta 15 metros de altura y en barrancas de una profundidad considerable,  “es entendible” que fumen marihuana; no obstante, luego empiezan a consumir otras sustancias.

LES CIERRAN OPCIONES

Esta semana se dió a conocer que una primaria, que era para hijos de jornaleros, fue cerrada.

Se trata de la primaria “Carlos Monsiváis”, ubicada en el municipio de Tanhuato, a ella acudían hijos de jornaleros agrícolas indígenas y fue cerrada para este ciclo escolar, esto dejó sin acceso a su derecho a la educación a los menores.

El cierre de esta escuela fue denuncaido por la colectiva feminista Mapas, la cual reporta que a dicha primaria indígena acudían regularmente alrededor de 40 menores de edad, sin embargo, bajo el argumento de que la población escolar era poca, las autoridades educativas habrían determinado su cierre.

La desigualdad educativa de las familias jornaleras podría crecer con esta acción y fue por ello que la denunciaron.

RIESGO QUE LLEGA HASTA LA MUERTE 


El pasado 19 de septiembre Activistas del Centro de Desarrollo Indígena Loyola, del Centro de Derechos Indígenas A.C.y de la Colectiva Feminista Mujeres Andando por Atonomias Sororales, denunciaron negligencia hacia un trabajador agrícola, que lo llevó hasta la muerte.

Manuel, jornalero migrante de Chiapas, falleció en Michoacán por intoxicación agrotóxica, no tuvo un acompañamiento médico y nunca se dio información clara de su estado físico, se le dijo que iba a estar bien y se iba a recuperar.

Manuel tenía 33 años y era originario de la comunidad de Sacjun San Pedro, municipio de Chilón, Chiapas, donde se dedicaba a la siembra de maíz y café; también participaba en actividades comunitarias.

Para obtener mayores ingresos económicos viajó a Michoacán a finales de junio pasado. Inició sus labores como fumigador el 1 de julio, quince días después fue ingresado de gravedad a un hospital del IMSS por un cuadro crítico de intoxicación, por lo que estuvo en terapia intensiva durante tres días.

El 20 de julio fue dado de alta y le informaron que su riñón “estaba intoxicado” y le recomendaron seguir un tratamiento de hemodiálisis hasta que se recuperara de su riñón.

El 12 de agosto, tras sufrir un paro cardíaco, reingresó al mismo hospital del IMSS.

El médico que recibió a Manuel llamó a su hermano y le dijo: “Te informo que tu hermano va a fallecer y te aviso para que no te sorprenda”. Al día siguiente falleció Manuel.


​Por ahora la exigencia de una indemnización para la familia de Manuel, prevalece. Pero mientras, dejó en evidencia las condiciones en las que llegan a trabajar estas personas.

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