La epidemia de los incumplidos

Entre las diferentes cúpulas de gobierno, en Michoacán pareciera haber una epidemia de incumplidos. Algunos dejan de lado sus propias promesas y tratos con sus gobernados y otros no se corrigen ni a “jalones de orejas” de organismos nacionales o hasta internacionales. Michoacán y sus organismos gubernamentales “quedan mal”.

LEYES OMITIDAS

El 27 de enero pasado, la legislación federal fijó un plazo de seis meses, a partir de su entrada en vigor, para que las legislaturas de cada entidad federativa adecuaran sus disposiciones normativas locales en materia de protección de datos personales a los principios y estándares de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Es decir, los gobiernos de los estados tenían que hacer modificaciones a las leyes de cada entidad, para garantizar la protección de aquella información que se relaciona con la persona de sus gobernados y que los identifica o los hace identificables, les dan identidad, los describe y precisa. Entre estos datos están la edad, domicilio, número telefónico, correo electrónico personal, patrimonio, trayectoria académica, laboral o profesional, así como número de seguridad Social y CURP, entre los principales.

De esta manera podrían evitarse o sancionarse situaciones, como la difusión de mensajes de texto que llevó a cabo el panista Marko Cortés Mendoza, el pasado mes de junio, donde mediante un supuesto mensaje de “noticias” el diputado michoacano difundía sus “acciones legislativas”; sin embargo, entre morelianos, a los que les llegaron estos mensajes, causó molestia y hasta desconfianza, por no saber cómo fue que el blanquiazul obtuvo sus números.

Pero en lugar de hacer las modificaciones legales para proteger estas situaciones, los diputados michoacanos fueron omisos, inclusive, cerca de las fechas de vencimiento del plazo, los diputados se fueron de vacaciones.

Por eso el propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), dio a conocer que hay once estados de la república que incumplieron con lo estipulado en la Ley que protege esos datos, y entre ellos está Michoacán.

La Ley General protege los datos personales que posean los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. Los estados que no cumplieron con esta obligación fueron Chihuahua, Chiapas, Nuevo León, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y la Ciudad de México.

VIVIR DE MIGRANTES, PERO MALTRÁTALOS Y ADEMÁS OMITIR “REGAÑOS” POR ESO

Es conocido el papel vital que el fenómeno migratorio tiene para Michoacán, convirtiéndose en uno de los estados que más se beneficia de remesas por la alta cantidad de sus pobladores que deciden buscar el “sueño americano”; pero en contraste, el estado es uno de los que más tortura a migrantes que pasan por él.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) detalló que Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Quintana Roo, Sonora y Veracruz, son las entidades donde más se practica la tortura y el maltrato a los migrantes.

El organismo detectó a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), que aunque hizo recomendaciones desde el 2016 a las instalaciones administradas por el Instituto Nacional de Migración (INM), la violación de los derechos de los migrantes continúa.

Los migrantes, la mayoría procedentes de Centroamérica, son víctimas de tratos indignantes, no reciben atención médica ni seguridad jurídica, lamentó la CNDH, tras señalar que un 50 por ciento está en riesgo en los centros de detención del INM.

La CNDH reconoció que hay avances para erradicar estas prácticas, pues de las 56 situaciones de riesgo de tortura o maltrato observadas en sus informes de 2016, 18 fueron totalmente atendidas y diez cuentan con avances encaminados a su atención. Pero no omitió señalar el caso de los estados donde más prevalecen las prácticas de tortura y maltrato.

Pero además se indicó que se ha incumplido con atender cinco de seis señalamientos sobre irregularidades en la Estación Migratoria ubicada en Morelia, las que a juicio del organismo constituyen factores de riesgo, en materia de tortura o maltrato.

Los temas que aún están pendientes de atender en la Estación Migratoria de Morelia, son cinco: los dormitorios carecen de camas; las comunicaciones telefónicas y las entrevistas con visitantes se realizan sin condiciones de privacidad; se carece de servicio médico; el personal de seguridad, custodia y vigilancia es insuficiente; y se carece de instalaciones para facilitar el acceso de las personas con discapacidad física.

Esta dependencia federal solo respondió que está gestionando una reubicación de sus instalaciones, a fin de poder dar cumplimiento a lo que le había señalado la CNDH.

Las omisiones para este sector contrastan con la indignación que se creó por el hallazgo, el pasado 26 de julio, de un contenedor de tráiler con 39 migrantes, de los cuales ocho ya habían fallecido, dos más murieron cuando recibían atención médica, y entre estos había 4 mexicanos, de los cuales uno procedía de Michoacán.

PERIODISTAS AMENAZADOS, UNA IRREGULARIDAD QUE CONTINÚA

Como se dio a conocer a través de este medio, el pasado 21 de julio, José Maldonado Sotelo, director de la agencia moreliana Noventa Grados recibió amenazas por su labor periodística, con la que ha señalado irregularidades en la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán.

En una misiva electrónica que llegó al periodista, se destaca que, “para el Lic. Martin Godoy y para el maestro Rodrigo González Ramírez ya resulta incómodo el tener que estar leyendo cada nota que usted publica”.

“Ni una nota más mi querido José pues de lo contrario será la última te lo aseguramos y sabes por tus investigaciones que decimos la verdad y que no estamos jugando, son muchos intereses de por medio no te metas”, era la forma en que cerraba el texto de amenaza.

Tras ello, organizaciones protectoras de los periodistas, como el Centro Internacional de Periodistas (CPJ), Reporteros sin Fronteras, Artículo 19 y otras, se han dedicado a conocer de la situación y a implementar medidas de protección.

Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya atrajo el caso y ha emitido medidas de seguridad para el periodista.

Pero en este contexto, el problema es que los amagos hacia periodistas, por parte de las instituciones encargadas de la seguridad, no son ni por cerca, una novedad.

El pasado 10 de febrero, en Lázaro Cárdenas, el Secretario de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez, agredió y amenazó a la reportera Alejandra Marina Martínez, cuando al término de la Conferencia Nacional de Gobernadores grababa un audio de las quejas de pobladoras sobre inseguridad.

La jefa de prensa de la SSP de Michoacán, Sandra Sáenz, vio a la periodista e informó al Secretario, quien, momentos después, se acercó e increpó a Alejandra Marina: “Aquí no tienes nada que hacer, vete”.

Desde 2012, Martínez ha sido víctima de diversas agresiones. La más reciente, el allanamiento a su hogar en diciembre de 2016, del que únicamente sustrajeron documentos sobre las notas políticas que cubre.

Esto último fue precisado por la Organización Articulo 19, que desde entonces había pedido “que de manera inmediata se eliminen las presiones y los discursos estigmatizantes que tienden a censurar la información en el estado de Michoacán y se inicien las investigaciones correspondientes en contra de los funcionarios que han incurrida en esta práctica”, pero claramente, con las amenazas a Sotelo, esta petición emitida, desde febrero pasado, por la organización internacional, ha sido contravenida.

EL INDEPENDIENTE INCUMPLIDO

Finalmente, no es por menos recordar que a inicios de 2016, un total de 20 colectivos que integran el Centro de Experimentación Plástica y Artística (CEPA) aprovecharon que las instalaciones de la antigua central de camiones de Morelia, que estaban abandonadas, para remodelarlas y crear un sitio artístico y cultural, donde ofrecían diferentes talleres, además de que servía como un escaparate para presentar sus trabajos.

En diciembre fueron notificados para que abandonaran el inmueble, pues ahí se construirían las nuevas oficinas administrativas del Ayuntamiento; sin embargo, el Secretario del Ayuntamiento, Jesús Ávalos Plata, se comprometió a buscarles un nuevo espacio, que hasta la fecha no existe.

El Secretario del Ayuntamiento, encabezado por el “independiente”, Alfonso Martínez Alcázar, había dicho en ese entonces que: “Lo que queremos es que cuenten con un lugar adecuado y digno, porque ustedes han visto que el lugar no cuenta con las características idóneas para que sea utilizado por los artistas, carece de agua, drenaje, electrificación y lo que queremos es dignificar el tema de la cultura”.

Pero el pasado jueves 27 de julio, Luis Emiliano Castro Rodríguez, uno de los integrantes del CEPA, acusó al Secretario del Ayuntamiento, Jesús Ávalos Platas, de no cumplir con sus promesas, pues hasta la fecha no les han asignado un nuevo espacio, en donde crear y difundir su arte.

Este señalamiento se dio después de que con sus compañeros quemaron sus pinturas frente al Ayuntamiento de Morelia, en el Centro Histórico de la capital michoacana, para protestar la falta de compromiso de las autoridades municipales, que encabeza Alfonso Martínez Alcázar, para reubicarlos.

 

Diferentes niveles de gobierno, diferentes temas, pero en todos coincide una cosa: el incumplimiento. Por lo que, incluso, se han vuelto tema a nivel nacional, por el desacato a peticiones y exigencias de ley o acuerdos con los gobernados.

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