La tortuosa relación de Michoacán y sus educadores

Hasta estos, los últimos días del 2016, en Michoacán, la relación de gobierno, sociedad y el sector de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, así como los estudiantes de las escuelas Normales, se ha mantenido en una tensión que ha crecido y que depara un 2017 con una problemática aún más concentrada.

Reformas al código penal, específicamente realizadas para contrarrestar las acciones comunes de estos grupos, así como las detenciones (que para este caso si se dan en flagrancia), de integrantes de este sector y su posterior liberación, se han convertido en los dos factores que en 2016 agudizaron las rencillas con normalistas y docentes.

Siempre no…

No una, ni dos, sino tres fueron las ocasiones en este año, en las que tras detenciones múltiples a gremios relacionados a la educación, terminaron por ser sólo un pasaje.

La primera de ellas se dio el 15 de agosto, durante bloqueos en las casetas de Ecuandureo y Tiripetio, donde se realizaban también retenciones de algunos vehículos comerciales y se amagaba con su incineración.

Tras un choque con la policía estatal, el saldo fue de 38 normalistas detenidos y un vehículo incendiado. Pero tres días después se libreó a los primeros 28. Para el 23 de agosto se dejó en libertad a otros tres y los últimos 8 obtuvieron también su liberación el 3 de octubre, tras el pago de una fianza. Durante estos lapsos se dieron más manifestaciones para exigir estas liberaciones.

El 27 de septiembre, la carretera Uruapan – Zamora se convirtió en escenario de otra de estas detenciones, esa vez fueron 49 los normalistas que habían sido detenidos por la retención de al menos ocho vehículos y el incendio de dos de ellos

A los dos días, 18 de ellos habrían sido liberados y el 01 de octubre siguiente, el resto también fueron soltados.

El episodio más reciente se dio el pasado 8 de diciembre, cuando en la tenencia Las Guacamayas, municipio de Lázaro Cárdenas, fue aprehendido el director de la Escuela Secundaria Técnica 154 de esa localidad, junto a otros seis de sus compañeros, cuando intentaba destruir las vías del tren usando un soplete.

Acusados de ataque a las vías generales de comunicación, los detenidos fueron sometidos a proceso en juzgados federales.

Pero el 16 de diciembre fueron liberados seis de los docentes, después de un episodio de mayor tensión, cuando los juzgados federales tuvieron que ser protegidos con un “blindaje” de policía estatal, ante manifestaciones de sus colegas exigiendo la liberación. Por ahora solo uno de los detenidos continúa bajo proceso.

Se debe mencionar que los dos principales motivos de reclamo, por parte de los docentes en la actualidad, son la no aplicación de la Reforma Educativa en la entidad (aunque el gobierno estatal ha insistido en el éxito de esta), así como el relamo de pagos que se han retenido a maestros.

Esta suerte de circulo vicioso, de manifestación – detención- manifestación para liberación – liberación, ha llevado a la opinión pública a dudar de la eficiencia de las instituciones de impartición de justicia en la entidad, una suspicacia que se ha alimentado por el descontento que han causado las movilizaciones docentes.
Tiene también como consecuencia una baja credibilidad de la ciudadanía en las acusaciones de excesiva represión, que han hecho tanto la CNTE como los normalistas.

“Yo no fui”

Moretones, descalabrados, cortadas, raspaduras y un sin fin de lesiones se han reportado como consecuencia de los choques entre policía y manifestantes de este sector. El inmediato y desmedido uso de la fuerza ha sido constantemente señalado.

Pero, como ya se comentó, el desacuerdo ciudadano con las acciones ha generado una indiferencia ante lo que pueden ser abusos por parte de los uniformados al momento de actuar contra los manifestantes.

Sin embargo, las propias autoridades llegan a caer en declaraciones que rayan en la ridiculez, como la emitida por el subsecretario de seguridad pública de Michoacán, Carlos Gómez Arieta, quien para deslindarse de estas consecuencias, de no muy agradables resultados, emuló al cantante sinaloense Pedro Infante, con su “yo no fui”.

“En ningún momento los golpeamos, llegamos con la fuerza pública y ellos nos empiezan a golpear con piedras y palos y nosotros simplemente empezamos a avanzar y dentro de esos sucesos la gente se cae, se pega y se raspa, así es”, declaró el subsecretario el pasado 14 de diciembre.

Ésta afirmación la hizo en el marco del despliegue de 600 elementos, por las concentraciones de maestros que se mantenían ese día en nueve puntos del Estado de Michoacán, principalmente en los municipios de Morelia, Uruapan, Zacapu y Lázaro Cárdenas.

Por si no fuera suficiente

El pasado 19 de octubre, bajo una presión ejercida por empresarios del sector de transporte de pasajeros, el Congreso del Estado aprobó la reforma al artículo 208 del Código Penal, con la que, la figura de “robo de uso” se equiparó en pena al robo.

El llamado robo de uso se refiere a la situación en la que se toma una cosa ajena sin consentimiento del dueño legítimo y quien lo hizo compruebe haberla tomado con carácter temporal y no para apropiársela o venderla.

Anteriormente, tres años de prisión, con la posibilidad del pago de una fianza, era la pena que podía aplicarse por la comisión de este delito, pero con las reformas propuestas por los legisladores priista y que terminaron por ser aprobadas, se aumentó 400 por ciento la pena.
Hasta 12 años de prisión es la pena que se puede aplicar ahora a quienes cometan esta modalidad de robo.
La medida fue celebrada inmediatamente por el líder del Conejo Coordinador Empresarial y empresario del ramo transportista, Arcadio Méndez Hurtado, pues según él, con esta nueva pena “la pensarán dos veces antes de llevarse un autobús”.

Pero se debe recordar que el propio empresario ha sido constante en quejarse de que a pesar de decenas de denuncias por este delito, no hay detenciones.

En contraparte, líderes, tanto de la CNTE como de grupos afines, hicieron acusación de una “reforma dirigida”, que es parte de una campaña de ataque legal en contra de las organizaciones que recurren a las manifestaciones en las calles para exigir sus derechos, pues se suma a la pretendida “ley anti marchas”.

2016 está en sus últimos días, las movilizaciones podrían detenerse, tanto por parte de docentes como de los estudiantes normalistas; sin embargo, el panorama de tensión con este gremio continuará, ante la continuidad en la aplicación de la Reforma educativa en la entidad y el acecho de las nuevas medidas legales. Michoacán seguirá en tensión con sus educadores.