Seguridad ‘sin gas’ y con amnesia en Michoacán

Seguridad ‘sin gas’ y con amnesia en Michoacán

Por: Esteban Patricio M.

Si algo ha hecho falta a los michoacanos en los últimos años, es seguridad y justicia. Pero la posibilidad de ambas se ve lejana, cuando los encargados de la seguridad pública carecen hasta de lo básico y las instituciones encargadas de impartir justicia muestran sus flaquezas.

LA INSEGURIDAD QUE PREVALECE

Apenas a inicios del pasado mes de octubre el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Leonel Cota Montaño, reconoció que en la zona centro del país, donde se encuentra el Estado de México, Michoacán y Jalisco, es la que registra más del 50% de la incidencia delictiva nacional.

Añadió que un hecho que incide en esta situación, es que en estas entidades no hay el mínimo de 2.8 policías por cada mil habitantes, que tiene como estándar dicha dependencia federal, lo que complica atender los problemas de inseguridad.

La situación es evidente, si se recuerda que Michoacán cerrará este 2020 con el mayor número de asesinatos de la historia reciente.

En 2019 fueron asesinadas 2 mil 49 personas, de las cuales 180 eran mujeres. Hasta octubre de 2020, en la entidad sumaban mil 916 homicidios, de los cuales 181 eran mujeres. Lo que significa que a dos meses de que concluya el año, prácticamente se ha igualado el número de muertes violentas.

Hasta hace algunos años, municipios como Apatzingán, Buenavista, Tepalatepec, Múgica, Aguililla, eran los más violentos; sin embargo, en los últimos tres años son los municipios de Morelia, Zamora, Jacona y Uruapan, las demarcaciones donde un mayor número de personas son ultimadas.

En la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la primera quincena de septiembre de 2020 se detalló que el porcentaje de habitantes de Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas, que dicen sentirse inseguros de vivir en esas ciudades creció en el último semestre.

En los tres municipios el porcentaje de habitantes que manifestaron sentirse inseguros creció entre 5% y 10%.

La situación no es diferente en muchos otros municipios del estado, donde las ejecuciones, “levantones” y robos son noticia de cada día.

SEGURIDAD “SIN GAS”

A pesar de esa necesidad evidente, en la semana que termina se evidenció la desatención que hay para este aspecto.

El pasado 11 de noviembre se dio a conocer que debido a la falta de pago a los proveedores del gobierno del estado, las patrullas de la Policía Michoacán se encuentran limitadas por escasez de combustible.

El coordinador de los Agrupamientos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, Alejandro Hernández Álvarez, reconoció la falta de pago con las empresas que surten de combustible a las patrullas y motocicletas de la corporación municipal.

Hernández Álvarez, refirió que la corporación policiaca estatal se mantiene laborando con el 60 por ciento de su capacidad, de un parque vehicular de por lo menos 400 unidades.

Aunque negó que se haya dejado de patrullar alguna zona de la entidad, sin embargo, dio a conocer que se ha dado prioridad a las zonas de mayor conflicto delincuencial y a los municipios con mayor grueso de la población.

IMPUNIDAD, EL MAYOR MAL

Recientemente se dio a conocer que en lo que va del 2020 las autoridades de Colima, Baja California, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas, estados que figuran entre los más violentos del país, solo han conseguido resolver un caso de homicidio doloso por cada 12 nuevos que se cometen, en promedio.

Estas investigaciones esclarecidas son aquellas donde las respectivas Fiscalías lograron identificar al probable responsable y lo acusan ante un juez, aunque el caso tampoco está concluido. Para ello aún falta todo un proceso y juicio.

Específicamente hablando de Colima, Michoacán, Zacatecas y Baja California se han dictado apenas 21 sentencias de homicidio doloso de enero a junio de 2020, frente a los 2 mil 496 nuevos homicidios registrados en ese territorio.

LAS FLAQUEZAS DE LA JUSTICIA

En 2010 hasta en los medios nacionales se difundió la historia de Julio Cesar Godoy Toscano, el medio hermano del entonces gobernador del estado Leonel Godoy Rangel, quien fue acusado de tener nexos con el crimen organizado.

En ese entonces Godoy Toscano no pudo ser detenido afuera de la Cámara de Diputados, burló un cerco de la Policía Federal, tomó protesta como diputado federal, obtuvo fuero y logró jurídicamente tumbar algunas órdenes de aprehensión.

Pero en 2011, un Juez de Distrito libró una nueva orden de aprehensión contra el ex diputado federal e Interpol emitió una ficha roja de búsqueda internacional.

El mandamiento judicial fue librado por el Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales con sede en Jalisco, quien determinó que había elementos para presumir que Godoy Toscano es responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

En el caso incluso se revelaron audios donde Godoy Toscano tenía comunicación con Servando Gomez, “La Tuta”.

Ahora, tras diez años de eso, el ex diputado reapareció y promovió un amparo contra las órdenes de aprehensión que puedan existir en su contra, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

La demanda de garantías fue admitida a trámite por Sandra Leticia Robledo Magaña, Jueza Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, quien concedió una suspensión provisional para que no se ejecute la orden de aprehensión o de detención que pueda estar vigente o que haya solicitado la hoy Fiscalía General de la República (FGR).

Dos de las principales preocupaciones de los michoacanos parecen no tener fecha de cumplimiento y los hechos dejan en incertidumbre sobre la posibilidad de que se den.

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