2021: Otro año de desdén para los indígenas michoacanos

2021: Otro año de desdén para los indígenas michoacanos

Por: Esteban Patricio M.

La preparación de presupuestos y leyes orgánicas para el 2021, en Michoacán, ha dejado nuevamente en evidencia la poca importancia que el gobierno da a los pueblos originarios, a pesar de ser pilar de la economía y cultura del estado.

Presupuestos que se reducen y desconocimiento a los logros, en los pueblos indigenas, demuestran más que todos los discursos dados.

LA HERENCIA EN MICHOACÁN

En Michoacán se tienen registrados más de 122 mil hablantes de la lengua indígena,
miles más son descendientes de orígenes en alguna de las culturas autóctonas.

Los grupos indígenas que habitan son principalmente Purépechas, Mazahuas y Otomíes,
además de Matlatzincas, que son descendientes de los purépechas. Según datos oficiales
en Michoacán 117 mil 221 personas hablan lengua Purépecha, nueve mil 170 el Náhuatl y
cinco mil 431 el Mazahua.

LA IMPORTANCIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

La Organización de las Naciones Unidas ha expuesto que los pueblos indígenas han
heredado y practican culturas y formas únicas de relacionarse con la gente y el medio
ambiente.

Retienen, además, rasgos sociales, culturales, económicos y políticos que son distintos de
los predominantes en las sociedades en las que viven.

Pese a sus diferencias culturales, los pueblos indígenas de todo el mundo comparten
problemas comunes a la hora de proteger sus derechos como pueblos diferentes.

Las poblaciones autóctonas han buscado durante años el reconocimiento de sus
identidades, su forma de vida y el derecho sobre sus territorios tradicionales y recursos
naturales. Pese a ello, a lo largo de la historia, sus derechos han sido siempre violados.

LOS HECHOS QUE MUESTRAN REALIDADES

Pero la realidad se ha mostrado nuevamente en los proyectos de presupuestos para el año venidero en Michoacán.

Para el 2021 se proyecta una reducción del 5.34 por ciento a los recursos de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

En el Presupuesto de Egresos del Estado para el próximo año, turnado por el Ejecutivo del Estado al Congreso local, propone un presupuesto para la Comisión por 24 millones 110 mil 433 pesos.

Pero no se trata de una situación del todo “nueva”, pues en 2017 el Gobierno Estatal determinó desaparecer la Secretaría de Pueblos Indígenas y dejarla a nivel de Comisión.

Es así como a partir de 2018 presupuestalmente fue registrada así y los recursos que venía ejerciendo se redujeron en 70% entre 2017 y 2018.

El pasado mes de agosto de 2020, Pavel Guzmán, coordinador del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), denunció que el presupuesto de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CEDPI), se ha disminuido brutalmente, pasando de 114 millones asignados en el 2014, a 25 millones destinados para este 2020”.

Para el siguiente año, la situación no mejorará, las reducciones presupuestales para este rubro, siguen.

LOGROS IGNORADOS

Pero, además, uno de los hechos que ha marcado la historia michoacana ha sido ignorado en las leyes que se prevén para 2021 en el estado.

El dictamen para la nueva Ley Orgánica Municipal de Michoacán, recién elaborado por el Congreso del Estado, omite en su articulado al Concejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán con el carácter de autoridad municipal que le ha reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Al dictamen se le dio primera lectura este miércoles 9 de diciembre y este continúa estableciendo atribuciones y responsabilidades a los ayuntamientos, omitiendo la figura del Concejo Mayor, que tiene el mismo nivel y por tanto la norma debiera establecer las mismas atribuciones y responsabilidades para éste.

Fue en mayo de 2014 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la facultad de la comunidad indígena de Cherán, Michoacán, de elegir, mediante el método de usos y costumbres, a sus autoridades municipales y que éstas puedan interponer controversias constitucionales en contra de reformas que consideren una violación a los derechos de los habitantes.

Pero en la ley que regula la relación de los municipios michoacanos entre sí y con otros entres de gobierno estatal y federal, esta parece haber sido ignorada.

Con ello, el Consejo, a diferencia de los ayuntamientos de los otros 112 municipios, queda fuera de poder signar convenios con el Ejecutivo Estatal o el Ejecutivo Federal para proyectos, procedimientos de coordinación, ejecución de programas. También queda excluido de la posibilidad de poder celebrar convenios con otras autoridades municipales.

Tampoco se prevé estructura alguna para el Concejo Mayor, ni la manera en que quedará formalizada su instalación, o procedimientos mínimos que deberá seguir para su organización, cosa que sí se establece en torno a los ayuntamientos.

Asimismo, se omite si sus integrantes deberán sesionar o no, levantar actas y dejar asentados los acuerdos que se tomen. Ni siquiera se establece que los integrantes del Consejo deberán rendir protesta al asumir el cargo.

Se trata todavía de un proyecto que podría ser reformado, pero, mientras tanto, la omisión de este ente autónomo de gobierno indigena ha dado señales de la importancia de los pueblos originarios para la actual legislatura michoacana.

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