Hasta 50 años de cárcel por feminicidio en Michoacán: diputados
Morelia; Michoacán, 11 de mayo de 2016.- En sesión ordinaria, el Pleno de la LXXIII Legislatura aprobó en primera lectura, el dictamen con proyecto de decreto por el que se pretende elevar las penas con hasta de 50 años de cárcel para castigar el delito de feminicidio.
El dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, conformada por los diputados Rosa María de la Torre, Miguel Ángel Villegas, Manuel López Meléndez y Mary Carmen Bernal Martínez, presidenta e integrantes respectivamente, destaca que luego de realizar un profundo estudio del tema, acordaron que aumentar las penas privativas de libertad, en caso de delitos graves, inhibe la conducta delictiva, además de ser una muestra clara del compromiso con la sociedad michoacana en los temas que la aquejan, como es el caso de la violencia contra las mujeres.
En ese sentido, se propone reformar el artículo 94 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Michoacán, para incrementar de 40 cuarenta a 50 años como pena máxima para delitos calificados como graves; brindándole al juzgador una ampliación en el rango para que en sentencia establezca el número años que recibirá el indiciado.
Añade, que en lo referente a la violencia contra las mujeres, organismos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, han expresado preocupación sobre el alto índice de violencia que se vive en el país, por lo que resulta indispensable adecuar el marco normativo para proteger a las mujeres de las acciones que violentan sus derechos fundamentales.
Cabe señalar, que la pena establecida en la legislación penal para este delito, es equiparable a la de homicidio calificado, es decir, de veinte a cuarenta años de prisión; en ese tenor, se considera que la violencia feminicida, conlleva manifestaciones de odio, desprecio y posesión por parte del sujeto activo, convirtiéndose en la manifestación última de una serie conductas que violentan los derechos fundamentales de las mujeres y laceran la sana convivencia social.
La iniciativa fue devuelta a la Comisión de origen, para su estudio, análisis y dictamen.
