Abogados denuncian actos de corrupción de policías ministeriales

Zitácuaro. – A pesar de que, en su cuarto informe de gobierno, Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, asegurara que en su administración no se permite la corrupción, un grupo de abogados salieron al frente para desmentir la versión y denunciar la corrupción que se vive al interior de la Fiscalía Regional de Justicia de Zitácuaro, así como en la en la policía ministerial, donde los elementos policiacos aprovechan su puesto para pedir dinero a cabio de cumplir con su trabajo.

Los litigantes solicitaron una entrevista con este medio para denunciar públicamente los casos de corrupción, que se dan por parte de los elementos de la policía ministerial, que quieren abogados “a modo”, que les sigan el juego en sus corruptelas a la hora de pedir dinero para todo; ya que, en lugar de investigar, se dedican a hacer labor de Ministerios Públicos, tratando de conciliar a las partes a cambio de dinero. “Aparentan ayudar a las víctimas, pero lo único que hacen es extorsionar a las partes involucradas, asegurándoles que las van a ayudar”, denunciaron los abogados.

Agregaron que es difícil denunciar a los ministeriales, ya que el Fiscal Regional nunca está en su oficina o de plano nunca está aquí, en Zitácuaro. Por ello, tanto los abogados como los ciudadanos víctimas de algún delito no saben a qué autoridad acudir, cuando son victimas de extorsión por parte de la Policía Ministerial.

En ese contexto, aseguraron que quien hace las veces de Fiscal, es la Directora de Carpetas de Investigación, Leticia Amezcua, quien se ha convertido en la operadora de la Fiscalía, pero sólo de parapeto, ya que nadie le hace caso, mucho menos los ministeriales que hacen de las suyas, incluso habiendo antecedentes de denuncias por las dadivas que exigen a los ciudadanos.

De acuerdo con los abogados, que dicen ya estar hartos de esta situación, es necesario que se tomen cartas en el asunto, ya que para todo piden dinero, en lugar de ponerse a trabajar e investigar los asuntos, tal y como lo exige el nuevo Sistema de Justica Penal. Son múltiples las denuncias en donde ha trascendido que también los peritos piden dinero para cumplir con su deber.

Precisaron que desde el interior de la Fiscalía y de la Policía Ministerial se inician campañas de descredito en contra de los abogados que no se prestan a las corruptelas que a diario se cometen en la dependencia, llegando al grado de decir que los abogados no hacen nada por las víctimas y que no los necesitan, ya que ellos (los ministeriales) pueden hacer el trabajo con menos cantidad de dinero.

Los juristas descubrieron que, a sus clientes, dependiendo del asunto, les piden desde 2 mil hasta 15 mil pesos, para llevar a cabo una buena investigación, “dicho de otra manera, les piden dinero para cumplir con su deber”, expresaron los entrevistados.

Insistieron en que ya es mucha la corrupción que se vive al interior de esa dependencia, pero lo grave -manifestaron-, es que no hay a donde acudir, ya que el mismo Fiscal General es parte de la corrupción, porque sabe perfectamente lo que ocurre y no toma cartas en el asunto; por el contrario, se pone a nombrar Ministerios Públicos sin conocimientos en la materia y que sólo alcanzan el puesto por influencia, tal y como sucedió recientemente con el adscrito a la agencia segunda de nombre Francisco.

Lo mismo pasa con el comandante, jefe de la Policía Ministerial, los ciudadanos afectados lo piensan dos veces antes de acudir con él, ya que siempre va a proteger a sus subordinados. Por lo tanto, los ciudadanos quedan en total indefensión y los abogados tienen que lidiar con funcionarios corruptos, protegidos desde Morelia. Finalizaron comentando los juristas.

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