Campos ha buscado a políticos que lo protejan
Zitácuaro, Mich., a 13 de enero de 2017.- Juan Carlos Campos Ponce ha buscado a políticos de la vieja guardia del PRI para que lo protejan, han tratado de cooptar a la mesa directiva o tomar el control de la misma en el Congreso del Estado, denunció el abogado Marcos Joel Vera Terrazas, tras señalar que espera que quienes tienen el juicio político actúen de manera imparcial y se sometan a la valoración de las pruebas contundentes. “Pero independientemente del resultado, se robó el dinero de los zitacuarenses”.
El abogado, que presentó denuncia en contra del ex edil ante la Mesa Directiva del Poder Legislativo, el pasado 27 de julio del año 2016, anexó pruebas en las que señala al funcionario de haber violado la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos, al beneficiar con cargos públicos a familiares, familiares de su conyugue y a terceros, dentro de su mandato como alcalde.
Al conocer Vera Terrazas la respuesta por escrito, que hizo llegar el grupo de abogados contratados por el ex alcalde Juan Carlos Campos a la Comisión del Congreso del Estado, que lleva el caso de Juicio Político, el demandante afirmó que “su respuesta es evasiva, de no pararse en responsabilidades de su acción, de haber sido el alcalde más corrupto y el haber desviado el dinero, en virtud de que le hecha la culpa al tesorero de los dineros del pueblo”.
Añadió que “es muy claro, en la ley orgánica municipal se establece que la tesorería dependerá directamente del presidente municipal. El hecho de que un funcionario administre no le da una facultad unilateral de disponer de recursos así; sin embargo, él es responsable. Con ello se demuestra la cobardía con la que quiere responsabilizar a otras personas de sus actos”.
Sostuvo además que “sí hay elementos contundentes, en virtud de que tenemos pruebas documentales públicas, que hacen prueba plena, tenemos auditorias, que a estas alturas ya deben estar terminadas o ya debe haber resultados por parte de la Auditoría Superior de Michoacán, como por la auditoria municipal. Existen documentos públicos que demuestran que en ningún momento ingresó dinero del DIF al Ayuntamiento y que es una prueba plena. Más bien él se trata de deslindar, trata de evadir una respuesta concreta”.
El juicio está dentro del término legal “y como lo establece la ley de responsabilidades patrimoniales del estado y que previo darse su auto de admisión fue analizado, por lo tanto es válido y legal. Lo que no comparto es que en un escrito se utilicen palabras ofensivas, que dejan mucho que desear”.
Explicó que hay un plazo de término de pruebas, que es hasta el 9 de enero, pero se puede ampliar por 15 días, para que finalice ese término probatorio y dar seguimiento al siguiente paso, que son alegatos y después comparecer al Congreso a generar una argumentación y de ahí se dictamina la resolución del juicio político.
“Se sienta un precedente para los futuros alcaldes y servidores públicos, ya que cualquier dependencia pública debe de administrarse bien. Los recursos son de los ciudadanos y debe entregarse rendición de cuentas”, puntualizó.
