Facultado ayuntamiento para denunciar a malos funcionarios

-Se han presentado cuatro casos de funcionarios que indebidamente solicitan dinero a las personas.

Zitácuaro, Mich. Durante los casi nueve meses de administración, se han presentado en el ayuntamiento de Zitácuaro cuatro casos de empleados que indebidamente solicitan dinero a las personas a cambio de realizarles algún trámite o hacerlo de manera más rápida. En los cuatro casos los empleados no fueron denunciados ante las autoridades correspondientes.

Esta conducta, de los empleados, se tipifica como delito, que es el cohecho, cuya definición señala: “persona que teniendo la calidad de servidor público por sí o por interpósita persona, solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquier otra dadiva, o acepte una promesa para dejar de hacer algo relacionado con sus funciones”.

Ante esta situación El Despertar entrevistó al abogado Marcos Joel Vera Terrazas, quien explicó que el ayuntamiento está facultado para denunciar a estos empleados, sin importar que las personas afectadas no hayan presentado su denuncia. “Constitucionalmente, cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho delictuoso debe hacer del conocimiento a la autoridad investigadora. En este caso, como se trata de un servidor público, el ayuntamiento propiamente puede y debe generar la vista al fiscal regional para que se investigue el posible hecho delictuoso de cohecho”.

“Puede ser el representante legal del ayuntamiento quien formule o elabore la denuncia de hechos delictuosos, considerando que lo que se tutela o el bien jurídico a tutelar, es la honestidad en la función pública”.

El abogado explicó el procedimiento que debió llevar a cabo la administración, en torno a estos cuatro casos de empleados municipales que solicitaron dinero a la población. “Se debe dar vista y que el fiscal regional realice la investigación y deslinde la responsabilidad en su momento penal, inclusive cabe también iniciar un procedimiento administrativo para inhabilitar y que estas personas en un futuro ya no puedan ser servidores públicos de ninguna dependencia”.

Vera Terrazas manifestó que los directores o funcionarios que tuvieron conocimiento de estos actos habrían incurrido en el delito de omisión. “Funcionario que tiene conocimiento de estos casos de cohecho, incurre en un delito por omisión y también puede tener responsabilidad. La omisión, es cuando la ley te faculta hacer algo y no lo haces”.

El delito de cohecho tiene una penalidad de 1 a 3 años de prisión, dependiendo la hipótesis en la cual se encuentre el servidor público.

El abogado considera como grave que esta administración se esté caracterizando por los casos de corrupción en que incurren sus empleados. “Grave del funcionario que pida dinero o una dadiva para hacer su función, en virtud de que entraron para servirle al ciudadano, más no para servirse. Eso deja mucho que desear, que realmente los directores que se tienen en algunas direcciones son jefes, más no líderes de servicio”.

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