Fiscalía General del Estado premia la corrupción

Zitácuaro. – La Fiscalía General del Estado (FGE), ha premiado y permitido la podredumbre dentro de la dependencia, colocando a funcionarios señalados de corrupción en áreas sensibles para la ciudadanía. La Fiscalía ha designado en cargos importantes a funcionarios inmiscuidos en malos manejos y con denuncias penales en su contra, a quienes lejos de separar de sus responsabilidades públicas, los han encumbrado en puestos donde se necesita capacidad para investigar los delitos.

La mayor incidencia de corrupción dentro de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, se dio bajo el mandato de Hugo Verduzco Medina, quien permitió abusos, fabricación de delitos y solicitud de “dadivas” a los ciudadanos, que vieron en esta dependencia un enemigo, más que una forma de conseguir justicia.

Tras varias denuncias penales en contra del servidor público, este fue removido de su cargo en la Fiscalía Regional de Zitácuaro, pero no separado de sus funciones; por el contrario, fue nombrado por el Fiscal General, Adrián López Solís, a principios del mes de noviembre, como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto.

Durante su estancia en la extinta Subprocuraduría Regional de esta ciudad, se dieron a conocer casos comprobados de la corrupción que imperó dentro de la dependencia, así como la falta de investigación en delitos de alto impacto; como es el asunto de los linchados en la tenencia de Crescencio Morales, el secuestro de cinco policías que presuntamente fueron “levantados” en un municipio de tierra caliente y que luego aparecieron muertos a tiros en esta ciudad, entre otros.

Pero no sólo fue la falta de capacidad para investigar y resolver delitos; ya que, una queja constante de la población, fue la “agresividad” con que los Ministerios Públicos se conducían hacía los ciudadanos que intentaban presentar una denuncia o querella por la comisión de algún delito. incluso, fue notorio el aumento de exigencias de dinero o dadivas para poder recibir una denuncia o salir a “investigarla”.

Algunos de estos casos dieron mucho de qué hablar cuando se comprobó la manera de actuar de estos fiscales, que sólo fueron cambiados de lugar para evitar la crítica pública. En septiembre del 2018, Samuel Nava Montufar, Ministerio Público que estaba a la espera de ser nombrado para desempeñar el cargo en esta ciudad, fue denunciado penalmente, luego de ser sorprendido realizando actos de corrupción que afectaban a una viuda, que había presentado una querella en contra de quien fuera socio de su finado esposo, la denuncia quedó grabada con el número de expediente 24010/UATP/ZIT/2018.

En ese entonces se documentó que el Ministerio Público y el Coordinador Regional de la Policía Michoacán, Jesús Flores, fueron denunciados por los probables delitos cometidos en contra de la mujer; ya que, de acuerdo con la afectada, fue Samuel Nava Montufar el principal responsable de intentar quitarle un vehículo de manera ilegal, aprovechando la participación del Coordinador Regional de la Policía Michoacán y elementos a su cargo.

Durante su declaración ante el fiscal en turno, la afectada expuso la manera en que los servidores públicos se habían coludido con el ex socio de su esposo, para despojarla de la camioneta que utilizaba para transportar su mercancía. Misma que pasó a ser de su propiedad, luego de finiquitar la sociedad, al darse cuenta que estaba siendo defraudada por su accionista.

Al finiquitar la sociedad, se repartieron los bienes adquiridos por ambos asociados. El pacto establecía que Arreola Tello se quedaría con un camión tipo Torton y la viuda con la camioneta doble rodada, quedando pendiente la entrega de la factura. Pero, de acuerdo con la afectada, el tiempo pasaba y el documento que demostrara la propiedad de la camioneta no era entregado por el socio de su esposo. Ante la insistencia de la mujer, José Luis Arreola le comentó que la factura la tenía la persona a la que le habían comprado el vehículo, pero este se encontraba en el vecino país del norte.

Pero le aseguró que la persona que tenía la factura es del poblado de Huanguitío, municipio de Jungapeo. Alegando que aún se le debían 10 mil pesos y era necesario cubrir el pago para que le entregaran la factura. La viuda enfatiza que, desde el año 2016, su esposo y ella tuvieron la posesión del vehículo y nunca le comentó que se debiera un resto para cubrir el pago total.

Sin embargo, el pasado 28 de agosto del 2018, cerca de las seis de la tarde, se presentaron ante ella elementos de la Policía Michoacán para informarle que su camioneta había estado involucrada en un accidente vehicular en el municipio de Juárez, manifestando que eso era imposible, ya que la camioneta no se encontraba en la entidad el día que le señalaban del percance. Ante ello el policía le dijo que en un momento llegaría su jefe para proceder a llevarse la camioneta.

Minutos después arribaron al lugar varias camionetas de la policía estatal al mando del coordinador José de Jesús Flores García (en contra de quien también pesan varias denuncias) y de manera intimidante intentó despojar del vehículo a la mujer, sin contar con una orden judicial que así lo ameritara. De hecho, dice la afectada, el jefe policiaco cayó en varias contradicciones y al no poder llevársela en ese momento se retiró del lugar.

Es así que el día 1º de septiembre, del año pasado, la camioneta venía cargada de guayaba sobre la carretera que conduce al municipio de Benito Juárez y a la altura de la comunidad de Los Zapotes fue interceptada por los elementos de la Policía Michoacán, mismos que le solicitaron al chofer los documentos del vehículo, mostrándoles la licencia y la tarjeta de circulación, sin más le dijeron que los tenía que acompañar hasta Zitácuaro.

Una vez en esta ciudad la camioneta fue encerrada en el corralón con todo y carga, dejando en libertad al chofer. Fue hasta el siguiente día que la dueña del vehículo se presentó para aclarar la situación de su camioneta y porque había sido detenida. En las grúas le informaron que estaba a resguardo de tránsito y que tenía que ver el asunto con el “Comandante Chema”.

Luego que le permitieron pasar la carga a otra camioneta, la mujer decidió ir primero a desayunar antes de visitar al “Comandante Chema”. Pero grande fue su sorpresa, cuando afuera de conocido restaurant, que se encontraba ubicado en la colonia El Moral, encontró su camioneta estacionada frente al restaurant, junto a ella se encontraba el ex socio de su marido, José Luis Arreola Tello y el Ministerio Público.

De inmediato llamó a tránsito estatal para denunciar el hecho, pero en dicha dependencia le informaron que la camioneta había sido entregada a un abogado de apellidos Nava Montufar, que iba acompañando de quien se identificó con el nombre de María Elena Valdespino Galán y Macario Solís Valdespino, mismos que llegaron con la factura para reclamar la posesión del vehículo.

Tras estos hechos, el Ministerio Público le exigió a la mujer 300 mil pesos como pago para regresarle su camioneta, toda vez que -aseguró- se trataba de gastos generados por él y su “equipo”, mismos que ascienden a 100 mil pesos y otra parte como pago de intereses generados a su “cliente”.

Derivado de esto se levantó una denuncia penal en contra de los arriba mencionados y a más de un año, la denuncia sigue sin tener avance y el Ministerio Público no fue sancionado; por el contrario, le dieron un puesto dentro de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas.

Es decir, luego de la denuncia en contra de este Ministerio Público, lo que la Fiscalía hizo, fue removerlo de la ciudad de Zitácuaro a la capital michoacana, para colocarlo en la unidad arriba mencionada, donde ya las inconformidades en su contra se hicieron notar, luego de que la ciudadanía se queja de la actitud déspota a la hora de hacer su trabajo.

De acuerdo con la información proporcionada por fuentes internas de esa dependencia, señalan que Samuel Nava ha presumido de ser allegado y protegido del Fiscal General, lo que le ha permitido abusar del cargo y tratar a los ciudadanos y compañeros de manera prepotente.

Fue gracias a una denuncia ciudadana, realizada por una muer, que se quejó de la mala actitud de este Ministerio Público, lo que permitió saber que sigue en funciones, a pesar de que la Fiscalía negó que aun estuviera ejerciendo como M.P., para tratar de protegerlo de la denuncia que existe en su contra.