Gobierno sometió a la sociedad a adquirir viviendas de alto costo

Zitácuaro, Mich.-Representa un reto para los zitacuarenses y a la vez una carga económica, el hecho de no contar con una vivienda digna o espacio para poder asentarse, conforme lo marca la ley. Este es un problema añejo y prácticamente se puede recordar que comenzó a partir de los fraccionamientos de interés social, los cuales vinieron a mitigar en cierta medida el requerimiento de una casa habitación de tipo familiar.

Lo anterior fue expuesto por el arquitecto Álvaro Martínez García, al referirse al tema de la falta de viviendas en el municipio y añadió que en su momento cubrieron esa necesidad, dado que el costo-beneficio era todavía a favor de la ciudadanía, pero en la actualidad no sucede.

Ahora quien compra una vivienda de interés social, la paga hasta en 3 o 4 veces de su valor inicial, con lo cual se queda la persona o la familia endeudada con el gobierno por un lapso de 20 a 30 años; lo que no es redituable, dada la situación precaria de las familias.

Aquí las autoridades, tantos estatales como municipales, de 20 años atrás a la fecha, han jugado un papel determinante para los asentamientos de índole irregular, dándole prioridad a los asentamientos canalizados por el gobierno del estado, subrayó Martínez García.

Esta situación ha sido aprovechada por lazos de amistad, como compadrazgos, junto con las estrategias del gobierno para hacer un gran negocio y sacar adelante los compromisos de vivienda, sometiendo así a la ciudadanía a adquirir una casa habitación demasiado cara y que a mediano y  largo plazo no cumplen con las expectativas, explicó.

Así mismo el gobierno, a nivel estatal y municipal, viene siendo el promotor principal de los asentamientos irregulares en Zitácuaro, dado que al no tener una familia zitacuarense forma de adquirir una vivienda, se compromete con el gobierno a pagarla en una periodo de hasta 30 años, dejando una economía raquítica y esclavizada.

“De tal manera que muchas familias no han podido comprar un terreno y posteriormente construirlo poco a poco. Por ello los gobiernos, comandados desde la oficina de Obras Públicas, malamente dirigida en cuanto a términos urbanísticos, es imposible que una familia que apenas tiene para construirlo vaya a tener el suficiente capital o dar la dádiva correspondiente para que sea regularizado su predio”, denunció.

“De ahí que al ver la necesidad que hay de la gente por querer hacerse de un terreno, han llegado también líderes oportunistas, mismos que se han aprovechado para adquirir predios que han estado incluso abandonados y poder hacer un asentamiento irregular. ¿Dónde están las autoridades municipales para poder normar ese tipo de asentamientos?, está bien que la gente tenga el derecho a una vivienda, pero no bajo ese esquema. Esos esquemas le corresponden a la administración municipal de tenerlos bajo un marco legal y no ser cómplice de los líderes que se aprovechan de la ignorancia y necesidad de la gente”.

“¿Dónde está el departamento de urbanismo?, ¿dónde está la ley de urbanismo, aplicada conforme a derecho y conforme a lógica? Si tú llegas al departamento de Obras Públicas: quiero que me hagan favor de regularizarme este terreno para su venta, lo primero que dicen es que no pasa, no cumple. Esto te obliga a que se genere una anarquía y obviamente el titular dice que es conforme a derecho y conforme a la norma”.

“Ahora la propuesta es aplicar la norma en todo el municipio. Se ha dicho que nada más los ricos, los que tienen influencias, en Obras Públicas a través del ayuntamiento, son los que logran regularizar sus predios y todo lo demás queda en el aire, provocando una irregularidad dentro de la mancha urbana y el municipio”.

“De tal manera que los asentamientos irregulares vienen estando respaldados por una mala administración municipal y a su vez una complicidad con la gente que los guía y que tienen un trasfondo político”, finalizó Martínez García.

 

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