Insiste Ernesto Núñez en que le ocasionó daño moral el asunto de los “moches”

Nuevamente interpuso una demanda de Amparo

Zitácuaro, Mich., a 18 de marzo de 2017.- A pesar de existir dos sentencias en diferentes instancias –la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil y confirmada en la Sala Novena del Supremo Tribunal de Justicia–, el diputado local Ernesto Núñez Aguilar insiste en sostener que la divulgación de un audio, donde se dan a conocer las prácticas que realizaba cuando era diputado federal para gestionar recursos hacia los municipios a través de proyectos, causaron daño moral a su persona por parte de la promotora cultural Verónica Loaiza.

El ahora diputado local del Partido Verde interpuso una demanda de Amparo ante las sentencias que ya emitieron la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil y que posteriormente confirmó la Sala Novena del Supremo Tribunal de Justicia. La demanda de Amparo fue remitida al H. Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito en turno.

En la demanda Núñez Aguilar asegura que la información difundida en medios de comunicación nacional le causa daño en su honor, a su moral, prestigio, fuero interno, pesar, tranquilidad, angustia, un pesar interno de haber truncado de alguna manera la evolución de su carrera política, en su proyecto de vida, en función a la obtención de cargos de representación popular.

Esta será la última oportunidad que tendrá el célebre diputado para intentar contrarrestar las sentencias que ya han emitido un juez y un magistrado. Todo esto derivado de la divulgación de un audio, donde el entonces alcalde de Zitácuaro, Juan Carlos Campos Ponce y la promotora cultural Verónica Loaiza sostienen una plática acerca del presupuesto que ejercería esta última en un festival cultural. La Secretaría de Cultura autorizó 6 millones y el diputado federal en ese momento únicamente quería ejecutar 2 millones: El resto se lo repartirían entre el ex diputado y el ex presidente municipal. Finalmente el proyecto no se llevó a cabo, por la denuncia pública que realizó la promotora cultural, pero quedó evidencia de la pretensión de los representantes populares por apropiarse el recurso.

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