La lucha contra el poder

– Ciudadanos indefensos ante la corrupción en Michoacán

Zitácuaro. – Resistir y hacer frente a la injusticia, no es una opción, sino un deber para todo ciudadano decente. Así lo han denunciado en incontables ocasiones diversos expertos y defensores de los derechos humanos, como es el caso del abogado Joel Vera Terrazas, quien ha presentado decenas de quejas y denuncias en contra de funcionarios y policías corruptos que han dañado gravemente a la sociedad. Pero, lejos de que el gobierno actúe para solucionar el problema, ha protegido y solapado estas acciones. Dejando en un estado de indefensión a los afectados, que poco o nada hacen por exigir justicia.

Como se ha comprobado a través de documentos, la impartición de justicia esta básicamente desequilibrada y, al menos la Fiscalía de Zitácuaro, está dirigida por funcionarios poco fiables, ajenos a la justicia verdadera y al bien común. Cientos de denuncias están estancadas, dando cuenta de la ineficiencia de los ministerios públicos, que actúan más a base de consignas llenas de corrupción y desprecio por los derechos humanos y donde el dinero es primordial para la impartición de justicia.

Todo esto ha derivado en denuncias penales y quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que no han prosperado y siguen paralizadas por la corrupción y protección que el sistema les da a sus empleados, aunque se presenten pruebas de su culpabilidad.

En agosto del 2018, una familia sufrió los embates de la Policía Michoacán, dirigida en ese entonces por el multi denunciado Coordinador Regional de esa corporación, José de Jesús Flores García. Con exceso de violencia los uniformados ingresaron al domicilio donde golpearon a una adolescente, así como a una menor de siete años y a su madre, la cual sufrió lesiones tan graves que la tuvieron que intervenir quirúrgicamente, quitándole una parte del intestino, debido a la brutalidad con que fue atacada.

Fue gracias a que la niña de siete años logró escabullirse entre la confusión para pedir auxilio, lo que obligó que los policías se retiraran del lugar, no sin antes esculcar toda la casa, romper muebles, robar dinero y otras pertenencias que encontraron durante su búsqueda. La madre de las menores fue abandonada en medio de una milpa, donde fue rescatada por su esposo.

Los excesos cometidos por elementos de esta corporación se multiplicaron de manera alarmante, sin que alguna autoridad interviniera para frenarlos y detener la ola de vejaciones que cometieron en contra de ciudadanos inocentes, en los que se incluyen menores de edad.

Bajo el pretexto de perseguir y detener a objetivos criminales, la policía Michoacán actúa bajo total impunidad. Agreden, siembran evidencias, inventan delitos, torturan y ultrajan a quien se pone en su camino, sin importar si son menores de edad o personas con capacidades diferentes.

Otro aberrante ultraje sucedió en febrero del 2019, fuentes internas de la Fiscalía Regional de Justicia (en esta ciudad), informaron que elementos policiacos habrían detenido a miembros de una familia, en su mayoría menores de edad con capacidades diferentes. En ese operativo, los uniformados torturaron a los menores y violaron a una adolescente de 15 años frente a sus hermanos y su padre, mientras le decían que era una “puta”. Tras la agresión, la menor perdió la razón, quedó fuera de sí.

El Ministerio Público en lugar de iniciar una carpeta de investigación en contra del mando policiaco y sus elementos, se dedicó a investigar si los menores vendían droga o pertenecían a una banda de secuestradores. Para la autoridad, desde su perspectiva personal, estos datos eran fundamentales para saber si se iniciaba una investigación de “calidad” a favor de la víctima, la cual sufrió malos tratos, revictimización y falta de atención, fue hasta que intervino el abogado Joel Vera que las autoridades le dieron seriedad al asunto.

En noviembre del 2018 una mujer tuvo que pagar 200 mil pesos para poder salir en libertad, luego de que fue torturada por espacio de más de seis horas, robada y acusada de vender droga, nunca se le comprobó el delito, pero el acoso por parte de ese policía y sus elementos continuó por varios meses.

De todos los detenidos por Flores García, la mayoría salían en libertad por falta de pruebas y luego de comprobarse que se les sembraba evidencia para poder retenerlos, sin contar las horas de tortura que sufrían en el cuartel de la Policía Michoacán, lugar favorito del Coordinador para golpear y martirizar personas.

Desde su llegada a esta zona, el Coordinador de la Policía Michoacán gozó de total impunidad. De hecho, trascendió que en la Fiscalía Regional la orden era no pasar ninguna de las denuncias que se presentaran en contra de este policía y los elementos a su cargo.

Torturas, violaciones, robos, daño en propiedad privada y abuso de autoridad, son sólo algunos de los casos documentados que este policía tiene en su contra, quien bajo el pretexto del “operativo limpieza” aprovechó para ingresar a cualquier domicilio sin contar con orden judicial que así lo ameritara. Con aproximadamente 12 policías a su cargo y a bordo de tres patrullas, el Coordinador se desplazaba por al menos cinco municipios de la región oriente, seleccionando supuestos “objetivos” criminales que le permitían “presentar trabajo” ante sus superiores.

Luego de la detención ilegal de varios ciudadanos, los hechos no podían pasar desapercibidos, menos por la cantidad de denuncias penales y quejas ante derechos humanos que existen en contra del mando policial. 15 denuncias penales y otro tanto en la CEDDH, dan prueba fehaciente de los actos cometidos en contra de la población.

De los primeros casos de los que se tuvo conocimiento, fue cuando Flores García y sus elementos irrumpieron en un domicilio particular en la comunidad de Ceibas de Trujillo, municipio de Tiquicheo. La casa estaba sola en ese momento, ya que el dueño radica en la Unión Americana. Los elementos policiacos entraron con lujo de violencia y al no encontrar nada que pudiera incriminar al dueño, se llevaron pantallas, ropa, cámaras de vigilancia y otras pertenencias que encontraron durante el supuesto cateo al inmueble.

Se presume que el Coordinador policiaco, José de Jesús Flores García, cuenta con la protección de un alto mando de esta corporación; ya que, aunque estos hechos de abuso se han dado a conocer, el policía sigue en su cargo, sin ser castigado. Sólo se le cambió de región, donde ya también concurren una serie de denuncias.

Actualmente existen decenas de quejas en la CEDH en Zitácuaro, de todas no se ha emitido una sola recomendación en contra de este policía y sus subordinados; es decir, la Comisión encargada de vigilarla protección de los derechos de los ciudadanos en el Estado, es obsoleta en todos los aspectos.

Algunas de las quejas que se han presentado en la CEDH, delegación Zitácuaro, por el abogado Joel Vera Terrazas en contra de los abusos cometidos por José de Jesús Flores García, han quedado grabadas con los siguientes números.

NÚMEROS DE QUEJA:

ZIT/62/2018; ZIT/77/2018; ZIT/370/2018; ZIT/371/2018; ZIT/411/2018; ZIT/422/2018; ZIT/426/2018; ZIT/462/2018; ZIT/463/2018; ZIT/468/2018; ZIT/489/2018; ZIT/501/2018

En ese contexto, existen también otras más en contra de elementos de la policía municipal de este municipio y de Jungapeo por diversos abusos, sumando más de una veintena de quejas e igual número de denuncias penales. De todas, como ya se dijo, no hay una sola recomendación enviada para que se tomen cartas en el asunto y se investiguen los hechos violatorios a los derechos humanos.

La lucha contra los abusos del poder que el gobierno ejerce en todas sus dependencias, afecta de manera directa a los ciudadanos que han sido víctimas, no sólo de los delincuentes, sino de una bien organizada red de funcionarios corruptos que actúan con total ilegalidad e impunidad, a la hora de “ejercer justicia”. En diversas ocasiones se ha comprobado como los Ministerios Públicos ven en cualquier caso un excelente negocio, pidiendo dinero para poder investigar los hechos delictuosos.

Los abogados honestos han tenido que lidiar en contra de un sistema lleno de injusticia, desequilibrado, con funcionarios poco fiables que muestran su incapacidad para solucionar los problemas de la población. Esto ha llevado a que también se presenten denuncias penales en contra de Ministerios Públicos y Fiscales, como es el caso del Fiscal Regional en Zitácuaro, Hugo Verduzco Medina, quien fue denunciado recientemente en “su misma casa” por delitos graves en contra de la ciudadanía.

Como era de esperarse, la querella en contra del Fiscal y algunos de sus subordinados ha tenido una infinidad de trabas para poder seguir su curso legal como lo marca la ley. El abogado que lleva el asunto se ha tenido que enfrentar a un “monstruo”, como es la Fiscalía General del Estado de Michoacán, que ha utilizado recursos públicos y humanos para tratar de callar al abogado, que por meses ha sido crítico y ha exhibido decenas de actos de corrupción, que se dan al interior de la dependencia que se supone procura justicia.

Ha sido en EL DESPERTAR donde estos actos se han dado a conocer. Incluso, salió a la luz pública como en un acto desesperado por inhabilitar en su ejercicio profesional al abogado Joel Vera, la Fiscalía le dio movimiento a una averiguación en contra del jurista, logrando vincularlo a un proceso que por la vía legal se vislumbra ya trae línea para perjudicarlo, ya que el presunto denunciante no tiene buenos antecedentes, al haber sido comparsa en actos delictuosos, por los que fue despedido de la Dirección de Seguridad Pública de Zitácuaro.

Es decir, la Fiscalía de Zitácuaro ha volcado toda su atención en un tema Civil en contra de Vera Terrazas, mientras que las decenas de denuncias en contra de su personal y de los policías acusados de tortura, robo, privación ilegal de la libertad, entre otros ilícitos, han quedado archivadas, sin que se perciba intención de investigar los hechos por los que han sido denunciados.

Pero las dependencias de gobierno que han sido denunciadas, no son sólo las de procuración de justicia, también en el sector salud concurren decenas de quejas en contra del Hospital Regional de este municipio, principalmente hacía el personal que atiende a la población.

Si bien es cierto que el sector salud pasa por una etapa de grandes necesidades, también lo es que el personal (o muchos de ellos) no tiene la sensibilidad para atender a los pacientes. Los malos tratos, la falta de atención y la ausencia de médicos son las principales quejas de los ciudadanos que han tenido la necesidad de utilizar los servicios de un hospital regional, que de segundo nivel sólo tiene el nombre.

No existe una cifra exacta de las quejas y denuncias públicas en contra de este hospital. De hecho, cuando los ciudadanos han denunciado abiertamente, personas allegadas al director o al hospital han tratado de denostar las notas periodísticas y quejas de los afectados, alegando que es mentira, aunque los acontecimientos muestren lo contrario.

Bajo este tenor, se ha logrado documentar como varios usuarios han estado al borde de la muerte al no recibir una atención médica oportuna, ya sea por falta de médicos especialistas, de personal, de equipo, de espacio o simplemente por falta de sensibilidad del personal.

El director de ese nosocomio, Rafael Beamonte, está ligado familiarmente a una alta funcionaria del gobierno del Estado, lo que le ha permitido mantenerse en el puesto sin que sea molestado. Incluso, se ha denunciado que el director llevaba a algunos pacientes a un hospital particular donde tiene injerencia. Luego de que esa denuncia se hiciera pública, al igual que sucede en otras dependencias de gobierno, no se inició una investigación y las condiciones de negligencia, malos tratos y pésima atención no cambian en el regional de Zitácuaro.

En agosto del 2018, el reportero Gabriel Gómez documentó estos casos e hizo públicas las denuncias ciudadanas, que daban cuenta de la manera en que el director del hospital regional se veía beneficiado al sacar a algunos pacientes para darles atención médica particular, terminando por cobrar grandes cuentas a los enfermos y sus familiares, que veían difícil cubrir los pagos en el hospital privado.

El asunto fue calificado como una “mafia” al interior del hospital, donde imperaba la corrupción, ya que los usuarios o enfermos terminaban por buscar ayuda médica en hospitales de otros municipios vecinos, como Tuxpan, Hidalgo, Maravatío y la misma capital michoacana.

Los casos que más se han denunciado, en cuanto a desatención médica, son los partos. No existe capacidad para atenderlos, dicen los afectados, quienes comparan al hospital de “segundo nivel” con la clínica de Tuxpan, que a diario atiende decenas de partos sin mayores problemas.

De acuerdo con el visitador regional de la CEDH en Zitácuaro, Froylan Vázquez Aragón, de enero a la fecha no se han presentado quejas formales en contra del hospital regional o sus empleados, ya que todas han sido atendidas de manera oportuna cuando se hace el llamado para que atiendan a los usuarios. Esto indica que las denuncias han sido sólo públicas, pero no se han formalizado en la dependencia regional de los derechos humanos.

Las quejas arriba señaladas son sólo algunas de las que EL DESPERTAR tiene documentos en resguardo y que fueron presentadas el año pasado, aunque faltan muchas más por documentar. En lo que va de este 2019, la CEDH en Zitácuaro ha recibido 53 quejas en contra de la Policía Michoacán y 7 en contra de la Fiscalía Regional.

En cuanto a las recomendaciones que se hayan podido emitir, el visitador regional informó que no tienen el dato preciso, ya que es directamente de Morelia donde se hacen cargo de eso; pero, entrevistado al respecto, Joel Vera informó que hasta el momento no le han informado que se haya emitido alguna recomendación en contra de los “servidores públicos”.

A pesar de las declaraciones de las autoridades que insisten en afirmar que las cosas marchan de maravilla en Estado, las dependencias gubernamentales no son bien vistas entre la opinión pública general, toda vez que son miles de personas afectadas que no ven llegar la justicia y que en muchos casos son revictimizados, al grado que tienen que dar dinero para poder ser atendidos.