Los gobiernos michoacanos, maestros y periodistas, en tensa relación

Por: Esteban Patricio M.

Durante años ha prevalecido la tensión en la relación entre los gobiernos estatales de Michoacán con los indígenas, los maestros y los periodistas, una tensión que a todas luces se ha complicado más en las últimas semanas.

Problemáticas en pagos y condiciones laborales con los maestros, los desacuerdos por las formas de gobierno y la atención a los grupos indígenas, así como la violencia que prevalece hacia el gremio periodístico dejan mal parados a los gobiernos michoacanos.

Las relaciones con estos tres grupos tuvieron hechos relevantes durante la última semana, que recrudecieron las relaciones tensas que guardan.

EL DESACUERDO CON MAESTROS Y NORMALISTAS ESCALÓ HASTA ENFRENTAMIENTOS

Aunque las dificultades en la relación entre maestros y normalistas con los gobiernos michoacanos datan de décadas atrás, esta semana tuvieron el más reciente de sus episodios lamentables.

El pasado 27 de enero maestros del subsistema de educación indígena de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), iniciaron bloqueos carreteros en diversos puntos del estado para exigir el cumplimiento de varias demandas.

La acción se inició para demandar que la designación del titular de esa área se mantenga a cargo de este sector magisterial.


Pero, además, había “un pliego petitorio que involucra una lista de al menos 16 demandas más, relacionadas con corregir irregularidades o pendientes en los procesos de escalafón y el pago de algunos adeudos atrasados”, señaló David Alonso Ramos, comisionado de Organización del sector 09 de Educación Indígena.

Ese día se inició con bloqueos carreteros en varios puntos del estado, pero había la advertencia de que se buscaría iniciar con un bloqueo de las vías de ferrocarril.

Las negociaciones con el grupo de maestros se extendieron, con intentos de tomar las vías de ferrocarril que conectan el Puerto de Lázaro Cárdenas con la capital michoacana y varios estados vecinos, sin embargo, el miércoles 2 de febrero, la situación llegó al extremo de la violencia.

Profesores afiliados a la agrupación magisterial Poder de Base hirieron a seis elementos de la Unidad de Restablecimiento del Orden Público, que pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, y a dos de la Guardia Nacional (GN), cuando agentes de ambas corporaciones replegaron a los docentes que intentaron bloquear las vías férreas en la comunidad de Caltzontzin, municipio de Uruapan.

La SSP informó que uno de sus agentes sufrió una lesión en una pierna y que se trasladó al hospital a dos elementos de la GN ante la gravedad de las heridas que los maestros les infligieron con piedras, vidrios y cohetones.


Las exigencias que prevalecían eran las de plazas automáticas para egresados de las ocho escuelas normales de Michoacán, y piden que se les paguen salarios a profesores de educación comunitaria no adscritos a la Secretaría de Educación del Estado.

El día anterior normalistas bloquearon la carretera Pátzcuaro-Morelia a la altura de Tiripetío, cruzando sobre la vía camiones que retuvieron y neumáticos en llamas, también para reclamar plazas automáticas a egresados y que no se reduzca la matrícula de escuelas formadoras de maestros, pero se retiraron cuando llegaron agentes de la SSP.

PUEBLOS INDÍGENAS, ENTRE DESATENCIÓN Y OMISIONES

La relación del gobierno michoacano con los pueblos indígenas ha tenido varios episodios complicados y recientemente les han llevado a exigir cambios en la gestión de gobierno, además de que las instancias de justicia federales han dado la razón a los pueblos originarios.


En agosto de 2021 el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) solicitó al entonces gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, que desapareciera la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Originarios y entregue directamente a autoridades comunales los fondos destinados a etnias por los tres niveles de gobierno.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el dirigente estatal del CSIM, Pável Guzmán, aseguró que este año se destinó a la citada comisión estatal un presupuesto de 24 millones de pesos, de los cuales 20 millones irán a solventar gasto corriente.

Recordó que al menos 15 comunidades administran parte de los presupuestos municipales, pero con obstáculos de ayuntamientos y autoridades estatales, por lo que se ha demostrado que tienen capacidad de administrar recursos y por ello es mejor que se les asigne directamente, en lugar de que llegue a una dependencia que poco ha hecho..

Acotó que los indígenas demandan respeto a sus territorios, que han sido saqueados por criminales, con el “aval” del exgobernador perredista Silvano Aureoles Conejo, quien hizo “muy poco” por las cuatro etnias michoacanas.

Sin embargo, la Comisión permanece y su promesa es que hace “esfuerzos para que comunidades accedan al presupuesto directo”.


Además, el pasado 31 de enero, la comunidad nahua de San Juan Huitzontla, municipio de Chinicuila, ganó un amparo contra las empresas mineras Las Encinas y ArcelorMittal, que extraen hierro de sus tierras sin haberse realizado una consulta ni el proceso judicial que exige la ley.


A más de tres años de que la localidad comenzó el proceso legal, representada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la sentencia del juicio de amparo 590/2018 reconoció la violación de los derechos de San Juan Huitzontla y declaró la suspensión de los títulos de concesión a los dos consorcios, hasta que se consulte a la comunidad.

Esta decisión fue celebrada por La Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos.

Los grupos indígenas tuvieron que recurrir hasta las instancias federales para que se les respetara este derecho, a pesar de que han sido constantes en exigir al gobierno michoacano su intervención en el tema.

LA VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS QUE PREVALECE


Con el asesinato de Roberto Toledo, colaborador de Monitor Michoacán, la tensión por la violencia cotnra el gremio periodistico se revivió. Ese día hubo versiones oficiales que inicialmente  llegaron a negar que el asesinado fuera colaborador de medios de comunicación.

Pero posteriormente la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) anunció que la investigación se realizaría bajo el “Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión”.

Sin embargo, el hecho trascendió de manera inmediata, incluso a nivel internacional y revivió el recordatorio del contexto de riesgo para esta labor en la entidad.

Basta mencionar que el estado de Michoacán es considerado uno de los más peligrosos del país para ejercer el periodismo, pues durante los últimos 14 años han sido asesinados al menos 11 comunicadores sociales en la entidad, además de otros seis de distintos municipios de la entidad que están en calidad de desaparecidos. 

En esta situación se destaca la impunidad como característica que prevalece en la gran mayoría de los casos que están a cargo de las instancias estatales de procuración de justicia.

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