Mandos de la Policía Michoacán ignoraron amenazas contra policías

 Zitácuaro. – La emboscada a elementos de la Policía Michoacán en El Aguaje, municipio de Aguililla, fue el detonante para que miembros de la corporación denunciaran la corrupción que predomina al interior de esa dependencia. También para que la población mostrara el repudio hacía el gobierno estatal por a la inseguridad que se padece en la entidad. Catorce policías muertos, 12 desaparecidos, 3 heridos con armas de fuego, 5 más con golpes contusos y varias patrullas quemadas, fue el saldo del ataque que sufrieron a manos de un grupo criminal, el pasado lunes.

La noticia se dio a conocer desde temprana hora, fotos y vídeos, así como una serie de audios daban cuenta de lo que había sucedido con los uniformados en El Aguaje. De manera casi inmediata las reacciones de indignación social no se hicieron esperar, ya que en algunos de estos audios se escucha como los elementos solicitan apoyo y nadie les responde.

Un audio más, presuntamente de otro policía, exigía que le hablaran a su Comandante Regional, que los había abandonado a su suerte. Las imágenes mostraban las camionetas de la policía ardiendo, mientras que varios cuerpos con heridas de armas estaban tirados alrededor.

Como siempre sucede, no había información precisa, clara, concisa, que pudiera advertir sobre el acontecimiento. No tardó mucho para que se comenzaran a dar números extraoficiales más exactos, 14 policías muertos, era la cifra que los uniformados de apoyo en el lugar mandaban a sus superiores. “Están todos los conocidos”, decía un policía desesperado que arribó al lugar, dando nombres de sus compañeros muertos en la emboscada.

–              “¡K8 Aguililla, Comandante K8, nos atacan blindadas!”, avisa desesperado un elemento de la michoacana. No hay respuesta.

–              “¡Wey nos tumbaron a todos wey, a todos los conocidos entre ellos está Caín wey, está Eber, está el comandante Sergio Raynell, todos wey! Hasta ahorita van 14 que hemos encontrado y entre ellos van tres heridos”, dice otro policía visiblemente afectado que llegó en apoyo. Fueron 14 reitera nuestro entrevistado, no 13 como lo aseguran las autoridades. Lo que nunca se dijo es que había 12 policías desaparecidos, los cuales se presume se los llevaron los atacantes.

La masacre causó cólera en los policías estatales, denunciando que sólo les dan dos cargadores con 30 tiros cada uno, si necesitan más “hay que comprarlos”, informó a EL DESPERTAR un mando que reprochó lo sucedido, aclarando que el apoyo por parte del gobierno estatal es prácticamente nulo. “60 balas para un enfrentamiento de esa magnitud, es nada”, expuso el mando medio.

Para los policías, esta tragedia que arrebató la vida de sus compañeros, se pudo evitar si los mandos superiores hubieran hecho caso a las amenazas que días antes habían tenido por parte del grupo que se adjudica la matanza. Los uniformados estatales manifiestan que unos cuatro días antes recibieron informes de que iban a matar a todo aquel policía que pasara por ese territorio.

De hecho, el diario nacional El Universal habla sobre dicha información, en su edición del 15 de octubre de este año, avalando lo que el mando y algunos de sus subordinados expusieron a este medio. “Los mandaron al matadero”, expresaron. Apuntan que cuando a los policías se les manda a alguna comisión siempre tiene que ir su mando inmediato, en esta ocasión de manera extraña no iba.

Entre los elementos caídos en la emboscada había tres de este municipio (Zitácuaro), otro más de Irimbo, Apatzingán, Charo y Uruapan. Los cuerpos fueron reclamados por sus familiares, algunos de ellos de muy escasos recursos los velaron de manera precaria, los ataúdes colocados sobre sillas, otros sobre tabicones. El cuerpo de un elemento de Apatzingán fue abandonado afuera del domicilio que habitaba en vida.

Luego de los acontecimientos, las autoridades estatales dieron su versión de los hechos. Explicando que los elementos habían acudido a aquella zona para apoyar un asunto civil: 41 elementos de la policía para trasladar a una madre y a su hija a la capital michoacana, que eran requeridas por un Juez para llevar a cabo una diligencia, informó el gobernador Silvano Aureoles.

Horas después vino el homenaje organizado por las autoridades, Silvano aureoles se encontró con gritos, insultos y reclamos de los familiares, que rechazaron la cortesía del reconocimiento post mortem, que se ofrecía a los policías asesinados. Sólo ocho ataúdes estuvieron presentes, los otros seis fueron llevados a sus lugares de origen.

Otros informes sostenían que, por un espacio de casi 500 metros, había casquillos de grueso calibre tirados sobre la zona. Eran -dicen los sobrevivientes- varias camionetas blindadas desde las que los atacaron.

Cartulinas en los parabrisas de las patrullas fueron colocadas con mensajes. Al respecto, el gobernador calificó el asunto como una posible maniobra para confundir, pero que ya la Fiscalía estaba investigando para saber la veracidad de los recados.

El mandatario estatal afirmó que ese municipio no ha querido firmar el convenio de colaboración, “y ahí están las consecuencias”, expuso ante los medios de comunicación. Agregando que sin convenios no hay una colaboración real, estrecha y había que andar por las orillas “o luego ni lo dejan entrar a uno”, enfatizó Silvano Aureoles.

Estas declaraciones no convencieron a los familiares de los policías, quienes finalmente sepultaron a sus muertos bajo un clima de tristeza e impotencia, ante un gobierno estatal que asegura los va a apoyar en todo. No faltó quien le recordará que existen viudas de otros elementos policiacos que también murieron en cumplimento de su deber, alas que no les han entregado las pensiones y otros beneficios.

Es por esta razón que los deudos no creen en las palabras, cuando les aseguran que los responsables serán llevados ante la justicia. Los hechos sangrientos que se han dado en Michoacán así lo demuestran. Con esta es la segunda vez en este año que se suscitan muertes violentas multitudinarias, como pasó en Uruapan, hasta la fecha no se han dado a conocer los avances de estos hechos.

En un comunicado que comenzó a circular a través de WhatsApp, se invitaba a que se hiciera un paro nacional por parte de las corporaciones policiacas. Aunque no se confirmó la veracidad de este escrito, los policías de la michoacana dicen tener conocimiento del mismo, pero no los han llamado a sumarse -aclaran-. No obstante, si lamentan la muerte de sus compañeros, sumada a la preocupación de no saber el paradero de los 12 que fueron levantados.

La situación entre policías y gobierno estatal se ha venido deteriorando desde hace meses. En varias ocasiones los uniformados se han manifestado en contra de las condiciones laborales, la última fue cuando en su informe de gobierno el mandatario declaró que los policías ganaban 32 mil pesos mensuales, esto fue desmentido por los uniformados y ocasionó que se fueran “destapando” una serie de inconformidades por parte de la los elementos policiacos.

Hoy, algunos de los familiares no quieren saber nada de los apoyos que supuestamente les van a otorgar, mientras que otros esperan el gobierno del Estado les cumpla lo prometido y los apoye, ya que algunos de estos policías dejaron niños pequeños y eran el único sostén de la familia.